Cargando...«Tal reconocimiento se suma a los señalamientos de la Relatoría de la ONU sobre la Tortura, Amnistía Internacional y otras instancias internacionales de derechos humanos, y contrasta con las destempladas y equívocas reacciones del gobierno estadunidense: la secretaria de Estado del gabinete de Barack Obama, Hillary Clinton, ha reaccionado a las revelaciones como si trabajara para el ex presidente George W. Bush, responsable principal del genocidio perpetrado en Irak»
En lo inmediato, quien debe dar el rimer paso es Barack Obama. Si en el círculo que lo rodea aún quedase un vestigio de intención renovadora, la Casa Blanca tendría que cambiar de enfoque ante la evidencia del genocidio en Irak y, en vez de condenar la difusión de los documentos que lo prueban, acusar penalmente a George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice y demás involucrados en esa barbarie. (LA JORNADA) THE WALL STREET JOURNAL.- EEUU apoyaría un criterio que obligue a los países del G-20 a tomar medidas si su superávit o déficit de cuenta corriente excede 4% de su Producto Interno Bruto, señaló un funcionario del gobierno de Barack Obama. Por ejemplo, una directriz de 4% requeriría que China, que actualmente tiene un superávit de cuenta corriente de 4,7%, adoptara políticas —incluyendo tipos de cambio, recortes presupuestarios y cambios en sus regulaciones y sus impuestos— para reducirlo. Además, China podría enfrentar dificultades con esta meta en los próximos años: el FMI proyecta que su superávit se incremente a alrededor de 8% de su PIB en 2015. México. La Jornada Wikileaks y el silencio de Obama Ayer, el viceprimer ministro británico, Lick Clegg, reconoció la necesidad de investigar los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas occidentales que invadieron, destruyeron y ocuparon Irak, y que fueron revelados dos días antes por el portal Wikileaks, el cual dio a conocer cientos de miles de informes militares que documentan masacres, asesinatos, torturas y otro sinfín de atropellos cometidos por los agresores occidentales. Tal reconocimiento se suma a los señalamientos de la Relatoría de la ONU sobre la Tortura, Amnistía Internacional y otras instancias internacionales de derechos humanos, y contrasta con las destempladas y equívocas reacciones del gobierno estadunidense: la secretaria de Estado del gabinete de Barack Obama, Hillary Clinton, ha reaccionado a las revelaciones como si trabajara para el ex presidente George W. Bush, responsable principal del genocidio perpetrado en Irak: caracterizando la difusión de los documentos militares por Wikileaks como un peligro para las vidas de estadunidenses y sus aliados y amenazando con “perseguir judicialmente a cualquier publicación que amenace nuestra seguridad o la seguridad nacional de aquellos con los que trabajamos”. Por su parte, Dave Lapan, vocero del Departamento de Defensa, dijo que la difusión de los archivos podía implicar “una amenaza para (nuestros) soldados o para los iraquíes que han colaborado con nosotros”. El actual mandatario estadunidense ha guardado hasta ahora un silencio injustificable, habida cuenta de la gravedad de las revelaciones: en efecto, los informes dados a conocer por Wikileaks obligan a ver la incursión militar estadunidense en Irak desde la perspectiva que el poder público de Washington siempre ha negado: la de un exterminio deliberado, programado y sostenido de iraquíes por varios métodos: desde el asesinato de combatientes que ya se habían rendido hasta la tortura masiva en las cárceles controladas por el Pentágono, pasando por la eliminación de sospechosos en puestos de control. Para mayor vergüenza, los papeles del Pentágono documentan la negativa a investigar los atropellos cometidos por las fuerzas propias y por sus subordinados locales, y reflejan una política de ocultamiento de información por parte de las autoridades estadunidenses e inglesas, las cuales, durante más de un lustro, habían venido sosteniendo que carecían de cifras sobre las bajas colaterales, es decir, los no combatientes muertos en el contexto de la invasión y la ocupación del infortunado país árabe. La información divulgada, sin embargo, muestra que los gobiernos de Washington y Londres poseían datos precisos que arrojan un total de más de 100 mil muertes causadas desde el inicio de la agresión bélica (2003) hasta 2009, y que más del 60 por ciento de ellas corresponden a civiles no combatientes. Ante tales evidencias, los actuales gobiernos de Washington, Londres y Madrid tendrían que emprender sendas investigaciones de los principales responsables políticos de la carnicería perpetrada en Irak por sus fuerzas militares –a las que se sumaron las de otras potencias menores e incluso las de algunos países subdesarrollados– y procurar el castigo de los culpables de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. De otra forma, se ratificará la hipocresía de las potencias occidentales en materia de respeto a la legalidad: defensoras del orden mundial y de los derechos humanos cuando los atropellos son cometidos por otros gobiernos, y encubridoras de sus propios criminales. Con esa doble moral, y por crímenes menos graves y numerosos que los que cometió el gobierno de Bush en Irak, Estados Unidos y sus aliados europeos han llevado a diversos ex gobernantes y políticos de países pequeños ante tribunales de guerra y los han ejecutado o condenado a severas penas de cárcel. Paradójicamente, tal fue el caso del propio Saddam Hussein y de buena parte de sus colaboradores. En lo inmediato, quien debe dar el primer paso es Barack Obama. Si en el círculo que lo rodea aún quedase un vestigio de intención renovadora, la Casa Blanca tendría que cambiar de enfoque ante la evidencia del genocidio en Irak y, en vez de condenar la difusión de los documentos que lo prueban, acusar penalmente a George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice y demás involucrados en esa barbarie. LA JORNADA. 