Reacciones a la sentencia: España necesita a Catalunya

“Con sus claroscuros, la sentencia dejará un sabor muy agridulce en la sociedad catalana. Los ciudadanos de Catalunya han de pronunciarse. Y este final de trayecto sólo tiene una respuesta. La más inapelable. Catalunya debe ser convocada inmediatamente a las urnas. Polí­ticamente agotada desde hace meses, la legislatura catalana ha tocado a su fin. Nada justifica una demora táctica ante un otoño fatí­dico. La sociedad catalana debiera ser convocada a las urnas inmediatamente después del verano para que sea el pueblo quien dicte sentencia”

Hay un fondo en la sentencia acordada ayer or el Tribunal Constitucional que irá emergiendo en los próximos días, lentamente y con tozudez: España necesita a Catalunya. Y hoy la necesita más que nunca. Esa verdad emergerá. Entre tanto, prepárese el lector a vivir escenas sorprendentes (LA VANGUARDIA) EL PERIÓDICO.- El president quiso también en su alocución evitar una crisis de confianza política al subrayar que la sentencia es responsabilidad exclusiva del tribunal y no es «un juicio del resto de España contra Catalunya». Una vez dictada la sentencia, esta idea persigue rehacer el pacto político con el Gobierno central y las instituciones del Estado para superar las consecuencias políticas y jurídicas del fallo. Montilla se mostró convencido de que Catalunya tiene los instrumentos necesarios y la voluntad política para lograr todos los objetivos contenidos en el Estatut EL MUNDO.- La sentencia permite augurar un periodo de elevada conflictividad entre Cataluña y el Estado, en el mejor de los supuestos, es decir, aquel en el que el Gobierno central quisiera hacer uso de sus atribuciones para no permitir interpretaciones soberanistas de un texto al que el TC ha dado el visto bueno. La mayoría del tribunal -puesto que cuatro de sus magistrados han anunciado votos particulares- y en concreto su presidenta, María Emilia Casas, serán a la postre los responsables de esta chapuza jurídica de la que España sale debilitada. EL PAÍS.- Será inevitable que la sentencia se convierta en argumento electoral: desde el PP, porque da la razón parcialmente a sus sospechas de inconstitucionalidad; desde Esquerra o Convergència, porque se confirman sus augurios sobre la España cicatera de sus discursos. Pese al calor de la campaña, debiera evitarse, en todo caso, que sea leída como una suerte de dictamen sobre la viabilidad del sistema constitucional, tanto por parte de quienes ven el futuro de Cataluña en el soberanismo, como de quienes recurrieron el Estatuto porque consideraban que afectaba a la unidad de España. ABC.- La conclusión política inmediata de esta sentencia es que los recurrentes tenían razones más que suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto, que su recurso ha sido un servicio al Estado y a la Nación, y que el TC ha reparado en parte la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero embarcó a España en una aventura confederal, cuyo objetivo no era otro que sellar una política duradera de pactos con el nacionalismo catalán. Al final, ni una cosa ni otra. El Estatuto con el que se identifica el PSOE atacaba bases esenciales del Estado y su responsabilidad política por haber aprobado esta ley es innegable. Editorial. La Vanguardia Que hablen las urnas Cuatro años después de su aprobación en referéndum popular, el Tribunal Constitucional acaba de dictar sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Cuatro años. Una dilación injustificable que ha tenido efectos muy negativos en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. No hay excusa. En estos cuatro años ha pasado de todo en el Alto Tribunal. Un magistrado fue recusado tras densa maniobra, otro falleció, cuatro se hallan con el mandato fuera de plazo y siete ponencias han fracasado por falta de una mayoría coherente. Este forcejeo táctico ha fabricado la pésima imagen de un Tribunal Constitucional constituido, por la vía de los hechos consumados, en cuarta cámara legislativa, superpuesta al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Senado y al propio sufragio popular. No es de extrañar, por tanto, que tan disputada sentencia suscite hoy, antes de conocer todos sus extremos, una sensación de infinito cansancio. El fallo del Tribunal Constitucional llega cansado y fruto de un alambicado proceso que ha culminado con la votación del texto estatutario capítulo por