Cargando...
Tras un litigio de más de treinta años, la Corte Suprema de Brasil ha declarado constitucional el derecho de los pueblos originarios indígenas de la Amazonia a los territorios que venían ocupando «histórica», «tradicionalmente» y «en forma permanente». Tierras muchas de las cuales habían sido usurpadas e invadidas ilegalmente por grandes terratenientes y gigantes -brasileños o extranjeros- del agronegocio, de la industria maderera o de la minería, expulsando violentamente a los indígenas de las mismas y deforestando la selva.
A las puertas del Tribunal Supremo de Brasil -siguiendo el juicio a través de grandes pantallas de televisión- se agolpaban miles de indígenas, ataviados con sus mejores adornos tribales. La expectación era máxima, estaba en juego su futuro, su derecho ancestral a ocupar sus propios territorios. De pronto, estallaron en un ensordecedor grito de alegría, de júbilo, de alivio, de emoción contenida. Brotaron las sonrisas, los abrazos y las lágrimas.
El Supremo había fallado -de manera irrevocable- a su favor, por nueve votos a favor y dos en contra. Una victoria histórica no sólo para la causa de los pueblos originarios de Brasil, sino para la causa del medio ambiente y de la conservación del incalculable valor ecológico global del Amazonas, la selva más grande del mundo y pulmón del planeta. Las tierras ocupadas por las tribus indígenas son -evidentemente- las mejor preservadas, islas ecológicas de una jungla cada vez más amenazada.
David contra Goliath es una imagen que apenas hace justicia al valor de esta victoria. Los pueblos indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones, la mayoría viviendo en pequeñas aldeas en la Amazonia), pero sus tierras suponen más del 14% del territorio brasileño, con unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se pueden sumar otras 200 que aún son analizadas por las instituciones del Estado.
Junto a otros sectores del pueblo brasileño, como los quilombolas o los jornaleros agrícolas nucleados en torno al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), los pueblos indígenas llevan décadas enfrentándose a grandes terratenientes o a gigantes monopolistas del agronegocio, la industria maderera y minera, íntimamente ligados a los intereses imperialistas y al capital extranjero, especialmente norteamericano o canadiense. Este sector de la clase dominante ha tenido en los gobiernos de Temer y especialmente de Bolsonaro «barra libre» para cometer todo tipo de tropelías contra indígenas, y para deforestar la Amazonia para ampliar sus terrenos de pastos, cultivos o actividades extractivas.
De entre sus muchos ataques a las libertades, a los derechos civiles y a las condiciones de vida del pueblo, la legislatura de Bolsonaro añade además el periodo de mayor y más acelerada deforestación de la Amazonia. En los primeros tres años de su mandato se deforestaron 34.000 Km2 de bosque tropical (un aumento del 73%), una superficie superior a la de Cataluña o un país como Bélgica, la mayor parte por incendios provocados por grandes terratenientes, por gigantes del agronegocio, de la industria maderera o de la minería.
De hecho, durante los gobiernos de Bolsonaro la demarcación de tierras indígenas, una obligación del Estado según la Constitución, estuvo suspendida. El ultraderechista justificó su negativa al reconocimiento de tierras indígenas con el argumento de que eso haría «inviable» un mayor desarrollo del sector agropecuario, uno de los principales motores económicos del país. Y los dos jueces del Supremo que han votado en contra de los indígenas y a favor de los terratenientes son justamente los nombrados por Bolsonaro.
El lobby terrateniente y monopolista del agronegocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver (a su favor) innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Pero para los indígenas, este «límite temporal» significaba legalizar una innumerable cantidad de expulsiones -muchas veces violentas- de sus territorios ancestrales ocurridos incluso antes de la Constitución, durante la dictadura militar (1964-1985).
Tras la sentencia, habrán de resolverse fórmulas legales paar que los terratenientes y colonos que hayan ocupado tierras indígenas bajo dudosa legalidad las abandonen (con indemnizaciones), o bien los pueblos originarios sean compensados con otras áreas, de extensiones equivalentes, previo acuerdo con ellos.
Esta histórica victoria del movimiento indígena ha estado apoyada y arropada por el conjunto de los movimientos populares, sindicales y políticos de la izquierda brasileña, particularmente por el gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula. Sonia Guajara, la primera ministra indígena de la historia de Brasil, dirigía hasta hace unos meses APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil, hasta que Lula le ofreció el Ministerio de de los Pueblos Indígenas.