25-10-2010 EEUU. The Wall Street Journal La tarea pendiente para el G-20: los desequilibrios comerciales Evan Ramstad Los logros de los ministros de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales de los países que forman el Grupo de los 20, luego de maratonianas reuniones este fin de semana, no dejaron a sus jefes, los presidentes y primeros ministros de las grandes potencias económicas del mundo, mucho para hacer cuando se reúnan en Seúl el próximo mes. Los ministros lograron significativos progresos en dos de los asuntos más espinosos que enfrentaban: redistribuir el poder entre los países avanzados y emergentes en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acordar una reducción de los desequilibrios comerciales que están en el centro de las disputas cambiarias que afectan a los mercados. En la cumbre de Seúl, que se realizará el 11 y el 12 de noviembre, se les pedirá a los líderes del G-20 que den su aval a esas decisiones y a los recientes avances en la reforma del sector financiero que han hecho otros organismos internacionales. "La agenda de los líderes será como nuestra agenda y esperamos que le den más fuerza al marco y a los acuerdos de cooperación que hemos establecido", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, luego de que culminara el sábado la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. La gran pregunta en la cumbre de Seúl, sin embargo, será si los líderes abordarán el asunto controversial que los ministros y los banqueros centrales no pudieron resolver: cómo controlar los desequilibrios comerciales. Los participantes de la reunión del fin de semana acordaron evaluar sus balances de cuenta corriente en relación a una serie de "directrices indicativas", pero decidieron dejarlas sin definir por el momento. Se le dará al FMI la responsabilidad de revisar las balanzas comerciales de los países y llamar la atención a aquellos que tengan superávits o déficits que excedan los criterios. Los ministros de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales aumentaron la credibilidad del FMI entre los países emergentes con su decisión de darles más votos y cuotas de inversión en el fondo. Los países europeos aceptaron ceder dos de sus nueve asientos en la junta directiva del FMI, que cuenta con 24 integrantes, a los países emergentes. Aun así, los ministros de algunos países con superávits de cuenta corriente son renuentes a aceptar metas específicas. El ministro de Finanzas de Canadá, Jim Flaherty, dijo que no había suficiente tiempo para que los 20 países resolvieran el asunto antes de la cumbre. "Pienso que necesitaremos poner más sustancia en esto durante un tiempo", declaró Flaherty a Dow Jones Newswires el sábado. EE.UU., que junto con Corea del Sur propuso el mecanismo de revisión de las balanzas comerciales, apoyaría un criterio que obligue a los países del G-20 a tomar medidas si su superávit o déficit de cuenta corriente excede 4% de su Producto Interno Bruto, señaló un funcionario del gobierno de Barack Obama. Se tendrían que hacer excepciones, por ejemplo, para los países que son fuertes exportadores de materias primas, agregó el funcionario. La cuenta corriente es la medición más amplia de la balanza comercial y de inversiones de un país. A los países les preocupa tener que aceptar metas específicas respecto a este indicador porque hacerlo podría afectar el valor de su moneda. Por ejemplo, una directriz de 4% requeriría que China, que actualmente tiene un superávit de cuenta corriente de 4,7%, adoptara políticas —incluyendo tipos de cambio, recortes presupuestarios y cambios en sus regulaciones y sus impuestos— para reducirlo. Además, China podría enfrentar dificultades con esta meta en los próximos años: el FMI proyecta que su superávit se incremente a alrededor de 8% de su PIB en 2015. El domingo, Geithner mantuvo conversaciones con un alto funcionario de Finanzas chino después de la reunión en Corea del Sur. Los gobiernos de EE.UU. y China informaron que Geithner y el viceprimer ministro Wang Qishan intercambiaron opiniones sobre las relaciones económicas entre los dos países en la ciudad china de Qingdao, pero no se divulgaron los detalles. Los dos funcionarios también hablaron sobre los preparativos para la cumbre de jefes de estado del G-20 del próximo mes. La cumbre de Seúl será la quinta desde que los líderes del G-20 comenzaron a reunirse inmediatamente después de la crisis económica y crediticia que comenzó en el segundo semestre de 2008. En la más reciente reunión, realizada en Toronto en junio, los líderes acordaron una serie de pasos para terminar los programas de estímulo fiscal que comenzaron durante la crisis. THE WALL STREET JOURNAL. 24-10-2010