capítulo. El preámbulo ha sido refrendado por seis votos a cuatro. La consideración de Catalunya como nación queda salvada, subrayándose que el preámbulo carece de "eficacia jurídica". El fallo posiblemente incluirá una prolija referencia a la indisoluble unidad de España, insistentemente exigida por el juez Manuel Aragón, magistrado de corte azañista en su día propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo 97, referido a la creación del Consell de Justícia de Catalunya, ha sido declarado totalmente inconstitucional, e importantes preceptos de otros 14 artículos (cuatro de ellos relacionados con el citado 97) también han sido anulado. Ha sido anulado el uso preferente de la lengua catalana en las administraciones y diversos aspectos de la regulación del Consell de Garanties Estatutàries y de la Sindicatura de Greuges. También han sido liquidados tres preceptos referidos a las competencias básicas. Merece una especial atención la siguiente anulación: la exigencia de un límite al esfuerzo fiscal de la sociedad catalana ha quedado fuera del Estatut. No es un dato menor. No lo es. La lengua, respetada Los símbolos –seguramente flanqueados por una prosa muy defensiva sobre la unidad española– han sido respetados. Y lo que es más importante, la lengua: elemento central de la personalidad nacional de Catalunya. El modelo lingüístico queda a salvo. El modelo educativo no es perforado. El modelo de convivencia sale ileso de la emboscada. Es importante subrayarlo. Quienes imaginaban la sentencia del Estatut como el desfiladero ideal para tener una emboscada irreversible a la centralidad de la lengua catalana han fracasado. Han fracasado. La fantasmagórica operación del Manifiesto por la lengua común ha fracasado. Y hoy lo veremos reflejado en algunas portadas de la singular prensa madrileña. A la espera de conocer el fallo y sus argumentaciones, el primer balance es necesariamente ambivalente. El Estatut ha sido frenado en algunos de sus flancos importantes, pero su espíritu, su alma, el deseo de la mayoría de la sociedad catalana de contar con un amplio y eficaz marco de autogobierno, ha sobrevivido a un proceso político y judicial deplorable. La sentencia rezuma miedo y prevención, pero el alma del Estatut sigue libre. No estamos ante un colosal hachazo a la autonomía catalana, ni estamos ante una bajada de pantalones del Constitucional ante las exigencias del soberanismo catalán. Estamos ante una sentencia alumbrada con fórceps, con elementos positivos, con serias decepciones y con muchas zonas de sombra. Años de pleitos nos aguardan. La sentencia no cierra los contenciosos entre la corriente principal de la sociedad catalana y el Estado español. Hay elementos positivos en la sentencia, particularmente el respeto por la convivencia lingüística, pero el pleito sigue abierto. ¿Cuatro años para eso? ¿Tanto desgaste de las instituciones para eso? Cada uno debe asumir sus responsabilidades. En primer lugar, el presidente del Gobierno. Queda demostrado que José Luis Rodríguez Zapatero actuó movido por razones prioritariamente tácticas (aislar al Partido Popular y romper sus alianzas) y con un desconocimiento de la realidad profunda de Catalunya que hoy, visto lo visto, nos atrevemos a calificar de temerario y muy preocupante. PP y PSOE deben reflexionar Hay una verdad de fondo en el fallo: España necesita a Catalunya. España no puede empujar a Catalunya a la cuneta. De la misma manera que Catalunya –que nadie se equivoque al respecto– necesita un vínculo constructivo con España. Un vínculo objetivado por el autogobierno, sometido, si es necesario, a discusión perpetua, y en el que caben las más diversas subjetividades y sentimentalidades. Abollado su prestigio, agotada la paciencia de la ciudadanía y con el país en una grave situación económica, creemos que el Tribunal Constitucional ha evitado in extremis lo peor: la prepotencia, el escarnio, el menosprecio, el seco rechazo a las reclamaciones catalanas. La dignidad de Catalunya queda a salvo con la sentencia aprobada ayer. La dignidad queda a salvo, pero los daños y las erosiones están ahí. El Gobierno de España debiera reflexionar sobre ello y de una manera muy particular el actual cuadro directivo del PSOE. Y por supuesto debe reflexionar la parte demandante, que pretendía la anulación de 120 artículos. El Partido Popular debe pensar seriamente sobre lo ocurrido y sobre su desenlace. ¿Para