Las propuestas del gobierno de Zapatero para un "pacto contra la crisis"

Un draconiano plan de ajuste

Zapatero sigue presentándose cada dí­a como el campeón de la protección social y anunciando la salida de la crisis. Su comportamiento forma parte de la labor de los medios para mantener lo más encubierto posible el auténtico fondo del draconiano plan de ajuste duro diseñando por la cúpula bancaria que encabeza Botí­n, y que no es otro que cargar sobre el conjunto de la población, especialmente sobre las clases trabajadoras -en activo, parados y pensionistas- los costes de la crisis. Las reformas (laboral y de pensiones) y las propuestas del gobierno de “pacto contra la crisis” no son más que la hoja de ruta de ese draconiano plan de ajuste cuyo objetivo es la reducción de un 25% de los salarios y rentas para la inmensa mayorí­a de la población y su trasvase a un puñado de banqueros y monopolistas de nuestro paí­s y de las principales potencias europeas, los dueños de la deuda.

Incentivar la rehabilitación de viviendas ¡Más ladrillo! El gobierno ha uesto como medida estrella sobre la mesa de negociaciones del “pacto contra la crisis” la rehabilitación de viviendas. Y como medida principal para incentivarla rebajar el IVA durante dos años al 8%. Según el trío de la comisión formada por los ministros Blanco, Salgado y Sebastián, con esta medida el gobierno dice que se crearan 350.000 puestos de trabajo.¿De qué estamos hablando? De nuevo, como con los puestos de trabajo del “plan E”, estamos ante otra medida de las de “pan para hoy y hambre para mañana”. No han parado de prometer que cambiarían el modelo económico basado en la construcción, pero a las primeras de cambio lo único que se les ocurre es volver a incentivar a las constructoras e inmobiliarias ahora en manos de la banca. De nuevo un plan para crear empleo precario y de baja calidad, con sueldos mínimos de 700 euros, horas extras de 6 euros y que desaparecerán en cuanto se hagan las rehabilitaciones.No invierten donde le interesa al país y a los trabajadores, sino donde le interesa a los bancos para salvar su cartera de pisos. Y todo para no tocar los intereses de la banca. ¡Más ladrillo! para mantener los planes de rescate bancario. ¡Que devuelvan el dinero del rescate bancario! ¿Qué se podría hacer con los 340.000 millones de euros puestos a disposición de la creación de riqueza y empleo? No sólo se podrían crear 4 millones y medio de empleos, sino sobre todo que se podrían crear en los sectores estratégicos que interesan al país y empleos de calidad. Invertir esos recursos en la economía productiva, en los sectores estratégicos como el de las nuevas energías, en Investigación, Desarrollo e Innovación, y en ayudas reales a las pymes.Ese sí es el camino para cambiar el modelo económico y dar una salida a la crisis favorable al país y al conjunto del pueblo trabajador, creando riqueza y empleo estable y de calidad.Recortar 50.000 millones de inversión pública ¿Y por qué no reducir el 20% los gastos del Estado? Todos los partidos que se han sentado en la mesa con la comisión del gobierno parecen estar de acuerdo el “plan de austeridad” que propone el gobierno, 50.000 millones de euros en tres añosPero para el gobierno “austeridad” significa recortes que han de salir del sueldo de los funcionarios (quieren reducir un 4% los gastos salariales totales), de las inversiones en infraestructuras, de los ajustes en las pensiones (este año no ha habido paga extra por el IPC) o del ministerio de Ciencia e Innovación que ha recortado un 15% su presupuesto para 2010.¡Claro que hay que recortar los gastos del Estado! SÍ y hasta un 20%. Pero para recortar drásticamente el despilfarro, los gastos superfluos e innecesarios y los privilegios de las castas políticas.Para nadie es un secreto el derroche de recursos públicos que hace la clase política en cada nivel: 30 millones de euros en “informes” de la Generalitat, las embajadas en el extranjero de Carod Rovira, 90 millones de euros para las fundaciones de los partidos de los presupuestos del Estado, más de 100 millones gastados en la reforma del palacete de la Junta de Andalucía… Por no hablar de los 39 millones de euros en material de oficina para los diputados y senadores, las subvenciones a las “empresas amigas”, el despilfarro en viajes, coches de lujo, dietas, derroche en sueldos millonarios de “asesores” etc. Ahorrar 36.000 millones al año Varios estudios demuestran que sin tocar los fondos verdaderamente sociales (pensiones, paro, educación, sanidad…) aplicar el recorte del 20% al despilfarro y los privilegios de la casta política y a los gastos superfluos e innecesarios se podrían ahorrar 36.000 millones de euros al año, hasta 72.000 millones si tenemos en cuenta las tres administraciones, central, autonómica y municipal. Esa es la “austeridad” que hay que aplicar pero que ninguna fuerza política de las tocan el poder se atreve a plantear, porque no están dispuestos a renunciar a sus privilegios.Cortando por ahí no sólo no habría que aplicar “austeridad” en las inversiones y sueldos de los funcionarios de base y medios, sino que habría miles de millones de recursos para mejoras sociales, mejora de la educación, la investigación o la inversión productiva. El plan anti-fraude fiscal Persecución a las pymes El Consejo de Ministros ha aprobado un plan presentado por la ministra de Economía, Elena Salgado como un “plan de prevención y corrección del fraude fiscal”. Más de 60 medidas que se concentran en tres ejes: mejora del sistema de información, coordinando Hacienda, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo; acciones de control conjuntas y actuaciones de recaudación. El objetivo recaudar 1.000 millones extra este año.¿Pero quién los va a pagar?Tal y como denuncian las asociaciones de autónomos o los mismos inspectores de Hacienda, estamos ante un plan que se va a traducir en aumentar la persecución sobre los sectores autónomos y de las pymes “buscando simplemente aumentar la recaudación”, según la UPA.La asfixia financiera impuesta por los bancos y la subida de impuestos (el IVA al 18%) decretada por el gobierno sólo puede traer el aumento de irregularidades a unos sectores que viven al límite de subsistencia y que tributan más que la gran banca y las Sociedades de Inversión (Sicav) de las grandes fortunas. Lanzar ahora los inspectores de Hacienda sobre ellos sólo puede agravar su situación y llevar al cierre a miles de autónomos y pequeñas empresas. Subir impuestos a las Sicav, la banca y los monopolios El gobierno sube los impuestos (IVA al 18%) y la persecución de hacienda sobre las pymes pero no toca el sistema fiscal de la gran banca, los grandes monopolios y las grandes fortunas. Es decir, el Estado ampara legalmente a los auténticos grandes defraudadores fiscales.¿O no es un verdadero “fraude fiscal” que las grandes fortunas tributen al 1% en sus Sicav mientras las pymes tributan entre el 25% y el 30% sobre beneficios?En los últimos cinco años las Sicav declararon más de 8.000 millones de euros de beneficios, pero sólo pagaron el 1%, 56,6 millones de euros, de impuestos. Con una fiscalidad similar a las de las pymes las Sicav habrían contribuido con 2.400 millones de euros. Las grandes empresas del Ibex35 cerraron 2009 con 42.531 millones de euros de beneficios. Sólo incrementando en 5 puntos la fiscalidad sobre ellas el Estado ingresaría más de 2.000 millones de euros.Frente a las subidas de impuestos general y la persecución de las pymes, una reforma fiscal redistributiva, con 10 niveles de impuestos sobre beneficios, que aumente los impuestos a los que más ganan y los rebaje hasta 0 a para las pymes con bajos beneficios.

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