El gobierno ha decidido finalmente blindar Telefónica de la opa hostil que ha sufrido, anunciando la compra del 10% de su accionariado. Dado que se trata de una empresa estratégica en un sector tan vital como las telecomunicaciones, que caiga en manos de Arabia Saudí ha obligado a una reacción. La práctica totalidad de los gobiernos europeos participan y controlan sus compañías de telecomunicaciones estratégicas.

El Gobierno ha anunciado que a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) adquirirá el 10% de las acciones de la compañía por un valor de unos 2.500 millones de euros. Responde así al problema generado con la adquisición de acciones por la compañía telefónica de Arabia Saudi, STC.

Durante varios meses el banco Morgan Stanley, como intermediario, acumuló el 5% de las acciones de Telefónica sin comunicarlo a nadie, trabajando para STC. Una vez suponían el paquete accionarial mayoritario en la empresa, al sumar esa compra al 4,9% que ya poseían los saudíes, se hizo público.

El Gobierno tenía la oportunidad, por el carácter estratégico de la compañía, de vetar la operación. En su lugar parece que ha optado por otro camino. Controlará el 10% del accionariado y lo pondrá al servicio de los actuales gestores (La Caixa y BBVA), permitiendo que convivan con la inversión saudí; pero sin posibilidad de éstos últimos de acceder al control del Consejo de Administración, sólo como rentistas de los beneficios de la compañía.

Telefónica ¿pública o privada?

Automáticamente la derecha ha sacado el debate de si eso es intervencionismo del Estado y si conlleva el riesgo de que se convierta en empresa pública y con ello deje de ser rentable. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó al Gobierno de «intervencionismo» por querer «ocupar» el sector privado y ha recordado que: «Hay una norma que ya existe en este país, que es la acción de oro, que permite que esa situación no se produzca y que permite protegernos, incluso con la intervención del Ministerio de Defensa», ha declarado (refiriéndose a la capacidad de bloqueo del Gobierno a la entrada de otros propietarios en una empresa estratégica).

El debate es totalmente falso. Telefónica fue Pública y rentable desde los años 30 del siglo pasado, creada como Compañía Telefónica Nacional de España. Era una compañía con beneficios cuando comenzó a ser privatizada por Felipe González, operación que culminó Aznar. No se privatizó por deficitaria, sino para que el capital bancario se quedara las ganancias que generaba. Ahora ese 10% de la SEPI dará una rentabilidad millonaria a las arcas del Estado.

Además es la norma en muchos países: Alemania mantiene el control de la propiedad con un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; el estado francés es propietario de un 13,4% en la telefónica Orange; y en Italia han aprobado comprar acciones de Telecom Italia para sumar un 20% de la propiedad.

De entrada, parece que la intervención del Gobierno ha favorecido la reducción del despido previsto en Telefónica para 5.000 trabajadores a 3.500. Aunque no debería consentirse ninguno, en una compañía como Telefónica con 4.500 millones de euros de beneficios anuales.

Pánico al debate

El miedo expresado por el incongruente discurso del PP no les sirve para responder a la pregunta de ¿Por qué oponerse a que algo sea público (o semi público) si es rentable y los beneficios servirían a financiar los presupuestos del Estado?

Evidentemente la preocupación les viene porque esta ya ha sido y es una exigencia a voces (que tendría amplio respaldo popular) en otros sectores como en de banca (todos recordamos el rescate bancario con dinero público sin nada a cambio); o con los monopolios eléctricos tras los “tarifazos” de estos meses anteriores.

Es evidente la necesidad de una Banca Pública que al competir con la privada impida prácticas de oligopolio, rebaje las hipotecas, abarate el crédito a las empresas…. y no digamos del escándalo de una eléctrica que fue pública como ENDESA y que ahora mismo controla el Estado italiano a través de ENEL. Es decir ENDESA, no se sabe porqué, no puede ser pública y española, pero puede ser pública de Italia, situación que hace que unos 900 millones anuales en beneficios vuelen a financiar los presupuestos del Estado vecino. Y por supuesto que el sector energético también es estratégico.

Políticas vendepatrias en los sucesivos gobiernos han acabado con la liquidación del patrimonio industrial público… y rentable. Así ahora asombra la recuperación apenas del 10% de una compañía.

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Las razones de fondo del blindaje de Telefónica

No ha sido la economía

Queda claro que la razón de la compra del 10% de Telefónica no responde a una línea del Gobierno para el desarrollo económico español, y que este repercuta en las arcas públicas. No está motivado por querer establecer una relación de desarrollo basado en el mutuo beneficio con los monopolios inversores, o de empresas mixtas público-privadas. Es un hecho aislado. Las razones parecen otras: Los intereses estratégicos hacen que la línea económica se supedite a las decisiones políticas.

Arabia Saudí podrá mantener una participación en la telefónica española y cobrar anualmente su parte de los beneficios, pero no optar al control ejecutivo de la compañía. Telefónica es estratégica porque es el nudo de las comunicaciones en España; pero sobre todo porque participa en la infraestructura de información y comunicaciones del ejército. La misma Margarita Robles, ministra de Defensa, ya protestó ante la perspectiva de que Telefónica pasara a manos saudíes.

El propio portal de La Moncloa, al informar sobre el decreto ley que ordena la compra de acciones de Telefónica, ya dedicó un párrafo a justificar la intervención del Estado: “Es líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa (…) está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior”.

Y en cuestiones militares en primer plano están las limitaciones que impone EEUU, tanto en territorio nacional como en las referidas “operaciones en el exterior”. Aunque Washington tiene a Arabia Saudí como socio, esta nación árabe en los últimos años va trazando unas relaciones políticas autónomas, pactando con China y estando ya como invitado en la futura ampliación de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), asociación de naciones que cuestionan la hegemonía norteamericana en las relaciones mundiales.

Basta ver el cuadro con el accionariado de Telefónica para comprender que las compras de acciones de fondos de EEUU son bienvenidas. Hasta cinco fondos de inversión estadounidenses acumulan acciones de la compañía, sumando más de lo que va a concentrar la saudí STC. No es pues por la participación extranjera en general dentro de Telefónica por lo que actúa el gobierno, sino por qué país es el protagonista; Y si en algún campo se marca la jerarquía es en el militar. Arabia no es Mr Marshall.