qué tantas furias desatadas en la sociedad española a propósito de Catalunya? ¿Tantas tensiones malgastadas para llegar a la contundente evidencia de que en España no cabe otra vía que el pacto? Con sus claroscuros, la sentencia dejará un sabor muy agridulce en la sociedad catalana. Los ciudadanos de Catalunya han de pronunciarse. Y este final de trayecto sólo tiene una respuesta. La más cívica de todas. La más pacífica. La más democrática. La más eficaz. La más inapelable. Catalunya debe ser convocada inmediatamente a las urnas. Políticamente agotada desde hace meses, la legislatura catalana ha tocado a su fin. Nada justifica una demora táctica ante un otoño fatídico. La sociedad catalana debiera ser convocada a las urnas inmediatamente después del verano para que sea el pueblo quien dicte sentencia. Emplear el tiempo que falta hasta las elecciones en demostraciones testimoniales es una tarea estéril que no reforzará la unidad de los catalanes. Despejemos el horizonte electoral y pensemos en el futuro como un pueblo serio y milenario que siempre encuentra la respuesta adecuada ante las incertezas de la historia. Opinión España necesita a Catalunya Enric Juliana Hay un fondo en la sentencia acordada ayer por el Tribunal Constitucional que irá emergiendo en los próximos días, lentamente y con tozudez: España necesita a Catalunya. Y hoy la necesita más que nunca. Esa verdad emergerá. Entre tanto, prepárese el lector a vivir escenas sorprendentes. El president Montilla, líder del PSC y miembro de la dirección federal del PSOE, invitaba anoche a los ciudadanos a expresar su protesta en la calle (¿qué día?, ¿a qué hora?, ¿en qué lugar?). Y hoy leeremos en alguna prensa madrileña que el Tribunal Constitucional se ha bajado los pantalones ante las exigencias catalanas. Habitamos una España manicomial, no hay duda. Hace apenas dos meses, el presidente del Gobierno proclamaba que no era necesario tomar medidas adicionales para recortar el déficit público. Hoy, el mismo presidente –con la cancillería alemana agarrándole por el pescuezo– se pasea sonriente por el mundo como campeón del tijeretazo. Un alocamiento habita entre nosotros y de él también vamos a tener noticia estos próximos días a propósito del Estatut. Recuperemos el viejo placer de contemplar las cosas con una cierta perspectiva. Se daban todas las condiciones –todas– para que hoy no quedase un catalanista vivo en el desfiladero. Me explico. El unitarismo español (de derechas y de izquierdas) cree que ha llegado la hora de desactivar el Estado de las autonomías y, lo que es más importante, está convencido de que la crisis le ofrecerá la necesaria legitimación popular para proceder a su gradual esterilización. Ante esa fuerte pulsión, la política catalana presenta hoy un aspecto lamentable. Veamos: una legislatura muerta y mal enterrada; un presidente de la Generalitat que, tras mucho mareo táctico, ha acabado orientando fatalmente su nave hacia el corazón de la tormenta (elecciones en octubre, después de la huelga general de finales de septiembre); un Partido Socialista con las bases desmovilizadas por los increíbles ejercicios acrobáticos del gran Zapatero; un PSC abocado a acudir a las tormentosas elecciones sin poder ofertar, nítidamente y con ilusión, una tercera edición del tripartito; una Esquerra Republicana tocando suelo en todas las encuestas; un Parlament que, contraviniendo una norma básica de la democracia liberal, ha decidido acabar la fiesta hostigando a la oposición, en un evidente intento de clavarle el punyalet de Pere III al favorito; un nacionalismo fortalecido tras seis años en el banquillo y con buenas perspectivas electorales, que debiera rendir cuentas (en el lugar que corresponde: en el juzgado y ante la Oficina Antifrau) de los manejos de su difunto administrador con los maleantes del Palau de la Música. En definitiva, una Catalunya política en uno de sus peores momentos, entregada a una patética reposición de las viejas luchas entre la Biga y la Busca; una coalición gobernante cansada de sí misma; una oposición que para vencer bien debiera acabar de confesar sus antiguos pecados; una Catalunya desorientada, en la que los sondeos del profesor Gabriel Colomé sobre la desafección ciudadana ya no cuentan con papel para plasmar la gráfica. Repito: unitarismo rampante, alimentado por los rapsodas del Gobierno de concentración nacional, y una Catalunya política derrengada. Este