Reforma Laboral 2021: nuevos avances y viejos peligros

Tras nueve meses de negociaciones, y al filo del plazo marcado por Bruselas, gobierno, sindicatos y patronal han alcanzado un acuerdo sobre la reforma laboral.

¿Cuáles son sus claves? ¿Suponen un avance o un retroceso?

Se han conseguido avances, gracias a la presión de la lucha obrera, que deben ser apoyados. Pero la “no derogación” de la reforma de 2012 mantiene algunos de sus fustes, utilizados para recortes salarios o aumentar la precariedad, amenazando con convertirlos en estructurales.

Se ha evitado que se recorten más derechos, como algunos pretendían. Pero esta no es la reforma laboral que los trabajadores y el país necesitamos, y la lucha por derogar los fustes de la reforma de 2012 sigue en pie.

.

Una “reforma” clave

La reforma laboral aprobada en 2012 creó el marco para que capital extranjero, bancos y monopolios aumentaran sus ganancias a pesar de la crisis, exprimiendo con más intensidad a los trabajadores.

Mantener la reforma laboral de 2012 o derogarla es una cuestión clave, que afecta a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría.

En torno a esta cuestión clave se han enfrentado dos fuerzas antagónicas.

Por un lado los centros de poder internacionales y nacionales que, bajo la bandera de la “necesidad de mayor flexibilidad para crear empleo”, perseguían no solo mantener el marco laboral impuesto en 2012, sino también darle una “vuelta de tuerca”. Utilizando los fondos europeos como chantaje, condicionando su llegada a la aprobación de una reforma laboral “moderada”.

Por otro, una mayoría social progresista, expresada en las múltiples luchas obreras y populares, y con una notable influencia política. Que exigía revertir los recortes salariales y el aumento de la temporalidad derogando la reforma laboral de 2012.

¿Cuál es el saldo de esta disputa? ¿Cómo se expresa en el acuerdo firmado? ¿En qué afectará a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría?

Mantener la reforma laboral de 2012 o derogarla es una cuestión clave, que afecta a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría.

.

¿Qué ganamos y qué perdemos los trabajadores?

El acuerdo firmado sí contiene aspectos positivos para los trabajadores, que se deben apoyar.

• La lucha obrera ha impuesto “líneas rojas”, evitando que se imponga “más flexibilidad laboral” o se rebaje nuevamente el coste de despido.
• La vuelta a la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa en la fijación de los salarios o el restablecimiento de la vigencia sin límites de la ultraactividad da más fuerza a la posición de los trabajadores en las próximas negociaciones.
• Los límites al abuso de la temporalidad y la subcontratación, aunque parciales, son elementos positivos en la lucha contra el aumento de la precariedad laboral.

Pero también incluye varias cuestiones especialmente nocivas para los trabajadores.

• Que no se derogue la reforma laboral de 2012 significa que los puntos que se mantienen pueden convertirse en estructurales. Desde la reducción del coste de despido a los “mecanismos de flexibilidad” que permiten a las empresas “descolgarse” de los convenios para imponer salarios más bajos o peores condiciones de trabajo.

A partir de ahora estos ya no serán puntos impuestos unilateralmente por “un gobierno de derechas”, sino que estarán, en los hechos, avalados por las principales fuerzas políticas y sociales, incluyendo a los sindicatos mayoritarios, el PSOE y Unidas Podemos. Va a utilizarse este acuerdo para que la derogación completa de la reforma de 2012, hasta ahora una exigencia en avance, quede fuera del debate político.

Si se mantienen, aunque se hayan “reformado”, los fustes vigentes desde 2012 en materia laboral, los avances conquistados, por muy positivos que sean, no podrán revertir una situación que ha permitido imponernos salarios más bajos y mayor precariedad.

Que no se derogue la reforma laboral de 2012 significa que los puntos que se mantienen pueden convertirse en estructurales. Ya no son sólo patrimonio de la derecha, sino que han sido, en los hechos, avalados por las principales fuerzas políticas y sociales, incluyendo a los sindicatos mayoritarios, el PSOE y Unidas Podemos.

Un pulso ni mucho menos cerrado

Durante los nueve meses de negociación se han multiplicado las presiones. En marzo, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE reclamaron “no desmantelar la reforma laboral de 2012”.

En los últimos días, estas presiones han sido incluso mayores. A principios de diciembre, Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, se manifestaba “a favor de la flexibilidad de la normativa laboral”. Y cuatro días antes de la firma del acuerdo, el FMI irrumpió en la negociación para endurecer las condiciones, reclamando abaratar todavía más el despido.

El gobierno, no solo el PSOE y Nadia Calviño, también Unidas Podemos y Yolanda Díaz, han acatado los límites impuestos: la no derogación de la reforma de 2012, y el mantenimiento de los reducidísimos costes de despido o de los “mecanismos de flexibilidad para las empresas”.

La última propuesta del gobierno ha sido “rebajada”, allí donde la patronal exigía: reduciendo la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa a los salarios, o recortando los límites a la subcontratación.

Hay que apoyar los puntos del acuerdo que son beneficiosos para los trabajadores. Especialmente frente a aquellos centros de poder que pretenden imponer todavía peores condiciones laborales. Pero eso no significa acatar la totalidad del acuerdo impulsado por el gobierno.

Ahora queda aprobar el texto pactado en el parlamento. No son previsibles grandes cambios. Pero algunas fuerzas ya han anunciado que votarán en contra.

El PP porque defiende todavía más recortes. Exigiendo “más flexibilidad, implantar la mochila austríaca, bajar cotizaciones o menos costes laborales”.

El PNV y Bildu porque reclaman “la desestatalización de la negociación colectiva”. Es decir, romper la unidad de los trabajadores para que primen los convenios autonómicos sobre los estatales.

Pero va a influir también la posición, habitualmente silenciada, de la mayoría social que acumula diez años de lucha contra los recortes.

Hay que apoyar los puntos del acuerdo que son beneficiosos para los trabajadores. Especialmente frente a aquellos centros de poder que han pretendido, y van a seguir intentándolo, imponer todavía peores condiciones laborales.

Pero eso no significa acatar la totalidad del acuerdo impulsado por el gobierno. La derogación de la reforma laboral de 2012 no es ya “algo cerrado”. Ni debemos acatar cuestiones tan importantes como las facilidades para el despido, que este acuerdo avala.

La lucha contra las rebajas salariales, la temporalidad o la precariedad solo ha entrado en una nueva etapa.