No es verdad que estemos ante una crisis mundial que nos obligue a apretarnos el cinturón, lo que sufrimos es un saqueo de nuestras rentas y salarios en beneficio de la gran banca norteamericana, alemana y española. No es verdad que nuestro país no tenga recursos. En España hay mucha riqueza, lo único que ocurre es que está cada vez más concentrada en menos manos, mientras la mayoría nos empobrecemos.
Redistribuyendo esa riqueza, tenemos recursos más que sobrados ara crear empleo y acabar con el paro; para elevar el nivel de vida incrementando los salarios; para rebajar los impuestos que más afectan a las clases populares e invertir más y mejor en sanidad, educación y prestaciones sociales. Nuestro programa busca, en primer lugar, crear empleo para los 5 millones de parados sobre la base de que bancos, monopolios y multinacionales paguen más impuestos sobre sus multimillonarios beneficios. Y dedicar todo ese dinero a un plan público de creación de empleo productivo y de utilidad social. En segundo lugar, aumentar los salarios y las rentas, y con ello la capacidad de consumo, de la mayoría de la población sobre la base de una redistribución en la que nadie gane menos de 1.000 euros mensuales de salario o de pensión y nadie cobre por encima de 10.0000. Estas dos medidas combinadas, al aumentar el nivel de vida y la capacidad de consumo de la mayoría de la población suponen una revitalización de la demanda y la expansión del mercado interno, base desde la cual es posible impulsar el crecimiento económico, la inversión empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo. En tercer lugar, aplicando una reforma fiscal en la que pague más quien más tiene y eliminando los miles de millones que reciben de forma encubierta del Estado cada año bancos, monopolios y multinacionales, podemos rebajar los impuestos que gravan al consumo, elevar la cuantía de las pensiones mínimas y multiplicar la inversión en sanidad y educación pública. En cuarto lugar, resolver el acceso a una vivienda digna y poner fin al desahucio de decenas de miles de familias dedicando a ello el dinero utilizado en el rescate bancario y que los bancos tiene que devolver ya. En quinto lugar, hay que poner fin a la auténtica sangría nacional que supone el incremento desorbitado de los intereses que pagamos por la deuda pública, haciendo una auditoría independiente sobre ella y renegociando sus condiciones. Son miles de millones que necesitamos para atender necesidades sociales. En sexto lugar, acabar con la corrupción y los corruptos. Para un cargo público, no hay mayor delito que robar el dinero que es de todos. Y las penas tienen que ser ejemplares y estar en correspondencia con ello. Por último, para llevar adelante este programa de transformaciones es necesario profundizar y ampliar la democracia de un sistema político que silencia la voz popular y que se ha convertido en coto cerrado y endogámico de una oligarquía bipartidista que legisla al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, incumpliendo reiteradamente las promesas electorales y sin tener que responder anta nadie. Necesitamos un sistema verdaderamente democrático en el que los ciudadanos tengamos la mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que nos afectan y un control real y efectivo sobre nuestros representantes. 1.- Sí, podemos acabar con el paro si los miles de millones de beneficios que tienen cada año los bancos, monopolios y multinacionales se ponen al servicio de este objetivo mediante un nuevo impuesto de sociedades – Un nuevo impuesto de sociedades del 0 al 90% según los beneficios que se tengan de acuerdo al capital. Que bancos, monopolios y multinacionales, que ganan como media el doble de lo que ganan las pymes, paguen, de media, el doble de impuestos que ellas (el 60%). Que las grandes empresas (más de 500 trabajadores) paguen de forma efectiva y real el 30% que les exige la actual ley. Sólo con esto, las arcas de Estado recaudarían cada año 70.000 millones de euros más. – Dedicar este dinero a un plan de choque de empleo público que asegure a los 5 millones de parados un puesto de trabajo de 1.000 euros mensuales, tanto en empleos productivos generadores de nueva riqueza en empresas públicas como en trabajos de utilidad y beneficio social (ayuda a la dependencia, conservación patrimonio natural, construcción escuelas y guarderías públicas, hospitales, ambulatorios, infraestructuras necesarias,…) 2.- Sí, podemos impulsar el crecimiento económico y crear empleo mediante un redistribución de los salarios. Ningún salario por debajo de 1.000 euros, ninguno por encima de 10.000. Si los millones de españoles que hoy cobran salarios y rentas inferiores a 1.000 euros, pasaran a cobrar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales, sin aumentar además la masa salarial total que pagan las empresas, solo distribuyéndola de otra manera, el impacto calculado sobre el consumo sería la inyección de alrededor de 60.000 millones de euros, un 6% del PIB, al crecimiento del mercado interno. Superior incluso a la aportación del aumento de la demanda nacional hacía al crecimiento del PIB en los años de expansión económica (5,3%). 3.