es el actual cruce de coordenadas. Estas son las paredes del desfiladero. Pues bien, el catalanismo ha salido vivo de la emboscada. Es verdad, han caído artículos importantes; artículos cuya supresión resultará muy hiriente, por ejemplo, la limitación a la alemana del esfuerzo fiscal. Hay pleito para años. Pero no perdamos de vista cuál era el propósito principal de la emboscada –que el acróbata Rodríguez Zapatero hace unos meses estaba dispuesto a secundar, con la misma tranquilidad con la que ahora se proclama campeón de las tijeras–. El plan era aprovechar la sentencia y la creciente debilidad del oficialismo de la plaza Sant Jaume para pegarle un buen hachazo a la lengua catalana, sujeto central de la personalidad nacional de Catalunya. Ese era el programa de máximos, debidamente propulsado por aquel Manifiesto por la lengua común, del que nunca más se supo. Los estrategas de la emboscada han fracasado. No gracias a Zapatero, que nadie se equivoque. Han fracasado, en lo sustantivo, a causa de la crisis económica; en su grave circunstancia, España hoy necesita a Catalunya. La fracción más inteligente de las élites españolas lo sabe y ello explica que no haya habido una matanza en el desfiladero. Repito, se daban todas las condiciones para ello. Dicho lo cual, me dispongo a reservar billete de avión para participar en la manifestación mencionada anoche por el president Montilla. Espero una pronta concreción del lugar, el día y la hora. Qué caray, los esbozos tácticos también son interesantes. LA VANGUARDIA. 29-6-2010 Editorial. El Periódico Lo pactado obliga Más de cuatro años después de que el pueblo de Catalunya refrendara el Estatut, el Tribunal Constitucional dictó ayer un fallo que anula 14 artículos, reinterpreta otros 23 y acepta el preámbulo pese a negar eficacia jurídica a las alusiones a Catalunya como «nación» o «realidad nacional». Con lo poco que se conoce de la sentencia es difícil hacer una valoración precisa, pero se puede adelantar que el tribunal revisa a la baja el pacto político que representó en el 2006 la elaboración y aprobación de la Carta, respetuosas con los requisitos legales establecidos. En La dignidad de Catalunya, el editorial conjunto de la prensa catalana, ya subrayamos que en nuestro ordenamiento jurídico pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Aquella demanda cobra hoy especial vigencia. El Tribunal Constitucional (TC) enmienda menos de un tercio de lo impugnado por el PP. Esta primera constatación es un evidente paso atrás, aunque a continuación hay que añadir que, al parecer, la sentencia mantiene los artículos fundamentales del Estatut, a salvo de que la reinterpretación de algunos que conciernen a la lengua catalana y a la financiación autonómica no les prive de su sentido original. Los artículos declarados inconstitucionales se refieren básicamente al capítulo de la justicia, que prácticamente todo el mundo daba por perdidos por la imposibilidad de salvar el corporativismo del tribunal, y a la figura del Síndic de Greugesindependiente del Defensor del Pueblo. La presidenta del TC, María Emilia Casas, logró sacar la sentencia con la séptima ponencia, elaborada por ella misma sobre la base de la que había presentado anteriormente la magistrada Elisa Pérez Vera. No se llegó a votar artículo por artículo, aunque sí se hizo por bloques. El PP no ha ganado El hecho de que la constitucionalidad de la mayoría del texto fuese aprobada por seis de los votos considerados progresistas contra los cuatro conservadores anula la pretensión del Partido Popular de apuntarse la victoria, como sus portavoces intentaron hacer ayer. De las cuatro votaciones, los conservadores solo se impusieron en la del preámbulo, y no para eliminarlo, sino para interpretarlo. Como dijo anoche el president Montilla, el PP «no ha podido liquidar el Estatut, pese a sus continuas agresiones y presiones sobre el tribunal». El presidente de la Generalitat reaccionó al fallo de la sentencia con una declaración institucional en la que mostró firmeza y reclamó al mismo tiempo serenidad para oponerse a la decisión del TC. Acató la sentencia, pero «acatar no quiere decir compartir» ni «renunciar» a «nada de lo que se ha pactado, firmado y votado», añadió inmediatamente. Montilla utilizó tantas veces las palabras «indignación» o «decepción» como «serenidad». Esos términos se traducen en las cinco iniciativas que anunció, que van