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La fecha estaba marcada en el calendario, y las expectativas se han cumplido. El 15 de noviembre se ha presentado la versión definitiva del “mecanismo de equidad intergeneracional” que pretende garantizar el futuro de las pensiones públicas. Es fruto del acuerdo entre el gobierno y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Y de él se ha retirado estrepitosamente la gran patronal, la CEOE. Mientras las fuerzas que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca en los recortes lo han criticado furiosamente.
Casi paralelamente, la Comisión Europea hacía público el “contrato” firmado por España para poder recibir los fondos europeos, en el que se incluía la ampliación de los años de cómputo para calcular la pensión, medida que siempre significa recortar su cuantía.
Estamos entrando en el momento decisivo de la reforma de las pensiones, en el que empiezan a tomarse decisiones que afectarán a su futuro. Y se pone de manifiesto que hay dos fuerzas cada vez más enfrentadas: una mayoría social que exige proteger y fortalecer las pensiones públicas, capaz de alcanzar avances parciales pero importantes, y poderosas fuerzas que ponen sobre la mesa la exigencia de nuevos recortes.
¿En qué consiste el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional?
Del acuerdo alcanzado en junio entre gobierno, sindicatos y patronal, que incluyó entre otras medidas la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, se orilló la concreción de los nuevos mecanismos que dieran estabilidad financiera al sistema público de pensiones. Fijando la fecha del 15 de noviembre, comprometida con Bruselas, para su aprobación definitiva.
En la reforma de 2013 se apostó por el “factor de sostenibilidad”, una fórmula que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Imponiendo que “si vives más, cobras menos”. Su aplicación hubiera supuesto un recorte de las pensiones que podía llegar hasta el 20%.
El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional apuesta por otra vía: no recortar los gastos, es decir pensiones más bajas, sino aumentar los ingresos de la Seguridad Social.
Durante diez años se elevarán 0,6 puntos las cotizaciones sociales, que financian las pensiones. Las empresas pagarán 0,5 puntos más, y el 0,1 restante deberán aportarlo los trabajadores.
Estas cotizaciones “extra” no se utilizarán para pagar las pensiones actuales. Pasarán a engrosar el Fondo de Reserva, la llamada “hucha de las pensiones”, que llegó a acumular 67.000 millones y ahora solo dispone de 2.000. Se pretende ampliarla con 41.000 millones, que podrán utilizarse a partir de 2032 si es necesario para garantizar el pago de las pensiones.
El aumento de las cotizaciones sociales supondrá una rebaja salarial, pero ésta será solo de entre 1 y 2,5 euros mensuales. Mientras que el factor de sostenibilidad de 2013 significaba un tijeretazo a las pensiones de hasta 300 euros.
¿Quién lo apoya y quién lo ataca?
La nómina de defensores y detractores define mejor que muchas explicaciones la naturaleza del acuerdo alcanzado.
Lo han firmado los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Hay que recordar que la movilización obrera, organizada en torno a los sindicatos, ha sido desde 2010 la punta de lanza de la lucha general contra los recortes.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “con este acuerdo enviamos al baúl de los recuerdos la reforma de las pensiones del PP”. Y el máximo dirigente de CCOO, Unai Sordo, resalta que el pacto alcanzado con el gobierno supone “afrontar el reto de las pensiones pasando de la lógica de los recortes a la lógica de la mejora de la estructura de ingresos”.
El acuerdo firmado entre gobierno y sindicatos es furibundamente atacado por las fuerzas que exigen recortar ya las pensiones para poder privatizarlas
En el otro lado, la gran patronal, la CEOE, ha dado un portazo, retirándose del acuerdo. Especialmente activa contra el acuerdo ha sido su vicepresidenta, Pilar González de Frutos, cabeza de Unespa, la patronal de los seguros, con enormes intereses en el negocio de las pensiones privadas.
Las fuerzas políticas de la derecha y la extrema derecha, PP y Vox, que aspiran a poder formar un “gobierno de los recortes sin complejos” se han revuelto con rabia, lanzando furiosos ataques contra el acuerdo firmado entre gobierno y sindicatos.
Y los periódicos económicos más conservadores, tradicionales portavoces de la oligarquía y el capital extranjero, editorializan su rechazo al acuerdo bajo titulares que dejan bien clara la voraz exigencia de recortes: “Urge contener el gasto en pensiones”, “Pensiones: la verdad, aunque duela”.
Los defensores de recortes más agresivos han colocado en la diana el pacto entre gobierno y sindicatos sobre las pensiones. Y lanzan, frente a los elogios que le brindaban hace muy poco, una consigna: “Escrivá dimisión”.
Los peligros que vienen
¿Significa este acuerdo que se ahuyenta definitivamente el peligro de nuevos recortes sobre las pensiones? No.
Supone un avance. Busca fortalecer la base financiera del sistema público de pensiones, sin tener que rebajar la cuantía de las jubilaciones futuras. Frente a la abusiva y falsa propaganda que busca inocular la idea de que la única forma de “hacer sostenibles las pensiones” es recortarlas, se ha demostrado que existen otros caminos posibles.
La derogación definitiva en los hechos del “factor de sostenibilidad”, una de las medidas que suponía un mayor recorte en la reforma de Rajoy, es una excelente noticia.
Son avances en la lucha por la defensa de las pensiones públicas que han sido posibles por el empuje de un movimiento de lucha, que salió a la calle el 13-N.
Cada vez está más claro que el único camino para dotar a las pensiones de una protección estructural y permanente es blindarlas en la Constitución
Pero existen riesgos, y siguen revistiendo una enorme gravedad.
La Comisión Europea acaba de publicar el Operational Agreement, el contrato firmado con España donde se fijan con precisión todas las condiciones que se deberán cumplir para poder recibir los fondos europeos.
Normalmente este tipo de acuerdos no se hacen públicos. Si Bruselas lo ha hecho no es por “transparencia”, sino para dejar claro que va a exigir la ejecución de las “reformas” -eufemismo para no decir recortes- ya acordadas.
En ese documento aparece, por escrito, finales de 2022 como plazo para la “entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
Se vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de alargar de 25 a 35 años los años de la vida laboral utilizados para calcular la cuantía de las pensiones. Una medida que podría suponer una rebaja de hasta el 15% en las futuras pensiones.
A pesar de sus aspectos positivos, el acuerdo firmado entre gobierno y sindicatos tampoco elimina totalmente la posibilidad de nuevos recortes. Establece que en 2032 deberá valorarse si los recursos del sistema público de pensiones son suficientes. Y en caso de que no sea así, se abre la posibilidad de tomar medidas que “se dirijan a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB”.
Cada vez está más claro que el único camino para dotar a las pensiones de una protección estructural y permanente, frente a quienes ejercen una poderosa presión para recortarlas y privatizarlas, es blindarlas en la Constitución.