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Las presiones para incluir las pensiones en el ‘Pacto de Rentas’ anunciado por el Gobierno, y que ya ha empezado a negociar con los ‘agentes sociales’, aumentan cada día y desde distintos frentes: Banco de España, BBVA, la CEOE, e instituciones como la AIREF o FUNCAS. ¿Nos preparan para un nuevo retroceso como el sufrido entre 2013 y 2018?
En el último año, gastos como el de la calefacción, la luz o el agua se han encarecido un 68,3%, los aceites y grasas un 32,1%, el transporte personal un 19,3%, los huevos y la leche un 11% y la carne y el pescado un 10% en algunos momentos del año. La cesta de la compra y los gastos más básicos del día a día se han convertido en un serio problema para el conjunto de la población, también para los pensionistas. La inflación ha alcanzado un 9,8% en marzo, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo sin precedentes desde hace décadas. Los precios han subido un 10% pero las pensiones se han revalorizado un 4%. Es decir, los pensionistas son un 6% más pobres, lo que se convierte en dramático para algo más de 2 millones de pensionistas que perciben pensiones mínimas y para el medio millón al que le corresponde una no contributiva.
A esta situación, ya de una enorme gravedad, hay que añadir las presiones para que la revalorización deje de producirse según el IPC. Aplicando la revalorización según el IPC, de acuerdo a la media interanual – calculada de noviembre de 2021 a noviembre de 2022 – las pensiones deberían subir un 7,2% el año que viene, lo que puede llegar a suponer 12.334 millones de euros.
El año pasado, la banca y los monopolios del IBEX35 obtuvieron 60 mil millones de euros de beneficios, y hasta ahora no han tenido que asumir el esfuerzo de la recuperación, ni de la crisis anterior, ni la provocada por la pandemia, que ha recaído sobre las espaldas de las clases populares.
Las presiones crecen
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la patronal CEOE, la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) y el Banco de España –además de grupos políticos como PP y Ciudadanos–, están exigiendo al Gobierno que incluya las pensiones en el anunciado Pacto de Rentas, lo que significaría que no se revalorizasen según el IPC el año que viene.
Esta es la consecuencia más directa del proceso actual de recortes que se prepara para sostener los beneficios de la banca y los monopolios pese a las dificultades generadas por la invasión de Ucrania. Y mientras la revalorización de las pensiones siga dependiendo de acuerdos, compromisos y promesas, los recortes serán la alternativa cada vez que una ‘turbulencia económica’ vuelva a golpear a nuestro país.
La inflación, este nuevo retroceso y los recortes que exige Bruselas son las tres caras de una misma moneda, la de la privatización
El Pacto de Rentas se entiende como una negociación en la que ‘todas las partes’ ceden para soportar los costes de la crisis. La realidad es que hasta ahora no ha significado más que financiar los beneficios de un pequeño puñado de bancos y monopolios, junto a los del capital extranjero. Si nos dirigimos a la referencia que se utiliza, los Pactos de la Moncloa de 1977, no se hizo otra cosa que congelar o reducir los salarios, abaratar el despido y aumentar la temporalidad.
Hay que entender, además, que esto se da en el marco de las persistentes presiones para recortar las pensiones de forma estructural y permanente, tanto por parte del FMI, que exige alargar el periodo para calcular la cuantía de la pensión, de los 25 a los 35 años, lo que supone una pérdida de hasta un 15% –según algunos sindicatos–, como por parte de Bruselas, que condiciona la recepción de los 140 mil millones en ayudas por la crisis provocada por la pandemia, a la ejecución de una reforma de las pensiones que incluya este cambio.
Después de la aprobación de la Ley sobre los Planes de Empresa, que Bruselas exige que se haga antes del 30 de junio, la tercera etapa de la reforma de las pensiones tiene como eje prolongar los años que se toman como referencia para calcular la pensión.
Como un francotirador
Como el francotirador alemán de la película de Annaud –‘Enemigo a las puertas’ (2001)– determinadas entidades han hecho fama por su ferocidad, eficacia y persistencia, en el objetivo de recortar y privatizar por etapas las pensiones públicas. No hace ni 1 año que el movimiento en defensa de las pensiones públicas conseguía una victoria recuperando la revalorización según el IPC. Tras 5 años de movilizaciones, la reforma de Rajoy quedó desarticulada en dos de sus principales puntales, el 0,25% y el factor de sostenibilidad. Pero ahora vuelven a la carga. A las dudas y los peligros que se vienen denunciando en el proceso de la nueva reforma, se une ahora las prensiones para un nuevo retroceso, volviendo a perder el IPC como referencia.
La inflación, este nuevo retroceso y los recortes que exige Bruselas y que sobrevuelan sobre la nueva reforma, son las tres caras de una misma moneda, la de la privatización del Sistema Público de Pensiones, con viejos proyectos, nuevas formas, aprovechando las actuales circunstancias.
Cada vez son más quienes se reafirman en la necesidad de blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución
Aunque el Gobierno, y particularmente las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz, se han encargado de asegurar que la revalorización no corre peligro, cada vez son mayores las presiones para que los recortes –en una sola dirección, la de las clases populares–, que ya se dan por seguros en ese ‘Pacto de Rentas’, se extiendan a las pensiones.
Por eso, cada vez son más quienes se reafirman en la necesidad de blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución, prohibiendo de forma explícita la pérdida de poder adquisitivo, tal y como defiende la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (www.blindarlaspensiones.es).
No vamos a tardar en escuchar opiniones del tipo –ya hay declaraciones en esa dirección–: ‘nadie entendería que todo el mundo se tenga que apretar el cinturón y los pensionistas no’. Forma parte de la estrategia de señalar a otros como responsables de lo que solo un pequeño grupo de bancos y monopolios lo son. En fin, tienen parte de razón, pero cambien ‘los pensionistas’, por ‘los que se han beneficiado de las anteriores crisis hasta ahora’.