desde el intento de acordar con los partidos políticos una respuesta unitaria y su comparecencia ante el Parlament hasta el llamamiento para que los catalanes respondan masivamente a la manifestación que las fuerzas políticas y sociales organizarán para «expresar cívica y democráticamente» la voluntad de afirmación del autogobierno de Catalunya. Rehacer el pacto El president quiso también en su alocución evitar una crisis de confianza política al subrayar que la sentencia es responsabilidad exclusiva del tribunal y no es «un juicio del resto de España contra Catalunya». Una vez dictada la sentencia, esta idea persigue rehacer el pacto político con el Gobierno central y las instituciones del Estado para superar las consecuencias políticas y jurídicas del fallo. Montilla se mostró convencido de que Catalunya tiene los instrumentos necesarios y la voluntad política para lograr todos los objetivos contenidos en el Estatut. Firmeza y unidad Las demás fuerzas políticas reaccionaron de forma previsible, Aunque Artur Mas discrepó de Montilla al afirmar que el TC toca «la columna vertebral y el núcleo duro» del Estatut, coincide con el president en que la respuesta debe darse tanto en la calle como en el Parlament. Antes de que se articulen esas respuestas, hay que pedir a todas las fuerzas políticas que actúen con firmeza, pero también con generosidad y responsabilidad para que la sentencia no divida a la sociedad catalana más de lo que ya lo hará la confrontación preelectoral que se anuncia para los próximos meses. La unidad entre los partidos políticos es imprescindible en esta hora. EL PERIÓDICO. 29-6-2010 Editorial. El Mundo Una gran chapuza jurídica que debilita a España CUATRO AÑOS después del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra 126 artículos del Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional emitió ayer un fallo en el que considera conformes a la Carta Magna los artículos fundamentales del texto, aunque 14 de ellos han sido declarados inconstitucionales. La sentencia fue posible gracias a un apaño de última hora de María Emilia Casas, empeñada en que el fallo se produjera casi de cualquier manera. La presidenta se avino a la exigencia de Manuel Aragón de dejar claro en la sentencia que tanto la definición de «nación» incluida en el Preámbulo del Estatuto como las referencias a «la realidad nacional catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa». Por enrevesado que parezca, la presidenta, autora de la propuesta, votó en contra, pero este punto salió adelante gracias a los votos del citado magistrado, elegido en su día por el Gobierno, y los cinco vocales conservadores que han venido defendiendo la indisoluble unidad de la nación española que consagra la Constitución. El resultado de esta maniobra a la desesperada de la presidenta del tribunal ejemplifica bastante bien un fallo que, el tiempo lo dirá, tiene mucho de chapuza desde el punto de vista jurídico. Tanto este diario como prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional hemos venido sosteniendo que la inconstitucionalidad impregnaba todo el texto estatutario, y no sólo algunos artículos completos. Por citar un ejemplo, entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1 que consagraba el catalán como lengua «preferente» de las Administraciones Públicas. De nada servirá retirar el calificativo «preferente» si la sentencia permite mantener la Ley de Normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. Como tampoco tiene mucha virtualidad que se anule el «carácter vinculante» de las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, si se perpetúa dicho órgano como si sirviera para algo. De igual modo se mantienen los artículos que consagran la bilateralidad en las relaciones de Cataluña con el Estado. Ello significa que el Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno en algunos capítulos a un texto más propio de un Estado confederal, mientras en otros se ha ceñido a la Constitución. Curiosamente, o quizá no tanto, el fallo ha sido especialmente contundente en materia de Justicia. El Poder Judicial paralelo que figuraba en el Estatuto ha sido anulado por el TC en defensa de la unidad jurisdiccional. El tribunal deja en el limbo de la interpretación jurídica conforme nada menos que 27 preceptos del Estatuto, entre ellos el que se refiere a «los derechos históricos del pueblo catalán, sus instituciones seculares y la