- Sí, podemos rebajar el IVA, elevar la cuantía de las pensiones mínimas y aumentar la inversión en la sanidad y la educación pública con una reforma fiscal progresiva, donde pague más quien más tiene – Un nuevo impuesto sobre la renta del 0 al 90%, acabando con la burla de las SICAV’s y demás privilegios de las grandes fortunas para tributar al 1%. Con sólo aplicar el tipo máximo actual del IRPF al 10% de la población que concentra en sus manos más del 90% de la riqueza financiera que existe en España, Hacienda recaudaría cada año alrededor de 100.000 millones de euros. A los que habría que sumar el dinero procedente de la eliminación del fraude fiscal, la persecución del dinero oculto en los paraísos fiscales y la eliminación de todas las ayudas y subvenciones encubiertas a monopolios y multinacionales. Estamos hablando fácilmente de 150.000 millones de euros que el Estado tendría de más cada año – El dinero del nuevo impuesto sobre la renta destinado a: rebajar los impuestos que gravan el consumo y afectan a los sectores sociales con menos rentas. Rebaja del IVA a un 14% y extensión del superreducido (un 4%) a todos los productos verdaderamente básicos y de primera necesidad. Subida de las pensiones mínimas hasta que todas alcancen en el plazo de 5 años los 1.000 euros mensuales, lo que supone destinar apenas un 20% de la nueva recaudación a elevar las pensiones. Ampliación de las inversiones públicas en sanidad y educación hasta equipararlas, en % del PIB, a las que disfrutan los países de la UE con niveles de renta similares al nuestro. Lo que significaría dedicar 25.000 millones más a sanidad y 19.000 a educación, un 29,3% de la nueva recaudación. 4.- Sí, podemos garantizar el acceso a una vivienda digna y evitar los desahucios sólo con que la banca devuelva el dinero del rescate bancario. – Ni un euro más a la banca. Que devuelvan el dinero del rescate. Nacionalización de los bancos y cajas que necesiten dinero del Estado para sobrevivir y creación de una banca pública a fin de facilitar el crédito en condiciones ventajosas a pymes, autónomos y familias. – Con el dinero del rescate bancario, 38.000 millones de euros, creación de un parque público de viviendas en alquiler y para venta a precios asequibles de un máximo de 100.000 euros por (sacar cuentas de a cuanto vende sus pisos el Pocero de Fuenlabrada). Que una parte de ese dinero se utilice para que el Estado se haga cargo de las familias que no pueden pagar su hipoteca, devolviendo al banco el importe exacto del capital que queda por pagar (de acuerdo al valor actualizado de la vivienda y sin pagar un euro más en intereses o comisiones), y estableciendo una nueva forma de pago adecuada a la situación de las familias amenazadas de desahucio. 5.- Sí, podemos rebajar los astronómicos intereses que pagamos por la deuda pública y dedicar ese dinero a cubrir necesidades sociales – Auditoría independiente sobre la deuda pública del Estado. Declarar como “deuda odiosa” toda aquella que haya servido para financiar a bancos, monopolios y multinacionales o haya sido concedida en términos leoninos y usurarios para la nación. Negociar su recompra por un máximo de un 30% de su valor teórico inicial, amenazando con no pagarla en caso contrario. 6.- Sí, podemos acabar con la corrupción y depurar a los corruptos – Dar al delito de corrupción, a los corruptos y a los corruptores, el máximo tratamiento penal que permite nuestro ordenamiento jurídico, el mismo tratamiento que al crimen organizado, pues de eso es de lo que se trata: tramas criminales organizadas para robar el dinero público, el dinero que es de todos. Tramas de cuya red delictiva de adjudicaciones acaban beneficiándose monopolios y grandes constructoras que las instigan, obteniendo beneficios millonarios sin que nadie las persiga ni les imponga pena alguna, cuando son los que se quedan la mayor parte del botín del atraco. Los trajes y sobornos a políticos o personajes como Correa, no son más que las migajas, el pago de los servicios prestados. 7.- Sí, podemos ampliar y profundizar la democracia, aumentando la participación, la capacidad de decisión, el control ciudadano y la transparencia en los asuntos públicos. – Nueva ley electoral. Referéndums vinculantes sobre cuestiones de especial trascendencia, como la reforma de las pensiones, para que el pueblo pueda decidir directamente y sin intermediarios sobre cuestiones que afectan al futuro de todos. Autofinanciación de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Transparencia en las cuentas públicas y mecanismos de control sobre ellas de los ciudadanos. Rendición de cuentas de los cargos públicos ante sus votantes. Referéndums revocatorios. Sí, podemos acabar con el paro y salir de la crisis en beneficio de la mayoría. Pero para conseguirlo tenemos que imponer una política de redistribución de la riqueza. La política que están siguiendo la mayoría de los países que sí están creciendo económicamente en el mundo. Y además a un ritmo vertiginoso precisamente por aplicar una política contraria a la que dicta Washington a los países que somos dependientes de sus mandatos y exigencias. Una política que es exactamente la contraria a la que aplican PSOE y PP. El ala izquierda y el ala derecha, respectivamente, del FMI y de Bruselas. Necesitamos fuerza política organizada, un amplio frente de unidad, un gobierno popular, íntegro e independiente que haga la redistribución Porque no nos enfrentamos, como quieren hacernos creer a una crisis mundial que nos obliga a apretarnos el cinturón. No estamos, como dicen, obligados a vivir una época de austeridad y recortes porque hemos vivid por encima de nuestras posibilidades. Lo que sufrimos es un auténtico saqueo hegemonista impuesto por las urgencias de la superpotencia yanqui para alimentar con una porción cada vez mayor de nuestros salarios y rentas la ingente montaña de deuda que necesitan para mantener su monstruoso aparato de dominio político-militar. Luchar hoy por un programa de redistribución de la riqueza es enfrentarse al corazón del proyecto hegemonista de saquearnos impunemente. Porque no habrá pan ni libertad, para nosotros ni para las generaciones futuras, sin conquistar la máxima autonomía y la plena independencia de Washington y Berlín.