Recortes en obras públicas: 500.000 parados más

“Las estimaciones avanzadas el pasado miércoles por la Comisión de Economí­a de la CEOE, elevan a medio millón la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de las anulaciones o retrasos de las inversiones en infraestructuras previstas para 2010 y 2011 por el Departamento que dirige el ministro José Blanco.

Las grandes constructoras agruadas en la patronal Seopan, están preparando una oleada de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectarían a más de 50.000 trabajadores, obligados por el recorte de las inversiones. Sin embargo, miembros de la Junta Directiva de CEOE matizan que Seopan sólo representa al 20 por ciento del sector de la construcción española, y no incluye ni a las pequeñas y medianas empresas, a los subcontratistas y a la industria auxiliar, por lo que el impacto real sobre el empleo del ajuste de Fomento supondrá la pérdida de unos 500.000 puestos de trabajo que se añadirán al millón de parados acumulados ya en esta actividad desde el inicio de la crisis. (EL ECONOMISTA) EL PAÍS.- La reforma de las cajas tropieza en España con una visión fragmentaria del mercado financiero, que concibe las autonomías como virreinatos económicos servidos por cajas, dominadas por las fuerzas políticas regionales, como ventanillas exclusivas donde se obtiene crédito fácil. Pero el crash financiero y la recesión exigen lo contrario. Las cajas tienen que recapitalizarse y eso no puede hacerse en el ámbito estrecho de los mercados locales, sino en la captación global de capital privado. Es un síntoma pésimo que los dirigentes políticos y sindicales no perciban con claridad que la tarea principal hoy es ajustarse a la crisis y pensar en un mercado financiero único, y no defender los nichos financieros de campanario. LA RAZÓN.- La clase política catalana se ha embarcado en un bucle melancólico del que los problemas reales de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la inseguridad– no forman parte. La verdad es que el Estatut nunca fue una demanda de la ciudadanía ni una inquietud general, sino un proyecto de los políticos para los políticos. Lo cierto es que las prioridades de la ciudadanía son otras y que su concepto de Cataluña y de España tiene poco que ver con el que expresan una parte de esos dirigentes. Los resultados del último barómetro del CIS, publicados ayer, son esclarecedores y confirman la secuencia de otros estudios de opinión. El 65,7 por ciento de los catalanes está orgulloso de ser español Empleo. El Economista Los recortes en Fomento crearán 500.000 parados más José María Triper La CEOE alerta sobre una oleada de despidos en las pymes que se suman al ERE masivo de Seopan. Blanco detallará el jueves los proyectos afectados y admite que los recortes influirán en el empleo. Éramos pocos y parió Fomento. En un país con cuatro millones de parados oficiales y con la tasa más alta de desempleo juvenil de lo países de la OCDE el recorte de las obras públicas programadas por el Ministerio de Fomento va a provocar una oleada de despidos que, unidos a los derivados del cierre de la temporada de verano en los servicios, puede colapsar la recuperación de la economía y el gasto en prestaciones. Porque las estimaciones avanzadas el pasado miércoles por la Comisión de Economía de la CEOE, elevan a medio millón la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de las anulaciones o retrasos de las inversiones en infraestructuras previstas para 2010 y 2011 por el Departamento que dirige el ministro José Blanco. El pasado 29 de junio elEconomista avanzaba que las grandes constructoras agrupadas en la patronal Seopan, estaban preparando una oleada de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectarían a más de 50.000 trabajadores, obligados por el recorte de las inversiones y como protesta por la imposición gubernamental de no adjudicar obras del Plan de Infraestructuras a las empresas que hayan presentado un ERE. Sin embargo, miembros de la Junta Directiva de CEOE matizan que Seopan sólo representa al 20 por ciento del sector de la construcción española, y no incluye ni a las pequeñas y medianas empresas, a los subcontratistas y a la industria auxiliar, por lo que el impacto real sobre el empleo del ajuste de Fomento supondrá la pérdida de unos 500.000 puestos de trabajo que se añadirán al millón de parados acumulados ya en esta actividad desde el inicio de la crisis. Apretarse el cinturón