Cargando...«Lo que se preveía como un debate sin sorpresas resultó todo lo contrario. Las mayorías para aprobar el decreto fueron diferentes de las previstas y, sobre todo, Zapatero, en respuesta a las exigencias de la reciente cumbre franco-alemana, propuso reformar la Constitución para incluir en su texto «una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo» que vincule a todas las Administraciones públicas. Fue una propuesta inesperada, fruto de una decisión tomada en las últimas horas, que contradice la posición de su partido y del candidato Rubalcaba, y que Rajoy aceptó de inmediato, ya que hace un año hizo una propuesta similar.»
La raidez con la que se ha verificado el paso a la posición contraria, desairando el criterio defendido por el candidato Rubalcaba, evidencia más bien la necesidad del Gobierno de trasladar un nuevo mensaje contundente a los mercados, ante el riesgo de graves convulsiones financieras en los próximos meses. El Ejecutivo teme que las turbulencias de agosto continúen y que la prima de riesgo española vuelva a sufrir en un contexto de estancamiento de la economía. Se trataría, por tanto, de una medida dolorosa para Zapatero, un nuevo sacrificio en el altar de los mercados. El Gobierno necesita dotar de sentido político los dos meses que faltan para el inicio de la campaña electoral. Pero proponer desde una situación de debilidad una medida de tanto calado puede ser discutible. (EL PAÍS) EL MUNDO.- La cuestión de fondo es que, en nuestro caso, esa reforma constitucional no es voluntaria, viene impuesta desde fuera. La prueba es que pudo haberse hecho hace un año, cuando la propuso Rajoy. Entonces el PSOE se opuso e incluso su hoy candidato a la Presidencia del Gobierno trató de ridiculizarla. Si ahora la aceptan Zapatero y Rubalcaba no es como consecuencia de su convencimiento o de un debate interno, sino porque se ven obligados a pasar por el aro. En realidad, estamos ante una situación similar a la de mayo de 2010, que obligó al Gobierno a actuar al dictado de Bruselas. Entonces el presidente metió la tijera en las nóminas de los empleados públicos y en las pensiones. Aparentemente lo de ahora es menos traumático, pero supone una deshonrosa cesión de soberanía. CINCO DÍAS.- El Consejo de Ministros aprobará el viernes un paquete de medidas en el terreno laboral para fomentar la contratación, sobre todo de jóvenes parados. La primera de estas iniciativas que aún no está cerrada y que es también la más inesperada consiste en dar barra libre a los contratos temporales, cuyo encadenamiento está limitado ahora por ley para evitar su abuso. Para ello, los técnicos que elaboran estos días el citado decreto de medidas laborales barajan eliminar directamente el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Con toda seguridad, los sindicatos rechazarán contundentemente esta medida, que fue uno de sus mayores logros en la reforma de 2006, ya que traslada a la ley su histórica reivindicación de poner coto al abuso de los contratos temporales Editorial. El País Mensaje a los mercados El presidente del Gobierno logró ayer que el Congreso convalidara el decreto ley aprobado en la última reunión del Consejo de Ministros, que incluye diversas medidas para reducir el déficit. Lo que se preveía como un debate sin sorpresas resultó todo lo contrario. Las mayorías para aprobar el decreto fueron diferentes de las previstas y, sobre todo, Zapatero, en respuesta a las exigencias de la reciente cumbre franco-alemana, propuso reformar la Constitución para incluir en su texto "una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo" que vincule a todas las Administraciones públicas. Fue una propuesta inesperada, fruto de una decisión tomada en las últimas horas, que contradice la posición de su partido y del candidato Rubalcaba, y que Rajoy aceptó de inmediato, ya que hace un año hizo una propuesta similar. El apoyo mayoritario que ayer obtuvo la reforma no resuelve las dudas acerca de la conveniencia de fijar un límite de déficit en la Carta Magna. En España existen mecanismos igualmente eficaces que, además, refuerzan la estabilidad del texto constitucional. Incluir al máximo nivel legal disposiciones que pertenecen al ámbito de las decisiones de Gobierno y que en ocasiones no pueden cumplirse por imposibilidad material de hacerlo, erosiona el concepto de constitucionalidad. Hasta el pleno de ayer, esta era la posición del Gobierno, al menos en palabras de la vicepresidenta Salgado. La rapidez con la que se ha verificado el paso a la posición contraria, desairando el criterio defendido por el candidato Rubalcaba, evidencia más bien la necesidad del Gobierno de trasladar un nuevo mensaje contundente a los mercados, ante el riesgo de graves convulsiones financieras en los próximos meses. El Ejecutivo teme que las turbulencias de agosto continúen y que la prima de riesgo española vuelva a sufrir en un contexto de estancamiento de la economía. Se trataría, por tanto, de una medida dolorosa para Zapatero, un nuevo sacrificio en el altar de los mercados. El Gobierno necesita dotar de sentido político los dos meses que faltan para el inicio de la campaña electoral. Pero proponer desde una situación de debilidad una medida de tanto calado puede ser discutible. Hasta el inicio de la campaña para el 20-N, España se encuentra en una situación política singular. La decisión de anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación sobre la fecha en la que se hará efectiva coloca a las instituciones en un extraño compás de espera. Mientras dure, la única preocupación de los grupos será no cometer errores, evitando aparecer demasiado próximos al Gobierno, pero también demasiado alejados, para que no se les reproche falta de colaboración para combatir la crisis. Así se explica que el grupo socialista convalidara ayer el decreto del pasado viernes apoyándose más en las abstenciones que en los votos a favor. EL PAÍS. 24-8-2011 Editorial. El Mundo Merkel obliga a hacer la reforma que pidió Rajoy REFORMAR la Constitución para que se fije en ella la obligatoriedad de garantizar la estabilidad presupuestaria puede ser una buena iniciativa, pero tiene inconvenientes. Por eso, cuando Merkel y Sarkozy