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Pasan ya veinte meses desde los criminales atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás, donde murieron 1.200 civiles israelíes, y donde este grupo terrorista secuestró a 251 rehenes.
Y pasan ya veinte meses del comienzo de una ofensiva genocida en la Franja de Gaza, donde el Estado de Israel -con el total apoyo militar, político y diplomático de EEUU, antes con Biden y ahora con Trump- ha asesinado a más de 60.000 personas (el 70% mujeres y niños). Cometiendo una innumerable cantidad de crímenes de guerra, Israel ha bombardeado a diario hospitales, escuelas, tiendas de campaña, y ha destruido todo lo que hace posible la vida en Gaza: depósitos de agua, potabilizadoras, saneamientos…
Ahora el gobierno de Netanyahu está inmerso en el momento más sangriento de su abyecto genocidio. El ejército controla el 70% de la Franja de Gaza, lo que obliga a dos millones de gazatíes a vivir hacinados en el 30%. Desde principios de marzo no entra en Gaza ningún tipo de ayuda humanitaria: ni alimentos, ni agua, ni ayuda médica. La hambruna ya mata más deprisa que las bombas. Según la ONU, hasta 14.000 bebés de Gaza están en peligro inminente de muerte por inanición, a los que siguen 71.000 niños por malnutrición extrema.
Esta es la dantesca situación, más allá del ignominia, que vive la Franja de Gaza.
Ante esta situación, el mundo se revuelve, horrorizado. Y nuestro país, España, se pone a la cabeza.
España está con Palestina. España clama por el fin inmediato del criminal genocidio que Israel está perpetrando en Gaza.
Nuestro país ya ha sufrido la lacra del terrorismo. La práctica totalidad de la opinión pública española condenó los atentados del 7-O exige la inmediata liberación de los rehenes israelíes que aún quedan en manos de Hamás.
Pero nuestro país condena con la misma o mayor firmeza un holocausto que masacra todos los días a la población civil palestina. Una contundente mayoría -del 71% según una encuesta del Real Instituto Elcano- de la sociedad española tilda de «genocida» la actuación de Israel en Gaza, y un porcentaje aún mayor (78%) respalda el reconocimiento de España al Estado Palestino.
No hay semana donde por todo el país no se sucedan las manifestaciones, las concentraciones, los actos o protestas por Palestina, denunciando a Israel, a Netanyahu, a Trump, y su criminal proyecto de culminar el genocidio con una limpieza étnica, convirtiendo Gaza en un «resort de lujo» como protectorado norteamericano.
La abrumadora presión de la opinión pública obliga a que las cosas se muevan, y obliga a posicionarse a las fuerzas políticas.
El gobierno de coalición ha dado importantes pasos a favor de Palestina. Desde el principio, condenó de manera tajante el terrorismo de Hamás, pero también los bombardeos y los crímenes de guerra de Netanyahu. Ha reconocido el Estado Palestino y ha liderado en Europa a un grupo de países (Irlanda, Eslovenia y Noruega) que han hecho lo mismo. Se ha suscrito a la causa abierta por delito de genocidio que Sudáfrica sostiene contra Israel en la Corte Penal Internacional.
Justamente por el fuerte apoyo de la opinión pública española a la causa palestina y por la tajante condena de Israel, la denuncia del Centre Delás de Estudios por la Paz -que demostraba que después del inicio de la guerra genocida contra Gaza, el gobierno de España había formalizado hasta 46 contratos con empresas militares israelíes o sus filiales por un valor total de 1.044 millones de euros- causó un gran escándalo y estupor, mayor aún entre el electorado progresista.
La alarma social y las críticas al gobierno surtieron su efecto. Recogiendo cable, el ejecutivo de Sánchez se ha disculpado y ha comenzado a romper esos contratos militares. Y con el voto de la mayoría parlamentaria, España ha dado un primer paso para imponer el embargo total de armas a Israel.
La lucha popular contra el genocidio y la presión de la opinión pública funciona.
A esta decisión se suma que España y Palestina impulsarán conjuntamente una resolución de la ONU para que Israel acabe con el bloqueo humanitario en Gaza. Y es una de las voces más firmes que exigen a la UE que revise -y en su caso, rompa- el acuerdo de asociación comercial con Tel Aviv.
La lucha popular contra el genocidio y la presión de la opinión pública funciona. Hasta el Partido Popular de Feijóo -cuyos dirigentes arrastran una larga y lista de declaraciones vergonzosamente frívolas hacia los crímenes de guerra de Israel, cuando no abiertamente prosionistas- tiene una contradicción. Un importante porcentaje de su electorado condena tajantemente el holocausto en Gaza. Y la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal española están adoptando una postura cada vez más firme contra el genocidio, exigiendo sanciones a Israel y el embargo militar de nuestro país.
Más allá de justas críticas o de exigir que se vaya más allá, rompiendo todas las relaciones diplomáticas con Israel, nuestro país está en el lado correcto, en el lado de los países que apoyan la justa causa del pueblo palestino por una paz justa, por la autodeterminación y por tener un futuro.
Detrás de todo ello, está la lucha, la exigencia y la voluntad de la mayoría social española, que de norte a sur y de este a oeste se moviliza por Palestina y por el fin del genocidio.
Adelante.