Puigdemont cierra la puerta a convocar elecciones en Cataluña

Puigdemont ha cerrado la puerta a la única oportunidad que le restaba para desactivar la aplicación del artículo 155. Durante largas horas, parecía que Carles Puigdemont iba a anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el 20 de diciembre para frenar la suspensión de la autonomía. Pero en el último momento, en una comparecencia pospuesta varias veces, Puigdemont ha dado otro giro a la situación, descartando los comicios.

«Puigdemont dirige, voluntaria y conscientemente, a toda Catalunya contra las rocas». Son palabras del editorial de La Vanguardia, reconocido portavoz de la burguesía catalana. Al haber desechado la convocatoria de elecciones, al haber arrojado por la borda la última ancla para detener la aplicación del 155 -con todas las graves consecuencias políticas y sociales que conlleva- la responsabilidad de llevar la nave contra el arrecife es total y enteramente de Carles Puigdemont.

Cierto es que las rocas son afiladas. La ejecución del 155 constituye la alternativa del Estado y de la oligarquía española frente al desafío independentista. Incrementará la división y el enfrentamiento, generará un conflicto de graves consecuencias y dificultará la necesaria unidad del pueblo trabajador. La actuación del Partido Popular, apagando el fuego con gasolina, genera sin cesar peores condiciones para enfrentar los proyectos de ruptura encabezados por la burguesía burocrática catalana, para unir a las fuerzas democráticas contrarias al secesionismo. Tal y como ha sido anunciado por el gobierno de Rajoy supone en los hechos una intervención de la autonomía que genera rechazo en la sociedad catalana, que contribuye a enfrentarla con el resto de España y que alimenta la dinámica victimista y del “cuanto peor, mejor” del que se alimenta las fuerzas independentistas. La oligarquía, su Estado y sus representantes políticos, por su carácter reaccionario solo puede presentar una respuesta que socava la unidad desde la que hacer frente a los proyectos de fragmentación.

Pero no solo desde Moncloa o desde Génova 13 parecen buscar la antagonización de la situación. Los sectores de la burguesía burocrática más aventureros parecen apostar por seguir la hoja de ruta hacia el precipicio: “generar confrontación y forzar la desconexión”, utilizando la DUI para provocar una respuesta aún más dura del Estado, azuzando un conflicto que -según su lógica y bien gestionado- puede conducir a un Estado independiente.

En las últimas semanas, los Puigdemont y los Junqueras han sufrido sonoras derrotas que les han hecho retroceder. La primera el mismo 1-O, en un referéndum tramposo celebrado con nulas garantías, el Sí a la independencia -según los propios datos del Govern- recogió algo más de 2 millones de votos, apenas el 38% del censo de los catalanes. Más del 60% de la población de Cataluña no respaldó su delirio, no tienen mayoría. Cosa que no ha impedido que se empeñen en defender cínicamente la DUI como el cumplimiento del mandato democrático de las urnas.

Puigdemont y su govern están colocados a la defensiva, su debilidad es mayor y acumulan un fracaso político tras otro. Quien los ha sumido en esa situación no ha sido “la fuerza de la ley”, la actuación de la justicia y la policía, la negativa de la UE a aceptar una independencia de Cataluña, la huída de empresas o la actuación del gobierno de Rajoy, sino la irrupción de un protagonista que muchos están empeñados en silenciar: el pueblo trabajador catalán, rechazando la independencia y defendiendo la unidad.

Pero esas dolorosas derrotas no han aminorado su tendencia a la huída hacia adelante, sino al contrario. Una declaración unilateral de independencia es aún un escenario probable en las próximas horas o días.

Es necesario e impostergable que se convoquen elecciones en Cataluña y se abra una legislatura de reflexión sosegada, de debate e intercambio, en el que todas las alternativas tengan iguales condiciones para ser expuestas y conocidas, y en el que participe toda la sociedad catalana. Un tiempo en el que se ponga de manifiesto que son muchos los intereses comunes, los lazos históricos, culturales, familiares, afectivos, de respeto y admiración mutua entre Cataluña y el resto de España, y en el que podamos retomar una tarea prioritaria: la lucha contra los recortes, las desigualdades y la corrupción.