propusieron la semana pasada que, antes de un año, todos los países de la zona euro asuman un techo de déficit en sus constituciones, mostramos algunas reservas. Es verdad que la medida permite introducir rigor en las cuentas y garantiza que no habrá gobiernos manirrotos en el futuro. Pero también limita la capacidad de maniobra: puede haber momentos en los que las economías nacionales necesiten estímulos y se vean entonces imposibilitadas para recurrir al déficit. Pero la cuestión de fondo es que, en nuestro caso, esa reforma constitucional no es voluntaria, viene impuesta desde fuera. La prueba es que pudo haberse hecho hace un año, cuando la propuso Rajoy. Entonces el PSOE se opuso e incluso su hoy candidato a la Presidencia del Gobierno trató de ridiculizarla. Si ahora la aceptan Zapatero y Rubalcaba no es como consecuencia de su convencimiento o de un debate interno, sino porque se ven obligados a pasar por el aro. En realidad, estamos ante una situación similar a la de mayo de 2010, que obligó al Gobierno a actuar al dictado de Bruselas. Entonces el presidente metió la tijera en las nóminas de los empleados públicos y en las pensiones. Aparentemente lo de ahora es menos traumático, pero supone una deshonrosa cesión de soberanía. Y a esa extrema debilidad hemos llegado por la pésima gestión del Ejecutivo y por su incapacidad para dar garantías a nuestros acreedores. Es muy sintomático que Zapatero se negara ayer por dos veces a responder a Rajoy si ha recibido una carta del presidente del BCE exigiéndole nuevas reformas. Quien calla otorga. Lo que parece claro es que Merkel no apoyaría la compra de deuda española sin contrapartidas. De la misma forma que Grecia, Portugal e Irlanda han tenido que hacer concesiones, también Italia y España. Esa es la prueba de que estamos bajo un rescate encubierto. En esa línea, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes algunas medidas de tipo laboral que desmontan su manido discurso contra el empleo precario, como la supresión a partir de ahora del límite para encadenar contratos temporales. La decisión de modificar la Constitución tiene también derivadas vinculadas con el modelo de Estado, pues sujeta a las autonomías a la disciplina fiscal que establezca el Gobierno central. No es casual que los nacionalistas catalanes y vascos anunciaran de inmediato su oposición a la medida, que interpretan como una amenaza al autogobierno. Pero la posición de los nacionalistas ha quedado muy debilitada después de que el Tribunal Constitucional estableciera el mes pasado que el Estado puede imponer a las comunidades objetivos de estabilidad presupuestaria. Otras voces se alzaron ayer reclamando un referéndum para aprobar la modificación de la Carta Magna. Hay que decir que esta reforma es una de las que no requiere ser votada por los ciudadanos, pero además, tampoco existe margen en la práctica para decir que no, porque en las actuales circunstancias ello supondría poco menos que llevar al país al matadero. Lo que sí es exigible y recomendable, en cambio, es que en la próxima legislatura se acometa una reforma a fondo de la Constitución que afecte a títulos fundamentales -como la sucesión en la Corona o el cierre del modelo territorial- y que el proceso desemboque, entonces sí, en el preceptivo referéndum. EL MUNDO. 24-8-2011 Mercado laboral. Cinco Días El Gobierno quiere quitar el límite para encadenar contratos temporales R. Pascual El Consejo de Ministros aprobará el viernes un paquete de medidas en el terreno laboral para fomentar la contratación, sobre todo de jóvenes parados. La primera de estas iniciativas que aún no está cerrada y que es también la más inesperada consiste en dar barra libre a los contratos temporales, cuyo encadenamiento está limitado ahora por ley para evitar su abuso. Para ello, los técnicos que elaboran estos días el citado decreto de medidas laborales barajan eliminar directamente el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que establece lo siguiente: "los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos". Con toda seguridad, los sindicatos rechazarán contundentemente esta medida, que fue uno de sus mayores logros en la reforma de 2006, ya que traslada a la ley su histórica reivindicación de poner coto al abuso de los contratos temporales. No obstante, esta cesión a los empresarios podría ser el pago a la renuncia por parte del Gobierno a flexibilizar los contratos a tiempo parcial, algo que estaba previsto hacer también el viernes y que debido a la presión de CC OO y UGT, que rechazaban este cambio, se ha caído del orden del día. El resto de medidas que serán aprobadas el viernes son las siguientes: Más formación El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará "adaptaciones en las modalidades de contratación para favorecer el acceso de los jóvenes al empleo y su formación". Fuentes cercanas al Ejecutivo informaron que aprobará una modificación del contrato de formación de forma que, durante dos años se pueda hacer a jóvenes de hasta 30 años y transcurrido ese tiempo vuelva a limitarse a los 25, como es ahora. Al mismo tiempo, se ampliará el porcentaje de jornada durante la cual el joven debe ser formado, actualmente fijado en el 15%, en una cifra aún no cerrada. Conversiones El decreto del viernes ampliará (probablemente hasta finales de 2012) las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable (con indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades). Fogasa Se extenderá hasta 2013 la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abone 8 días de la indemnización por despido de las extinciones objetivas procedentes. Está previsto que el Fogasa se integre en el Servicio Público de Empleo para dotar a este organismo de más plantilla. 400 euros Trabajo también ha conseguido vencer las resistencias de los responsables del Departamento de Economía para prorrogar por seis meses más el plan Prepara, que incluye una ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado toda prestación. Fondo despidos Se traslada el compromiso de crear un fondo de capitalización individual de cada trabajador para costearse la prestación por desempleo al primer semestre de 2013. CINCO DÍAS. 24-8-2011