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«Hay razones de Estado a las que no se les puede decir que no, a pesar de que la plebe se tome demasiado en serio la molesta formalidad de someter una decisión ya tomada a referéndum y salga negativo». Algo parecido deben pensar las clase dominantes de las principales potencias europeas -sobretodo Alemania y Francia- acerca del referéndum irlandés sobre la aprobación del Tratado de Lisboa -versión abreviada de la también vapuleada Constitución europea-, que hace un año dio el triunfo al NO. «Pues hay que repetirlo, será que no lo han entendido». Conseguido: Irlanda convocará en octubre otro referéndum para decidir lo decidido: la aprobación (¿sí o sí?) del Tratado de Lisboa.
A cambio del escandaloso trágala, la UE ofrece algunas golosinas de aariencia golosa: preservar la neutralidad militar de la isla (-¿pero puede haber neutralidad sin independencia?-), la protección de los derechos laborales, la importantísima prohibición del aborto, y la promesa más concreta, contante y sonante de todas: el mantenimiento de su ventajoso régimen fiscal. Seguramente es esta última oferta la que ha terminado de convencer a sus élites políticas. Bueno, eso, y que no hay elecciones a la vista porque acaban de celebrarse. No les ha importado demasiado que la mayoría haya votado por opciones políticas que llevaban en sus programas la promesa de mantener el NO a Lisboa. Quizá sea que no lo han entendido. Veamos qué han dicho: el primer ministro irlandés, Brian Cowen, consideró que su país dispone ya de las garantías "suficientes" para un segundo referéndum y que la consulta será en otoño, seguramente “a principios de octubre”. "Creo que ahora disponemos de la base para pedir a los ciudadanos que vuelvan a pronunciarse sobre el tratado", declaró Cowen, que destacó la “solidaridad” del resto de los países europeos con Irlanda. ¿Disponemos de “una base”?. ¿“Solidaridad”? ¿Se refiere a una imposición de tamaño astronómico que obliga a repetir una decisión soberana tomada en referéndum?… Mucho debe haber pesado en los despachos de Dublín la presión –amenazante o sutil- de las cancillerías europeas, en especial de Berlín y París, las potencias que más verían reforzado su poder con el Tratado de Lisboa y que no pueden permitir bajo ningún concepto en segundo varapalo a su proyecto de Constitución. Si, quizá sí lo han entendido, el problema es… desde dónde.