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Madrid ha sido de nuevo el escenario de una multitudinaria movilización en defensa de la sanidad pública. Convocada por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) una inmensa marea blanca de más de 200.000 personas ha salido a las calles de la capital para clamar contra los recortes, la infrafinanciación crónica y las ansias privatizadoras del gobierno regional de Díaz Ayuso.
Hablamos horas antes del inicio de la manifestación con Manuel Martín, presidente de la FADSP.
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La Comunidad de Madrid enfrenta una crisis en su sistema sanitario público, con recortes, privatización y falta de recursos. Según informes, el 11% de las plazas de Médicos de Familia y Comunitaria y el 14,5% de Pediatría están vacantes, afectando a 764.000 pacientes que no disponen de un profesional que haga un seguimiento de su salud. ¿Cómo evalúa la FADSP la situación actual de la sanidad pública en Madrid y qué medidas consideran urgentes para revertir este deterioro?
La política de la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, se concentra fundamentalmente en destruir el modelo de atención primaria. La atención primaria es la base y el eje del resto de la sanidad pública. Si se destruye este modelo, como demuestra la cantidad de vacantes que existen en los centros de salud, la eliminación de la pediatría en atención primaria o el echo de que hayan dejado sin el derecho a la asistencia sanitaria a setecientos mil pacientes. Supone un intento clarísimo de comenzar a desmantelar el sistema empezando por la base del sistema que es la atención primaria.
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En la última década, el presupuesto destinado a la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 140%, mientras que la inversión en sanidad por habitante es la más baja del país. ¿Qué consecuencias ha tenido este modelo de gestión en la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria para la población madrileña?
El intento de desmantelar el sistema sanitario público tiene dos grandes objetivos: el primero es darle espacio a las multinacionales sanitarias que están en estos momentos comprando y adquiriendo la red de hospitales privados y creando nuevos hospitales. Han visto una enorme oportunidad de negocio, el dinero que destinamos a la sanidad. El segundo es incrementar el aseguramiento privado, el asesoramiento privado en Madrid alcanza ya casí el 50% de la población. El problema de los seguros privados es que no corresponden a las necesidades de la población y además tienen los mismo problemas que el sistema público, es decir, tienen listas de espera, que en el caso de especialidades son muy prolongadas. O el hecho de que cuando una persona tienen una enfermedad realmente grave y costosa es remitido nuevamente al sistema sanitario público.
Cuando parte del sistema sanitario está siendo desviado a los hospitales privados, al sistema privado en Madrid, supone que se potencia un deterioro del sistema sanitario público. Ningún sistema, ni público ni privado, puede funcionar adecuadamente sin recursos económicos y sobre todo sin recursos humanos. Cuando hay un déficit en el número de médicos, enfermeras y otros trabajadores del sistema y cuando hay un problema de aumento en las listas de espera porque los hospitales públicos empiezan a tener serios problemas para atender a la demanda de la población lo que estamos es deteriorando la calidad de la atención y supone un paso más en el camino de que la población vaya desvinculándose del sistema sanitario. Y busque amparo en el sistema privado que como antes decía no le va a dar solución a sus problemas.
Las listas de espera de la Comunidad de Madrid, las listas de espera hospitalarias, son absolutamente falsificadas y manipuladas. Solo contabilizan como tiempo de espera, por ejemplo, en cirugía desde el momento en que empieza el paciente a hacer las pruebas necesarias para la intervención quirurgica. Pero obvia el tiempo que tiene que estar esperando para ser atendido en un centro de salud, que supera ampliamente la semana o los díez días, el tiempo que tiene que emplear en ser atendido en un servicio hospitalario, el tiempo que tiene que estar esperando para realizar una prueba diagnóstica y luego el tiempo que tiene que tener para volver a ser citado en un servicio de cirugía. Y luego que ese servicio de cirugía paute y establezca el tiempo para la operación. Suponen en muchísimos años que superan el año de espera como media en problemas de salud importantes.
«Ningún sistema sanitario, ni público ni privado, puede funcionar adecuadamente sin recursos económicos y sobre todo sin recursos humanos«
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En febrero de 2023, más de un millón de personas se manifestaron en Madrid en defensa de la sanidad pública, mostrando el descontento generalizado de la ciudadanía. ¿Cómo valora la FADSP la respuesta de la ciudadanía ante el deterioro de la sanidad pública y qué papel juega la movilización social en la defensa de este derecho?
