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El informe «La Universidad Española en Cifras. Año 2016 y curso académico 2016/2017» es contundente: los rectores de 76 universidades españolas denuncian que España se ha convertido en el país de la UE con los precios más caros y el segundo de la OCDE que más ha reducido el gasto por estudiante.
«Todo tiene un límite y corremos el riesgo de que el barco se quede en mitad del océano por falta de energía». Así se manifestó Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lleida y presidente de CRUE. La infrafinanciación de la enseñanza superior en España se ha convertido en un verdadero lastre que hipoteca nuestro futuro. En plena crisis muchos países europeos han aumentado el presupuesto universitario por estudiante hasta un 6%, mientras que España en el mismo periodo lo redujo en un 11%, manteniendo un nivel de financiación 1600 millones de euros menor que en 2008.
Los datos muestran un recorte del 13% de los fondos destinados a becas (-127’6 millones de euros) y que la dotación per cápita haya caído en un 18,7% (-608 millones) desde 2012 a 2017. Según el propio Fernández el sistema de becas y ayudas al estudio es “exiguo y excluyente, no contribuye a la mejora de la equidad y el progreso social”. Las consecuencias a medio y largo plazo están por determinar pero no son esperanzadoras. “El corolario de la reforma lo podemos establecer en los siguientes términos: más becarios, mayor empobrecimiento del becario y menor progresividad en la asignación de las dotaciones presupuestarias”, añadió el presidente de CRUE.
Según otro informe anterior, “¿Quién financia la Universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015”, realizado por el Observatorio del Sistema Universitario de la Universidad Complutense, España ha sufrido una completa inflexión en la financiación universitaria: actualmente muy por debajo del resto de países de la OCDE y de la Unión Europea en cuanto a gasto por estudiante; en concreto, un 13,1% en el primer caso y un 16.8% en el segundo. En 2009 nos encontrábamos por encima de la media de ambas instituciones.
La desigualdad territorial
El informe de CRUE alerta sobre la diferenciación territorial, recogido en otros estudios de la Universidad Complutense o el informe PISA: existe una variación de hasta un 260% en los precios universitarios medios por estudiante desde los más caros, 2.123 euros en Cataluña, a los 833 en Galicia, los más bajos.
Se señala que España la tasa media de becados es del 30%, por debajo de la Unión Europea. Pero las diferencias son sustanciales y valoran como muy positivo “la modificación más relevante y social” que la Junta de Andalucía bonifica el 99% de los precios de los créditos aprobados en primera matrícula, con un coste de 37’8 millones de euros, aplicado a 92.000 alumnos. Y ha calculado que esta medida aplicada a toda España supondría solo unos 488 millones.
Incluso el sindicato CSIF, advertía a principios de año (2018) que algunas comunidades han reducido tanto el gasto público que el presupuesto no da ni para cubrir los gastos de personal universitario, como en el caso de Castilla-La Mancha con García Page, en un caso “disparatado” y recordando que el presupuesto universitario depende en 94’6 por ciento de la inversión autonómica. CSIF denuncia también que el mantenimiento continuado de estos recortes ha afectado también al empleo en las universidades, registrando una pérdida de 7.108 trabajadores (-7%) entre personal docente e investigador y personal de administración y servicios entre los cursos 2008/09 y 2016/17.
Previsiones pesimistas. No nos resignemos!
El esfuerzo enorme de nuestros profesionales mantiene a España a la cabeza de investigación contra el cáncer, SIDA, desarrollo de tecnologías de energías renovables o arquitectura sismorresistente o desarrollo sostenible. Pero CSIF alertaba además de que “los continuos recortes desde hace años a la educación superior y a la I+D presentan patrones agravantes y nos ponen en riesgo de cronificar la fuga de cerebros, desmantelar punteros equipos de investigación y perder una década vital para el progreso, la competitividad y la sociedad del conocimiento”.
El esfuerzo para las familias que anhelan que sus hijos se formen en la enseñanza superior se ha convertido en una losa para estas familias, con unas rentas degradadas desde 2010, que están suponiendo una verdadera selección económica en el acceso a la educación. ¿Cuantos Einsteins o Marie Curies pueden acabar trabajando como camareros o exiliados?
Frente a la visión dominantemente extendida desde la sociedad capitalista, de que el beneficio de la enseñanza superior es individual para el alumno, debemos recuperar la posición de defensa de una educación pública, científica, de calidad, y al servicio del pueblo. Un motor de desarrollo que ofrezca un futuro productivo para las siguientes generaciones. Cuyo único interés sea la mejora de las condiciones de vida y una contribución al conjunto de la sociedad.