Presupuestos 2022: aprobado social, suspenso en redistribución

Los presupuestos definen la política de un gobierno. Fijan con la claridad que los números exigen en qué se va a gastar el dinero, estableciendo prioridades, y quién lo paga, a través de los impuestos.

Influyen de manera decisiva en nuestras vidas. Es en los presupuestos donde a lo largo de la última década se ha certificado la magnitud de los recortes en sanidad, educación o gastos sociales.

La presentación por parte del gobierno de coalición de los presupuestos para 2022 ha desatado ya reacciones encontradas. Por un lado se presentan como “los más sociales de la historia”, destacando el incremento en partidas clave como pensiones, inversión o juventud. Por otro, algunos medios conservadores los atacan furibundamente, afirmando que “el gasto desbocado hace insostenible la economía”.

Solo hay una forma de aclararse, ir a los números para desentrañar cual es la realidad. Este ejercicio nos va a permitir comprender las luces y sombras de estos presupuestos, sus avances, beneficiosos para la mayoría social, y sus límites, especialmente en una política fiscal, donde quien más tiene sigue pagando menos.

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Las “luces”

La influencia de una mayoría social progresista, sobre un gobierno de coalición de izquierdas, se traduce en un incremento real del gasto social.

Los presupuestos de 2022 contemplan un récord de gasto de casi medio billón de euros. Un 54,12% de este gasto se destina a partidas sociales, en concreto 248.391 millones.

¿A qué se dedica ese gasto social, y en qué proporción aumenta?

El capítulo más abultado es de las pensiones, con 171.165 millones. Y su actualización respecto al IPC, evitando la pérdida de poder adquisitivo, supone una inversión de 8.000 millones más.

Casi 23.000 millones se destina al pago de prestaciones por desempleo, una cantidad que supone un 10,2% menos que en 2021, gracias a que el paro ha disminuido respecto al máximo alcanzado en los peores momentos de la pandemia.

Las partidas destinadas a la juventud incrementan su cuantía un 84,8%, con nuevas medidas como los bonos para facilitar el acceso a la vivienda o comprar productos culturales, y un aumento hasta los 2.200 millones de las becas.

Se incorporan 4.436 millones para el Ingreso Mínimo Vital -prestación que hace dos años no existía-, y aumentan partidas sociales cualitativas: un 46,3% más a vivienda, un 23,3% más a dependencia, un 43,7% más para el “bono social térmico”…

Y aunque la mayor parte del gasto está transferido a las comunidades autónomas, también aumenta el dinero destinado a sanidad, un 11%, y a educación, un 2,6% más.

Además de estos “gastos sociales”, los presupuestos contemplan una cifra histórica, de 13.298 millones, destinados a ciencia e innovación, un 7,7% más, y un récord de 40.238 millones para inversiones.

Todas estas medidas van a beneficiar a amplios sectores sociales, y están en el capítulo de las “luces” de los presupuestos.

¿Se trata de un “gasto excesivo”, como algunos denuncian? ¿Conducirá a España “a la quiebra” y a “ser rescatada”, como amenaza Pablo Casado? No. No es así.

Según Eurostat -el instituto de estadística europeo- el gasto público español sigue 4,5 puntos por debajo de la media de la UE. Es decir, según su PIB, España debería gastar todavía más, en concreto 50.500 millones más. El déficit en gasto social, relación a la media comunitaria, se sitúa en 1,9 puntos. Es decir, para equipararnos con la UE España debería gastar en sanidad, educación, ayudas sociales, etc… hasta 21.300 millones más.

¿Cuánto aumenta realmente el gasto social en los presupuestos de 2022?

Son 17.615 millones más destinados a gastos sociales. Es sin duda una buena noticia. Pero ¿es mucho? ¿Hay margen para mucho más? De conjunto estos gastos sociales crecen un 7,63% respecto a 2021. Si descontamos el crecimiento previsto -un 7%-, que permite más gasto al aumentar los ingresos, el esfuerzo en gasto social fruto de la redistribución del gasto queda reducido a un 0,63%.

Son unos presupuestos con más gasto social, frente a quienes ya presionan para ejecutar recortes “sin complejos”. Pero este incremento es limitado, y no permite ni revertir los recortes ejecutados desde 2010, ni afrontar el aumento de la desigualdad y la pobreza durante la pandemia.

Los PGE aumentan en más de 17.000 millones las partidas sociales, y ésta es sin duda una buena noticia. Pero ¿es mucho? ¿Hay margen para mucho más?

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Las “sombras”

¿Y quién paga este récord de gasto público? Esta es una cuestión capital. Si paga más quien más tiene se aplica una política de redistribución de la riqueza donde se pueden aumentar los gastos -en inversión, en sanidad, educación, etc- sin que eso implique más deuda y más déficit.

Se ha anunciando que estos presupuestos incorporan ya el tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades, evitando así que bancos, monopolios y multinacionales paguen tipos ridículos del 5% o el 6%.

¿Van a pagar más quienes más tienen?

Se prevé que en 2022 el Estado recaude 232.352 millones de euros en impuestos. Nunca se había recaudado tanto, esta es una novedad. Pero la mayoría de impuestos los seguimos pagando los mismos.

El 89,47% de la recaudación fiscal proviene de los impuestos que pagamos los trabajadores y las clases populares: el IRPF, que grava los salarios, el IVA, que penaliza el consumo al margen del nivel de renta, o impuestos especiales -gasolina…- que acabamos pagando toda la población.