El propio titular de Fomento, José Blanco, reconocía ayer que, "como no podía ser de otra forma", el ajuste de inversión sobre la obra pública afectará al empleo. Eso sí, en una especie de excusatio non petita matizaba que "la sociedad entiende perfectamente que cuando todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, también hay que apretar el cinturón de la obra pública". Tras presidir la firma de un acuerdo para envío de remesas entre Correos y nueve operadores postales latinoamericanos, Blanco declinó avanzar los detalles del ajuste que explicará en el Congreso el próximo jueves 22 de julio. No obstante, reiteró que Fomento "priorizará las actuaciones que sean más importantes para el conjunto del país" y "tratará de impulsar los proyectos más baratos". El titular de Fomento comparecerá el próximo jueves en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para detallar el impacto que tendrá en las obras que actualmente desarrolla su Departamento el recorte de 6.400 millones de euros que sufrirá la inversión pública en infraestructuras durante la segunda mitad de este año y en todo el ejercicio de 2011 y que supone reprogramar las más de 3.000 obras públicas en marcha y paralizar otras que ya habían sido adjudicadas. Las estimaciones avanzadas por responsables del Ministerio apuntan a que el "tijeretazo" que tendrá que aplicar José Blanco obliga a suspender 70 obras ya en curso y retrasar la ejecución de otras 400. Entre las obras afectadas aparecen algunas como el segundo puente de la Bahía de Cádiz, la autovía entre Burgos y Aguilar de Campo, el AVE Madrid-Cantabria y la Circunvalación de Sevilla. Una explicación que se producirá dos meses después de que el pasado mes de mayo, y también en sede parlamentaria, el propio Blanco avanzara este recorte, el mayor de todos los ministerios como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para reducir el déficit público. El ministro anticipó entonces que las actuaciones de ejecución tanto en carreteras como en ferrocarriles iban a sufrir un retraso medio de, al menos, un año. Duro golpe Hasta el pasado mes de abril, las inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento discurrían con un cierta normalidad, y presentaban un balance de ejecución del 13,8 por ciento sobre el total de los créditos finales aprobados para el año 2010 y que se elevaban a 8.566 millones de euros. Algo mayor era el retraso en el Ministerio de Medio Ambiente, con unas obligaciones reconocidas del 6,4 por ciento respecto al presupuesto total del ejercicio que se cifraba en 1.732 millones de euros. Sin embargo, el paquete de medidas de ajuste aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 12 de mayo ha supuesto un duro golpe para las expectativas del sector, acrecentadas en el mes de marzo con la propuesta gubernamental de un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), dotado con un presupuesto global de 17.000 millones de euros, de los que 11.000 millones correspondía a obra nueva y los 6.000 millones restantes a conservación. EL ECONOMISTA. 17-7-2010 Editorial. El País La mejor opción El Banco de España ha tomado la mejor decisión al aprobar la venta de la caja andaluza Cajasur, quebrada bajo la dirección del cabildo eclesiástico cordobés, a la caja vizcaína BBK. Hay sobradas razones que explican esta adjudicación, desde la evidente fortaleza de la caja vizcaína -es la más solvente de España- hasta el mínimo coste esperado de la reflotación de Cajasur -apenas 400 millones de euros- respecto al de la crisis de Caja Castilla La Mancha, 10 veces más costosa para el erario público. Además, es una ventaja el que la BBK vaya a inaugurar con Cajasur la fórmula de colocar los activos financieros de una caja en un banco, separándolos de las funciones de representación institucional y obra social, tal como lo permite la nueva Ley de Cajas. En términos de racionalidad, la adjudicación de Cajasur resuelve un problema grave para el sistema financiero y demuestra que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) puede aplicarse con éxito. Esa racionalidad no ha sido óbice para que se desate una virulenta reacción de las fuerzas políticas autonómicas, que va desde el tibio acatamiento de la Junta de Andalucía hasta los pronunciamientos de aldea que han protagonizado el Partido Andalucista (PA) -se ha declarado "insumiso" a la decisión del Banco de España-, o los sindicatos CC OO y UGT de Andalucía, que se han