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Pedro Sánchez ha acatado las imposiciones norteamericanas y ha presentado un plan para llegar este año al 2% del PIB en gasto militar. El gobierno aumentará en 10.471 millones de euros adicionales el gasto militar, a sumar a los 22.652 millones ya destinados a Defensa y alcanzar un total de 33.123 millones, el 2% del PIB en 2025.
El plan, aprobado por el Consejo de Ministros, no pasara por el Congreso y, aunque Sánchez dice que no habrá recortes en el gasto social, el plan ya los aplica al reconducir a gastos militares partidas que deberían destinarse al gasto social.
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Las duras e implacables presiones de Estados Unidos y la OTAN han sido decisivas para que el presidente del gobierno haya decidido adelantar a este año el objetivo del 2%, abandonando su posición de alcanzar ese nivel en el 2029.
Trump ya amenazó, desde el primer día de su mandato, con imponer a España “aranceles del 100% como a los BRICS”, porque el “gasto militar de España es muy bajo”. Desde entonces, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no ha dejado de presionar a los países “que todavía no están en el 2%”. Lo hizo en su visita a Moncloa a finales de enero, y lo volvió a hacer semanas después dando por hecho que el gobierno español se había comprometido a elevar el gasto militar al 2% antes del verano. Afirmación desmentida entonces por el gobierno.
El cambio de posición de Pedro Sánchez llegaría pocos días después de la visita del ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, a Washington para reunirse con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EEUU, que en un comunicado oficial tras la reunión, reiteró la exigencia de que España alcanzara de forma inmediata el 2% del PIB en gasto militar.
Sánchez tiene un plan… de rearme
Desde la presidencia del gobierno han cuidado mucho que el plan que presentan parezca lo que no es, empezando por el título, eufemísticamente denominado: ‘Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa’, colocando la industria y la tecnología por delante para que parezca que es un plan de “industrialización y modernización de nuestro tejido productivo” y no un plan de rearme para “consolidar a España como un miembro central y fiable de la UE y de la OTAN”, como dijo el presidente en su pressentación.
Un plan que además el gobierno enviará a Bruselas para buscar la “evaluación y aprobación de la OTAN y la UE.
Como se puede ver en el recuadro de “Los 5 pilares del plan”, apenas hay referencias directas a lo militar.y concreción de en qué consiste. Pero debajo de cada pilar lo que hay son equipos, armamento o vehículos de combate. Ya se conoce que el plan va a financiar la modernización del material desfasado del ejército, como la actualización de las fragatas ‘Álvaro de Bazán’. Cuando Sánchez habla de “invertir en instrumentos de defensa y disuasión”, está hablando de la compra de misiles, del nuevo obús autopropulsado ATP, nuevos vehículos de cadenas, aviones de combate, helicópteros y dos nuevos buques para la Armada, un buque de apoyo al combate y otro hidrográfico…
Dicen desde el gobierno que el 87% de la inversión se hará en España. Pero los hechos dicen lo contrario. No se dice nada de los compromisos ya contraídos, principalmente con empresas de armas de EEUU, por valor de miles de millones para la compra de armamento. En noviembre de 2023 se publicó que España se disponía a adquirir material militar de EEUU por valor de 16.900 millones de euros. Un parte de esos contratos se está ejecutando ya. Además cada vez es mayor la penetración del capital extranjero, norteamericano sobre todo, en la industria de defensa en España. Así, la histórica Santa Bárbara, es cien por cien propiedad de General Dynamics, un gigante norteamericano de la Defensa.
La puesta en marcha de estos planes militares y los compromisos asumidos dejan claro que el nuevo nivel del gasto de defensa, el 2% (más de 33.000 millones anuales) no es un límite sino un suelo que la OTAN ya se prepara para subir al 3% o el 3,5% en la cumbre atlántica de junio en La Haya (Países Bajos).
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Los cinco pilares del Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad
- Mejora de condiciones laborales y equipamiento militar (35,45% del presupuesto), enfocado en la tropa y marinería.
- Desarrollo de telecomunicaciones y ciberseguridad (31,16%), para modernizar capacidades digitales.
- Adquisición de equipos de defensa y disuasión (18,75%), reforzando el poder militar.
- Refuerzo de capacidades duales (16,73%), permitiendo a las Fuerzas Armadas colaborar en emergencias y desastres naturales.
- Apoyo a misiones de paz internacionales (3,14%), mejorando la seguridad de los efectivos desplegados en el exterior.
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Un plan financiado con recortes sociales
En la presentación del plan, Sánchez fijó como uno de sus compromisos fundamentales que la financiación se hará “sin tocar ni un céntimo del gasto social”. Pero las tres fuentes de financiación propuestas llevan los recortes sociales incluidos.
– Reorientar partidas de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Los ahorros generados por la gestión económica del Gobierno.
– Y algunas partidas incluidas en los Presupuestos de 2023 y prorrogados en 2024 que no se han utilizado.
Se ejecutan recortes al reorientar a gastos militares partidas de los fondos europeos que deberían destinarse a gastos sociales. Cuando el dinero que no se ha ejecutado de presupuestos anteriores no se recupera para lo que fueron presupuestados, sino para financiar el rearme; por ejemplo dinero destinado a reponer el impacto de la pandemia en la sanidad. O si se utiliza militarmente el Fondo de Contingencia que debería dedicarse a afrontar catástrofes como la Dana.
Eso este año. ¿Pero cómo se financiará en 2026, 2027, 2028… cuando se hayan agotado los ahorros o ya no queden partidas no ejecutadas de los presupuestos anteriores?
Este plan de rearme acelerado, que la OTAN puede acelerar aún más a partir de junio, y que se va a prolongar por varios años se va a tener que enfrentar a las previsiones, como las del FMI que ya anuncian que la subida del gasto militar debe ir acompañada de “un plan creíble de ajuste” donde se incluyan “subidas de impuestos y recortes de gastos”. Recortes que en el caso de España podrían sumar en tres años hasta casi 50.000 millones de euros, según el FMI.
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Una ejecución antidemocrática
El gobierno enviará su plan de rearme a Bruselas para que lo aprueben la OTAN y la Comisión Europea, pero no se va a enviar al Congreso para que sea discutido y votado. Incluso se ha eludido presentarlo a los organismos donde se “confirman” los proyectos que son aprobados en Consejo de Ministros (como la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado o la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos).
Una decisión fundamental como esta, que tiene implicaciones estructurales profundas y va a marcar el rumbo del país y la vida de los ciudadanos españoles por décadas no puede aprobarse sin más por una reunión del Consejo de Ministros. No se puede saldar con una sesión parlamentaria para informar. Exige abrir un amplio proceso de debate en todos los niveles del Estado, Congreso, parlamentos autonómicos y plenos municipales.