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Cuando se cumplen 7 meses de la barrancada del Poyo con 228 muertos, la instrucción sigue firme su curso para resolver si las muertes eran evitables, y por tanto buscar la responsabilidad sobre lo sucedido. Mientras miles de familias, trabajadores y comerciantes tratan de normalizar su vida.
Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del juzgado de instrucción 3 de Catarroja, inundado también aquel 29 de octubre, es una figura clave para determinar las responsabilidades de lo sucedido. Es la jueza de la Dana. Valga decir, para muchos valencianos, la jueza de la dignidad. Ha desbrozado el camino de la investigación para esclarecer la responsabilidad sobre las 228 muertes. Bajo una contundente premisa: los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí. Según recoge en varios autos “investiga los homicidios y las lesiones asociados a una actuación negligente y cometidos por imprudencia grave”. Ha apartado de la instrucción toda querella sobre los daños materiales o de acusaciones ajenas a los fallecidos o lesionados.
Todos las causas por homicidio y lesiones han sido centralizadas por la justicia en la instrucción de la jueza de Catarroja. Cuyo sumario tiene ya casi 2 mil páginas.
Cada paso de la instrucción se encamina a establecer qué sucedió el día 29 de octubre. Y lo hace sacando a la luz los terribles testimonios de los afectados y las familias de las víctimas mortales.
Cada paso va señalando con claridad a los responsables.
Uno de los primeros pasos ha sido determinar la responsabilidad sobre la gestión de la emergencias en la Comunidad Valenciana. Aclarando que en el sistema autonómico la respuesta ante la crecida o la gestión de la alarma recaen en el gobierno autonómico y por tanto los primeros imputados fueron la ex ‘consellera’ de emergencias Salomé Pradas y su segundo Emilio Argüeso. La ‘consellera’ es responsable primera y única del Cecopi (centro coordinación operativa integrado) durante la emergencia.
El presidente autonómico Carlos Mazón, responsable del nombramiento de la consellera, es aforado y no puede estar sujeto a imputación por el juzgado de Catarroja. Ha sido llamado a declarar voluntariamente en dos ocasiones pero se ha negado.
La instrucción deja clara que la responsabilidad sobre cuándo se envían las alarmas o la declaración de emergencia 3 que hubiera trasladado la gestión al gobierno central (como sí hizo en el apagón) era exclusiva del gobierno valenciano. Un golpe en la línea de flotación del argumentario del PP, que ha tratado de desviar la responsabilidad al gobierno de Pedro Sánchez.
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Los hechos de la instrucción
La instrucción de la jueza de Catarroja va desvelando los hechos de la fatídica tarde en la Horta Sud de Valencia:
- Hubo casi 20 mil llamadas de emergencia al 112 (que comparte edificio con el Cecopi y cuyo responsable es el propio Argüeso) desde aproximadamente las 17h, en que se recibieron más de 4 mil llamadas.
- La confederación hidrográfica del Júcar monitoreó la crecida del barranco del Poyo hasta casi las 18h cuando varios caudalímetros quedaron destruidos.
- Se detallan conversaciones del Cecopi barajando la posibilidad de enviar el mensaje de alerta hasta una hora y media antes de las 20:11 (la mayoría de víctimas fallecieron entre las 19h y las 20h, otras incluso antes).
- Mazón estuvo “desaparecido” desde las 14h hasta las 20:28 cuando se supone volvió al Cecopi. Ha tenido que desvelar parte de su agenda aquella tarde, como que estuvo en una comida de “trabajo” en el Ventorro.
Pero la instrucción también desmonta todos los argumentos que tratan de desviar la responsabilidad del actual gobierno autonómico:
- Combate la idea de que la inundación se debe a que no se hicieron unas obras en el cauce de la Rambla del Poyo.
- Acalla la idea de que la CHJ solo informó sobre el río Magro y la presa de Forata. Queda claro que no existía peligro de rotura. Y que sí transmitía información del Poyo.
- También niega la relación de la falta de limpieza del cauce de los barrancos y ramblas con las muertes.
La Audiencia Provincial de Valencia también se ha ido pronunciando en las últimas semanas, respaldando y legitimando los autos de la jueza de la Dana. Tanto los de imputación sobre Pradas y Argüeso, como con rechazar como investigada a la delegada del gobierno Pilar Bernabé (Hazte oir o el PP tratar de extender la responsabilidad al gobierno central y su delegada), ya que la competencia exclusiva de la protección civil y la emergencia 2 corresponde al gobierno autonómico.
Las víctimas, los afectados y la sociedad valenciana exigimos responsabilidad. La instrucción sigue.