Tras cuatro años de intenso trabajo, tras conseguir la extraordinaria cantidad de 700.000 firmas ciudadanas, y con el apoyo de 900 organizaciones, el 9 de abril de 2024 la Plataforma Regularización ya presentó en el Congreso de los Diputados la ILP para regularizar al cerca de millón de trabajadores inmigrantes que residen en nuestro país sin los requisitos legales. La ILP fue votada para su toma en consideración (la primera puerta de su trámite parlamentario), y recibió el voto afirmativo de todos los grupos a excepción de Vox. Pero luego fue metida en un cajón.

Ahora, el mismo PSOE que había enfriado el trámite de la ILP, ha cambiado de posición y se ha puesto a impulsar -entrando en negociación con otros grupos parlamentarios- un decreto que regularizaría a las personas migrantes antes del 31 de diciembre de 2024.

Independientemente del resultado final del trámite parlamentario -y más allá de las críticas, deficiencias o puntos débiles que algunas organizaciones promotoras de la ILP están formulando a la propuesta del Gobierno- que se abra la puerta a la regularización de cientos de miles de trabajadores migrantes es una extraordinaria noticia que debemos celebrar. Y expresa la fuerza de la mayoría social progresista para conseguir victorias en la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.

.

Acelerón y negociaciones

Tras un año de atasque, el Gobierno -particularmente su ala socialista- negocia con los grupos parlamentarios un nuevo texto con el que sacar adelante, cuanto antes, la regularización de cientos de miles de inmigrantes. La propuesta habla de una «autorización de circunstancias excepcionales y única», y que beneficiaría a cientos de miles de migrantes que hayan llegado a España antes del final del año pasado. No a todos, sino a los que cumplan una serie de requisitos.

Estos requisitos aún están sujetos a las negociaciones parlamentarias, pero los que ha propuesto de entra la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, son: demostrar que llevan al menos un año en España, que desistan de sus peticiones si son solicitantes de asilo, que no tengan antecedentes penales, que no tengan activa una orden de retorno y que no supongan un riesgo para la seguridad nacional.

De los requisitos no forman parte, como hasta ahora había ocurrido, que el trabajador migrante tenga un contrato previo. Una exigencia que enfrentaba a cientos de miles de trabajadores a un rompecabezas: me exigen contrato para tener papeles, pero sin papeles no me dan trabajo (legal y con contrato).

Así pues, la propuesta inicial del PSOE es que se concedan autorizaciones de un año y sin condicionarlas a un contrato de trabajo. Y que luego esas autorizaciones anuales (más el año como mínimo que se les exige de haber estado en España) sirvan de lanzadera para que los inmigrantes se reenganchen después con las vías convencionales de regularización, como los distintos tipos de arraigo, que exige dos años de estancia en España.

Otra cuestión que se va a negociar es la fecha de corte. El PSOE propone el 31 de diciembre de 2024, pero grupos como ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos proponen adelantarla para incluir prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en el país. Y al contrario, los grupos de la derecha como PP, Junts o PNV han apostado por incluir diferentes condicionantes para endurecer los requisitos.

.

Por qué ahora

La legalización masiva de los migrantes en situación irregular no fue nunca una apuesta del PSOE -de hecho, portavoces socialistas llegaron a afirmar que la UE no permitiría una regularización tan grande- pero de pronto parece haberse convertido en una prioridad en sus conversaciones parlamentarias. ¿Cuáles son las razones?

Fuentes de Ferraz han señalado que el desencadenante ha sido «el interés del presidente Pedro Sánchez en medidas que afectan a los extranjeros, como la reciente regularización de 23.000 inmigrantes afectados por la dana que arrasó Valencia en octubre». Pero junto a esta razón «solidaria», también está el responder a las demandas de los empresarios que se quejan de forma recurrente de la falta de mano de obra.

Junto a estos motivos, hay otro legal. Resulta que acaba de entrar en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería, que flexibiliza y agiliza los trámites para que las personas extranjeras puedan obtener un permiso de residencia -en línea con las necesidades de mano de obra de las patronales empresariales. Con ello, el Gobierno estima que regularizará 300.000 personas en tres años. Pero este nuevo reglamento tiene un lado muy oscuro, porque deja en la irregularidad a miles -ni más ni menos que 275.000 personas- de solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada. Algo contra lo que han clamado las organizaciones de migrantes, pero también Cáritas o el Defensor del Pueblo.

Pero hay una razón más imposible de ser ignorada. Una mayoría social progresista y unas clases populares que luchan por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Una gran movilización de la sociedad civil, de cientos de colectivos y plataformas, que van desde las organizaciones migrantes y antirracistas hasta Cáritas y la Iglesia, que recabó la firma -con todos los requisitos que requiere una ILP- de ni más ni menos que 700.000 personas en tiempo récord.

Una mayoría social que -frente a tóxico veneno del trumpismo y sus sicarios de la ultraderecha, que vierten sus discursos de odio hacia los migrantes, que quieren una sub-clase obrera ilegal, despojada de derechos, a la que poder hiper-explotar sin límite- grita: «¡Española o extranjera, una misma clase obrera!».

.

La posición de los colectivos impulsores de la ILP Regularización Ya

Luces y sombras de la propuesta del gobierno

Ante la propuesta del PSOE, que lanza una iniciativa que puede significar la regularización masiva de cientos de miles de trabajadores migrantes, la posición de los colectivos que llevan años trabajando intensamente por la ILP oscila entre la alegría y el entusiasmo… y la cautela y la desconfianza hacia el gobierno.

«Ni en nuestros mejores sueños» esperábamos una oferta así, dicen algunas de ellas. Otras son mucho más críticas, como Vicky Columba, que afea al gobierno que “esta reforma no se pactó ni se trabajó con las organizaciones migrantes que llevamos adelante el hito histórico más grande de la democracia española, que fue llevar más de 700.000 firmas al Congreso”. “¿Qué vamos a hacer con 275.000 solicitantes de asilo? ¿Decirles que se atengan a una vía ordinaria? (…) ¿Decirles que si quieren el asilo van a quedar en irregularidad?”, denuncia.

Se refiere a uno de los aspectos más lesivos de la reforma del Reglamento de Extranjería (Reloex), que deja en un limbo legal a los migrantes que llegan nuestro país y solicitan el estatus de refugiado, alegando que han dejado su país por peligro para su vida o su libertad.

Otra exigencia desde estos colectivos es que se amplie lo máximo posible la fecha de corte “para abarcar la mayor cantidad de personas”, así como la inclusión en la regularización a las personas con residencia habitual aunque no estén empadronadas, solicitantes de asilo que lo requieran así como personas sin acceso a la documentación de su país de origen.

“La idea de la ILP es que el contador queda a cero y a partir de allí se trabaje con la población migrante y con quienes trabajamos con ella y las personas en situación administrativa irregular, porque conocemos la realidad y, sobre todo, conocemos los obstáculos de por qué no funciona la Ley de Extranjería y porque por la vía ordinaria nadie se está regularizando”, dice Espínola a El Salto.

“Ahora tenemos una herramienta de democracia directa (la ILP) impulsada por la ciudadanía para poner fin y solucionar de una vez la regularización de las personas que viven y trabajan en este país”, dice Edith Espínola, de Regularización Ya.

Hagámosla realidad.