La población está sufriendo un problema general, es verdad que las clases más acomodadas solucionan parcialmente su problema recurriendo a los seguros privados complementarios para determinados tipos de patologías. Para las patologías más importantes y costosas para la salud. El descontento se debería vehiculizar a través de la movilización social, una movilización social que debería reflejar la frustración, el rechazo y el sufrimiento de la sociedad por una falta de respuesta rápida a sus problemas. Solo una gran alianza social y profesional en la que participen los sectores afectados por este tipo de políticas (los trabajadores del sistema y la mayor parte de la población) pueden conseguir que desde las administraciones empiecen a reformar está política que les puede causar perdidas electorales importantes.
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La FADSP ha manifestado su respaldo firme a la movilización del 25 de mayo, exigiendo que la salud no sea un negocio, sino un derecho garantizado para todas las personas. ¿Cuáles son las principales propuestas de la FADSP para garantizar una sanidad pública universal, accesible, de calidad y gestionada desde lo público?
Desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública creemos que hay una serie de medidas urgentes y necesarias. Por un lado incrementar el presupuesto sanitario en un 1% pero que ese presupuesto sea controlado y sea dirigido a las necesidades de la población a través de una planificación sanitaria participativa. No puede ser que se este incremento del gasto, que ya se está produciendo vaya a beneficiar a los grandes laboratorios farmacéuticos, las grandes empresas de tecnología sanitaria. Más del 30% de las pruebas diagnósticas que se piden, y que son muy costosas, no tienen ninguna justificación clínica. También sería necesario que este gasto fuese a promoción, prevención y recuperación de la salud, que es lo más importante para la población.
En segundo lugar sería potenciar la atención primaría, que apenas recibe el 11% deñl gasto sanitario total y que debería incrementarse a un 25%. Y luego incrementar las plantillas, no solamente médicas, sino de otros profesionales que pueden resolver los problemas de la población, como puede ser fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos clínicos, logopedas…. La utilización plena de los hospitales públicos, es fundamental que los hospitales y todos los recursos estén en funcionamiento mañana, tarde y noche Poniendo en marcha medidas incentivadoras. Acabar con la política de desviar pacientes a los centros privados concertados, que se los están llevando estas multinacionales, capitalizando toda la falta de recursos de los hospitales. Recuperar todos los hospitales privatizados, para el sistema público.
También una política de incrementar el esfuerzo en salud pública, los indices de salud públicas son fundamentales para detectar y combatir eficiente y eficazmente las epidemias y sobre todo para garantizar que la promoción y la prevención están en el núcleo duro del sistema. Y luego coordinar los recursos asistenciales como los recursos como salud pública. El ejemplo de las muertes producidas en la comunidad de Madrid con las residencias demuestran que es fundamental que esté gestionado al servicio público.
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Además de Madrid, se están llevando a cabo movilizaciones en otras regiones, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, en defensa de la sanidad pública. ¿Existe una coordinación entre las diferentes plataformas y asociaciones a nivel nacional para enfrentar los desafíos comunes en la sanidad pública?
Desde la FADSP estamos promoviendo y apoyando todas las movilizaciones que exijan y que apoyen la sanidad pública y exijan el fin de la política de recortes y de privatizaciones que está llevando a cabo la administración sanitaria. Tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en otras comunidades como puede ser Andalucía, como puede ser Valencia, como puede ser Galicia. La mayor parte de las administraciones sanitarias gobernadas por el PP están poniendo en marcha estas políticas de desmantelamiento del sistema sanitario público.
Estamos promoviendo que después del verano, en la época de retorno de la población y de los trabajadores a la vida habitual, haya una gran movilización social en la que participen toda la población, no solo de Madrid, sino de Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña, Valencia… Que en muchos casos están desarrollando grandes movilizaciones aunque no estén reflejados a nivel nacional. Se desconoce la importancia de las grandes movilizaciones que se estan llevando a lo largo de todo el estado.
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La situación de la sanidad pública en España ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, que temen por su sostenibilidad y calidad. Justamente ahora que se ha aprobado un aumento del gasto militar para este año de 10.471 millones, algunas voces temen que esto se traduzca en recortes en sanidad, o en desviar recursos que deberían ir para revertir la infrafinanciación crónica de la sanidad pública. Desde la FADSP ¿consideran que el rearme implica un peligro de infrafinanciación a la sanidad?
El gasto militar es un gasto que tiene importantísimas repercusiones negativas para la sociedad. Por un lado, supone un peligro para la paz. Esta escalada de armamento irá acompañada, evidentemente, que ya lo está haciendo, de incremento de las guerras y otros problemas que afectan principalmente a la economía, pero a la salud de la población que las está soportando.
Son un riesgo para la democracia, es decir, el militarismo supone un paso atrás en la democratización de la sociedad. Y por último van acompañada de un recorte de gasto social en la que una parte importante, entre el 30-40% según gobiernos autonómicos, se destina a sanidad. El gasto militar va en detrimento del derecho a la salud y de un sistema sanitario de calidad.