tradición jurídica catalana», en los que el Estatuto viene a establecer una especie de soberanía nacional catalana. En todo caso, la sentencia permite augurar un periodo de elevada conflictividad entre Cataluña y el Estado, en el mejor de los supuestos, es decir, aquel en el que el Gobierno central quisiera hacer uso de sus atribuciones para no permitir interpretaciones soberanistas de un texto al que el TC ha dado el visto bueno. La mayoría del tribunal -puesto que cuatro de sus magistrados han anunciado votos particulares- y en concreto su presidenta, María Emilia Casas, serán a la postre los responsables de esta chapuza jurídica de la que España sale debilitada. EL MUNDO. 29-6-2010 Editorial. El País Aval al Estatut Cuatro años después de su aprobación por el Parlamento, las Cortes Generales y los ciudadanos de Cataluña en referéndum, el Tribunal Constitucional ha emitido su fallo sobre el Estatuto catalán. La sentencia, votada en cuatro bloques, avala en su conjunto la gran mayoría de artículos, aunque invalida 14 artículos de los 129 preceptos recurridos e interpreta otros 27. La inconstitucionalidad de estos 14 artículos ha recibido el aval de 8 de los 10 magistrados, aunque el grueso de la sentencia ha obtenido seis votos a favor por cuatro en contra. Habrá que esperar a conocer el conjunto de la sentencia, con sus fundamentos y votos particulares, pero es seguro que la eliminación de estos artículos, la interpretación del término nación y la mención en el dictamen hasta en ocho ocasiones a la "indisoluble unidad de España" darán abundante munición retórica en un ambiente preelectoral como el que vive Cataluña. Más allá del debate terminológico, el fondo del texto parece escasamente modificado y hace desaparecer los peores augurios de un gran recorte. No afecta tampoco al modelo de inmersión lingüística, validado en diversas sentencias del Tribunal Supremo. Y para la tradición catalanista, la lengua y la cultura siempre ha sido más importante que la esencia. También habrá que esperar a los próximos días para ver qué sucede con un texto que ya lleva más de 40 leyes desarrolladas. El presidente catalán, José Montilla, ha anunciado que un equipo de juristas estudiará las consecuencias de la sentencia y la resolución de los problemas prácticos que planteen los artículos anulados o reinterpretados. Mejor que manifestaciones callejeras como la que también ha anunciado Montilla, ésta es la forma de enfrentarse a los aspectos desfavorables de la sentencia. Montilla se encuentra en la posición más difícil, obligado a mantener un equilibrio entre quienes consideran cerrada la vía autonomista, presentes tanto en su propio Gobierno como en la oposición, y sus compañeros del PSOE, que consideran perfectamente aceptable y viable el Estatuto salido del Constitucional. Por eso su reacción combina de forma contradictoria una valoración positiva sobre la constitucionalidad del 95% del texto con severos reproches al Tribunal por las modificaciones introducidas. Por obvio que parezca, hay que decir que la sentencia debe acatarse y cumplirse, y así lo ha reconocido el presidente catalán y deben hacerlo todos, incluidos quienes la consideran el punto final del Estado autónomo. Será inevitable que la sentencia se convierta en argumento electoral: desde el PP, porque da la razón parcialmente a sus sospechas de inconstitucionalidad; desde Esquerra o Convergència, porque se confirman sus augurios sobre la España cicatera de sus discursos. Pese al calor de la campaña, debiera evitarse, en todo caso, que sea leída como una suerte de dictamen sobre la viabilidad del sistema constitucional, tanto por parte de quienes ven el futuro de Cataluña en el soberanismo, como de quienes recurrieron el Estatuto porque consideraban que afectaba a la unidad de España. EL PAÍS. 29-6-2010 Editorial. ABC Zapatero ante su último fracaso LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha ratificado la decisión de todos cuantos presentaron contra él un recurso de inconstitucionalidad. Aunque la decisión final haya limitado la anulación a catorce artículos e interpretado una treintena más —abusando así del peligroso método de la sentencia interpretativa que declara constitucional no lo que dice la norma, sino cómo debe ser aplicada—, el Estatuto de Cataluña lesionaba gravemente la Constitución Española de 1978 y gracias a los recursos —encabezados por el PP— se ha reparado en parte