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Grecia vivía hace unas semanas la tercera gran huelga desde que el derechista Kyriakos Mitsotakis llegó al gobierno. Su nueva reforma laboral lleva los ataques a los trabajadores a un nuevo nivel: amplia la jornada laboral, permitiendo a las empresas imponer un sexto día de trabajo y poner horarios «a la carta» para la empresa; y endurece las leyes antihuelga, poniendo trabas a las protestas de los trabajadores contra un mercado laboral ya de por sí escasamente regulado, y en el que muchos temen perder su empleo.
Grecia nunca ha dejado de ser ese país de enormes y enérgicas movilizaciones sociales, políticas y sindicales que hizo temblar a la troika en 2016, pero ahora las protestas se han revigorizado con el gobierno conservador de Mitsotakis y sus políticas antipopulares.
En marzo de este año, el país vivió una masiva Huelga General -la mayor en ocho años- convocada contra los nuevos decretos de recortes y ajustes presupuestarios, que están causando el acelerado deterioro de los servicios públicos. Una nueva política austericida y de desinversión pública a la que muchos griegos responsabilizan de la tragedia ferroviaria de Tempe, que causó 57 muertos la noche del 28 de febrero. En julio, el gobierno derechista volvió a la carga, aprobando una ley que permite trabajar después de los 74 años, es decir siete años más allá de la edad de jubilación.
Ahora, el gobierno Mitsotakis ha aprobado una reforma laboral marcadamente antiobrera, que permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para «adaptarlos a las necesidades de producción». Las empresas de varios sectores podrán obligar a sus empleados a trabajar seis días a la semana, un día extra por el que los trabajadores recibirán un 40% adicional sobre el salario diario. Y además, la reforma introduce contratos para «empleados de guardia» que prácticamente no tendrán un horario fijo, sino que trabajarán cuando su empleador lo requiera, siempre y cuando sean notificados al menos 24 horas antes.
Un horario laboral a la carta de las empresas, que además legaliza lo que ya es tristemente una «práctica común» en Grecia, la economía sumergida, los horarios maratonianos y la laminación de los derechos de los trabajadores ante el temor a perder su empleo. Además, la ley endurece las restricciones contra el derecho de huelga y criminaliza y endurece las penas contra los piquetes.
«Con esta ley se elimina lo último que quedaba de derechos laborales en el país y se legalizan los seis días de trabajo, son medidas muy peligrosas», señala Dimitris Govas, un manifestante que trabaja en una librería. «¡Que retiren ya la nueva ley antilaboral que suprime la jornada de cinco días y de ocho horas, legislando el derecho de los empresarios a aprovecharse de los trabajadores durante el tiempo que quieran!», señala en su llamamiento la Federación de Asociaciones de Médicos Hospitalarios de Grecia (OENGE). «El Gobierno avanza hacia la plena desregulación de derechos laborales fundamentales, como la jornada de cinco días y las ocho horas «en beneficio de los grandes intereses empresariales», ha denunciado Syriza.
El paro de 24 horas del 21 de septiembre fue convocado por ADEDI, el sindicato de de los funcionarios, se han sumado los trabajadores del transporte marítimo y urbano, así como el personal sanitario de los hospitales, docentes y profesores. También anunciaron su huelga los controladores aéreos, pero los tribunales les obligaron a desconvocar el paro de 24 horas.
Atenas amaneció sin metro ni trolebuses, mientras que los barcos permanecieron amarrados en los puertos en todo el país. Por la tarde, masivas marchas se reunieron para protestar en la céntrica Plaza de Syntagma, frente al Parlamento griego. Miles de personas protestaron también en Salónica, la segunda ciudad de Grecia, así como también en Patras, Larisa y otras ciudades del país.