descolgado pidiendo al Gobierno que intervenga para "corregir" la decisión del FROB. Tales posiciones demuestran que la reforma de las cajas tropieza en España con una visión fragmentaria del mercado financiero, que concibe las autonomías como virreinatos económicos servidos por cajas, dominadas por las fuerzas políticas regionales, como ventanillas exclusivas donde se obtiene crédito fácil. Pero el crash financiero y la recesión exigen lo contrario. Las cajas tienen que recapitalizarse y eso no puede hacerse en el ámbito estrecho de los mercados locales, sino en la captación global de capital privado. Y también tienen que enfrentarse a drásticos ajustes de oficinas y empleo después de lustros expuestas -unas más que otras- a la irresponsable financiación de la burbuja inmobiliaria, alentada precisamente por los intereses políticos regionales. Es un síntoma pésimo que los dirigentes políticos y sindicales no perciban con claridad que la tarea principal hoy es ajustarse a la crisis y pensar en un mercado financiero único, y no defender los nichos financieros de campanario. EL PAÍS. 17-7-2010 Editorial. La Razón La Cataluña real El Parlamento de Cataluña acogió ayer un pleno extraordinario sobre el Estatut, en el que los grupos del Tripartito y CiU apenas pudieron ponerse de acuerdo a última hora en presentar como resolución conjunta contra la sentencia del Tribunal Constitucional el preámbulo de la norma estatutaria que define a Cataluña como nación. Sin embargo, el apaño no tapó el desencuentro que quedó patente el día anterior cuando la reunión de estos líderes catalanes fue la expresión de sus diferencias. El desacuerdo entre los avalistas de la norma estatutaria está marcado por el horizonte electoral, del mismo modo que la abrupta toma de posiciones es imposible interpretarla al margen de la cita con las urnas. Del pleno en el Parlament quedó claro que los grupos catalanes insisten, por una u otra vía, en la necesidad de cambiar las reglas de juego con el propósito de que el orden constitucional se adapte al Estatut y no al contrario. Suena a despropósito, porque lo es. José Montilla reclamó una reforma profunda de la Constitución que reconozca la pluralidad nacional de España y las reformas de las leyes necesarias para que el Estatut no se resienta, mientras que CiU aspira a un gran salto adelante soberanista y ERC proclama la ruptura y el independentismo. El objetivo es arañar votos o no perderlos. Montilla es muy libre de entender que lo mejor para los intereses de Cataluña sea realizar una catarsis constitucional, pero abrir ese melón es una temeridad que no compartimos y que nos parece injustificada. La clase política catalana se ha embarcado en un bucle melancólico del que los problemas reales de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la inseguridad– no forman parte. La verdad es que el Estatut nunca fue una demanda de la ciudadanía ni una inquietud general, sino un proyecto de los políticos para los políticos. Lo cierto es que las prioridades de la ciudadanía son otras y que su concepto de Cataluña y de España tiene poco que ver con el que expresan una parte de esos dirigentes. Los resultados del último barómetro del CIS, publicados ayer, son esclarecedores y confirman la secuencia de otros estudios de opinión. El 65,7 por ciento de los catalanes está orgulloso de ser español, mientras que, cuando se les pregunta qué significa España para ellos, la respuesta mayoritaria es la de que es su país. Tan sólo un ínfimo 7% siente a España como un «Estado ajeno». Ésa es la Cataluña real, la de la calle. La consecuencia de ello es la desafección de la sociedad catalana hacia sus dirigentes. Es llamativo y censurable cómo los partidos no han dedicado el mínimo esfuerzo a interpretar la creciente abstención en las citas electorales en Cataluña, cuyo máximo exponente fue el referéndum sobre el Estatut, por no citar el de las denominadas consultas soberanistas. Este desapego es peligroso. Las sociedades necesitan políticos responsables y sensatos, que solucionen problemas y no que los creen o los alimenten. Que PSOE y PSC, por ejemplo, hayan pactado hacer una «fuerte acción política» para desarrollar el Estatut no sólo supone desafiar la autoridad del Tribunal Constitucional, sino que es el mensaje de que los intereses partidistas están muy por encima de los de las familias catalanas. LA RAZÓN. 17-7-2010

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