esta vulneración. En efecto, el Poder Judicial se mantendrá unitario para todo el territorio nacional, sin caer en el sistema confederal que preveía el Estatuto, auténtica ruptura de la unidad jurisdiccional del Estado. También gracias al recurso del PP, el Estatuto no será la base legal de la imposición monolingüística que defienden el socialismo y el nacionalismo catalanes. Y queda meridianamente claro que Cataluña no es una nación más que en el diccionario nacionalista y en el terreno de los símbolos. La inclusión de este término en el Preámbulo del Estatuto es, según el TC, irrelevante porque no tiene valor jurídico, sino testimonial. Gracias a esta declaración, la presidenta del TC, María Emilia Casas, logró el apoyo del magistrado Manuel Aragón, hasta ayer baza principal de quienes confiaban en que el Alto Tribunal aprobara un pronunciamiento más defensivo del orden constitucional y del Estado. En suma, casi la mitad de los artículos impugnados por el PP tenían tachas de inconstitucionalidad. La conclusión política inmediata de esta sentencia es que los recurrentes tenían razones más que suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto, que su recurso ha sido un servicio al Estado y a la Nación, y que el TC ha reparado en parte la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero embarcó a España en una aventura confederal, cuyo objetivo no era otro que sellar una política duradera de pactos con el nacionalismo catalán. Al final, ni una cosa ni otra. El Estatuto con el que se identifica el PSOE, según su secretaria de Organización, atacaba bases esenciales del Estado y su responsabilidad política por haber aprobado esta ley es innegable. Ahora vendrá una estrategia de propaganda tendente a mitigar los efectos políticos de la sentencia del TC, refugiándose en la minoría del llamado bloque conservador —cuyos cuatro integrantes han anunciado votos particulares a la decisión— y en el limitado número de artículos anulados en proporción a los que fueron impugnados. Será la enésima maniobra de distracción para evitar asumir el daño que el Gobierno y el PSOE han causado a la estabilidad del Estado introduciendo en su ordenamiento jurídico un auténtico «caballo de Troya» contra la soberanía del pueblo español y la unidad constitucional. La satisfacción impostada del Gobierno socialista ya contó ayer con las primeras reacciones exacerbadas del tripartito catalán y del nacionalismo, convocando a la sociedad catalana a arremeter contra el TC. Su estrategia más reciente ha consistido en negar al TC cualquier legitimidad para decidir sobre el Estatuto, porque había sido votado en referéndum por los catalanes. También este desafío se ha saldado con una derrota de los postulados social-nacionalistas, porque queda claro que la Constitución está por encima de cualquier ley aprobada por el Parlamento, aunque sea ratificada en referéndum. Solo las reformas constitucionales aprobadas por el pueblo español, titular de la única soberanía nacional existente en España, quedan al margen de la competencia del TC. Una vez que se conozcan los criterios interpretativos aprobados por el TC para la treintena de artículos que la sentencia acomoda a la Constitución, podrá valorarse de qué manera se gestionará el día siguiente a la sentencia. Porque hay dos opciones: o meter a Cataluña en un proceso de insubordinación constitucional, o abrir un período de recomposición del Estado autonómico. La responsabilidad de elegir correctamente es solo de los gobiernos central y autonómico, y especialmente del PSOE y del PSC. Mariano Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer: defender, y con éxito, el interés nacional. El problema es ahora de los socialistas entre sí, porque tendrán que resolver sus contradicciones internas. El TC ha despejado del escenario catalán una incógnita que condicionaba el período preelectoral y las relaciones entre partidos. Al PP ya no se le puede exigir que retire el recurso, porque está resuelto, ni reprocharle que lo interpusiera, porque tenía razones para hacerlo. Pese a que el TC ha reducido la intensidad de los daños causados por el Estatuto, la sentencia se queda corta, porque queda en pie buena parte de una norma estatutaria que se generó como competidora de la Constitución. Por eso, su vicio de inconstitucionalidad era mucho más radical que parcial. ABC. 29-6-2010

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