Por el contrario, el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios, apenas supone un 10% de la suma de todos los impuestos.

El anuncio de la implantación de un tipo mínimo del 15% en sociedades, dirigido especialmente a bancos, monopolios y multinacionales, supondrá un aumento de la recaudación de… 400 millones de euros, que GESTHA, el mayor sindicato de técnicos de Hacienda, reduce a solo 260 millones. ¿Cómo es posible?

La razón es que el gobierno ha elegido para implantarlo la vía más favorable para las grandes empresas. Aplicarlo no sobre los beneficios, sino sobre la base imponible.

Los bancos y monopolios utilizan un complejo sistema de bonificaciones y créditos fiscales, con los que reducen la parte de los beneficios por la que pagan impuestos, limitándola a una “base imponible” mucho más reducida.

Los “grupos consolidados” -apenas 5.521 gigantes financieros y monopolistas- pagan por sus beneficios reales un tipo de entre el 4,22% y el 5,26%. Es entre cuatro y cinco veces menos que el tipo aplicado a un trabajador o a una pyme. Concentran el 60% de todo el beneficio empresarial, pero pagan solo el 32% del total recaudado por el impuesto de sociedades.

Pero ¿quién paga este récord de gasto público? La respuesta es decepcionante. Para que bancos, monopolios y multinacionales dejen de pagar a Hacienda casi 21.000 millones anuales, se han incrementado los impuestos que pagamos los trabajadores y las clases populares.

Sin embargo, cuando se utiliza como referencia la “base imponible” -mucho más pequeña que sus beneficios reales-, los bancos y monopolios pueden presentar que pagan en impuestos el 19,3%… cuatro puntos más de lo que ahora les “exige” el gobierno.

Se remite la solución a este atraco a un grupo de expertos que presentará el año próximo una “revisión general del sistema fiscal”. Pero, de entrada, eso supone que al menos durante los dos próximos años va a perpetuarse este atraco fiscal, que además de injusto cuesta mucho dinero a las arcas públicas.

Los números son claros. Para que bancos, monopolios y multinacionales dejen de pagar a Hacienda casi 21.000 millones anuales, se han incrementado los impuestos que pagamos los trabajadores y las clases populares.

Esta es la mayor y más oscura “sombra” de estos presupuestos. Sin una política fiscal auténticamente progresiva, donde de verdad paguen más quienes más tienen, en el mejor de los casos el aumento del gasto social deberá financiarse con el recurso a más deuda, que acabaremos pagando todos.

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Los “riesgos”

Al no aplicar políticas de redistribución de la riqueza, a través de una política fiscal realmente progresiva, se fía el aumento del gasto social y la inversión a una apuesta de alto riesgo: aumentar la dependencia de la financiación exterior a través de diferentes vías.

Se han incorporado a estos presupuestos hasta 27.633 millones de euros que deberán aportar los fondos europeos. Se afirma que sin esta inyección hubiera sido imposible incrementar la inversión y el gasto social, pero se eluden los peligros que entraña.

Para recibir este dinero, España será examinada semestralmente. En 2022 deberá ejecutar una reforma de las pensiones, donde Bruselas exige tomar medidas para recortarlas y avanzar en su privatización, y una reforma laboral que para la Comisión Europea debe ser “integral y ambiciosa”, respetando aquellos puntos de la reforma de 2013 que más han contribuido a recortar salarios y aumentar la precariedad. Y en 2023 una “reforma fiscal” donde solo se han avanzado subidas de impuestos a las clases populares, como el IVA.

Al no aplicar políticas de redistribución de la riqueza, a través de una política fiscal realmente progresiva, se fía el aumento del gasto social y la inversión a una apuesta de alto riesgo: aumentar la dependencia de la financiación exterior a través de diferentes vías.

Y sobre este “calendario de reformas” se cierne un oscurantismo que no augura nada bueno. El gobierno acaba de firmar un contrato con la Comisión Europea, bautizado como Operational Arrangement, donde se fijan los mecanismos para que Bruselas evalúe si España cumple los compromisos necesarios para recibir los fondos. Un documento que ya se anuncia no se hará público en España.

A esto se une otro riesgo relacionado con el elevado coste del aumento de la deuda exigido por la pandemia, que en España se ha disparado hasta el 125,3% del PIB.

El gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir el déficit público desde el 10,95% con que se cerró 2010 al 3,4% en 2024. Y anuncia que será posible hacerlo sin recortes gracias al aumento de ingresos generado por el crecimiento económico.

Pero sobre nosotros pende una doble espada de Damocles. Por un lado, el BCE, con su masiva compra de deuda ha permitido limitar o incluso bajar los intereses a pagar. Si, como algunos anuncian, el BCE deja de comprar deuda o limita su apoyo, subirán los intereses a pagar. Por otro lado, está en cuestión hasta cuando mantiene suspendidas la Comisión Europea las reglas que obligaban a limitar la deuda y el déficit. Si se retoman a partir de 2023 -y en eso va a influir decisivamente la posición de Alemania-, aumentará la presión para ejecutar recortes.

Estos presupuestos presentan un aumento real del gasto social, derivado de la presión de la mayoría social progresista. Y por eso son atacados por algunos de los sectores más reaccionarios, que reclaman ya una política de “recortes sin complejos”.

Pero sin una auténtica política de redistribución de la riqueza, que obligue a pagar más a los que más tienen, esos avances serán siempre limitados e insuficientes, y será imposible que exista realmente una “recuperación justa”.