Cargando...«Ex ministros como Josep Borrell, Juan Fernando López Aguilar o Jordi Sevilla; diputados como Antonio Gutiérrez, José Antonio Pérez Tapias, Manuel de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos; barones regionales como Tomás Gómez y Guillermo Fernández Vara; alcaldes como Ángel Ros (Lleida); un amplio sector del Partido Socialista de Catalunya (PSC) y hasta el propio Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo de campaña han expresado en las últimas horas, en público y en privado, su malestar hacia una reforma para limitar el gasto público que no comparten ni en el fondo ni en la forma.»
Cuando faltan cinco días ara que se inicie la tramitación parlamentaria del proyecto que el PSOE y el PP siguen discutiendo contrarreloj, la amenaza de una rebelión en las filas socialistas para forzar un referéndum ha dejado de ser una mera hipótesis. Sobre todo después de que un destacado sector del PSC, encabezado por su portavoz parlamentario, Joaquim Nadal, el alcalde de Lleida, Ángel Ros -uno de los dirigentes con más peso en el partido-, y la corriente crítica Esquerra Socialista haya cuestionado abiertamente la decisión de Zapatero. (EL CONFIDENCIAL) PÚBLICO.- Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15 EL PAÍS.- El temor a una nueva recesión, la tormenta en los mercados y las exigencias del Banco Central Europeo para comprar deuda española han llevado al presidente del Gobierno a pedir ayuda a los agentes sociales. El miércoles 17 de agosto, Zapatero convocó a una reunión secreta en La Moncloa a los líderes de la CEOE, CC OO y UGT. Sobre la mesa una petición: que prolonguen hasta 2014 —año al que se pretende llegar con un déficit del 3% del PIB— el acuerdo de negociación colectiva que acaba en 2012 y que recomienda a los negociadores de convenios moderación salarial. Opinión. El Confidencial La reforma de la Constitución subleva al PSOE y amenaza con romper la disciplina de voto J. L. Lobo El goteo de voces críticas en el seno del PSOE contra la reforma de la Constitución para fijar un techo de gasto impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado paso a un vendaval de descontento que amenaza con dividir en dos a los socialistas y romper la disciplina de voto del partido. Ex ministros como Josep Borrell, Juan Fernando López Aguilar o Jordi Sevilla; diputados como Antonio Gutiérrez, José Antonio Pérez Tapias, Manuel de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos; barones regionales como Tomás Gómez y Guillermo Fernández Vara; alcaldes como Ángel Ros (Lleida); un amplio sector del Partido Socialista de Catalunya (PSC) y hasta el propio Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo de campaña han expresado en las últimas horas, en público y en privado, su malestar hacia una reforma para limitar el gasto público que no comparten ni en el fondo ni en la forma. Para tratar de controlar el incendio, Rubalcaba ha asumido personalmente las riendas de la negociación con el PP del proyecto de ley de reforma constitucional, tras asegurar ayer que no va a suponer "en ningún caso" recortes sociales. Pero cuando faltan cinco días para que se inicie la tramitación parlamentaria del proyecto que el PSOE y el PP siguen discutiendo contrarreloj, la amenaza de una rebelión en las filas socialistas para forzar un referéndum ha dejado de ser una mera hipótesis. Sobre todo después de que un destacado sector del PSC, encabezado por su portavoz parlamentario, Joaquim Nadal, el alcalde de Lleida, Ángel Ros -uno de los dirigentes con más peso en el partido-, y la corriente crítica Esquerra Socialista haya cuestionado abiertamente la decisión de Zapatero. "Cuesta mucho de entender que ahora sea fácil lo que durante tantos años ha sido difícil", afirmó ayer Nadal a través de su cuenta en la red social Twitter, en alusión a la incumplida promesa electoral de Zapatero de modificar la Carta Magna para acabar con la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona o transformar el Senado en una Cámara de representación autonómica. "¿Quién ha levantado la veda establecida con la Constitución?", se preguntaba el dirigente del PSC. Ros, por su parte, advirtió de que la reforma constitucional no puede hacerse a costa de "hipotecar el futuro de Cataluña" ni de "reducir su autonomía financiera". Y envió un recado envenenado a los 25 diputados del PSC en el Congreso: que voten la próxima semana pensando, sobre todo, en el autogobierno catalán. Un "enorme error" Mucho más radical fue el mensaje de Esquerra Socialista, una corriente crítica del PSC con gran implantación en las bases del partido, que llamó directamente a la rebelión contra Zapatero de todos los diputados socialistas en el Congreso para "obligarlo a rectificar su enorme error" y forzarlo a convocar un referéndum en el que los ciudadanos ratifiquen o rechacen una reforma constitucional "impuesta por Alemania y la derecha europea". Esquerra Socialista considera que la decisión de Zapatero "condicionará el programa electoral" de Rubalcaba y "tendrá repercusión directa" en los presupuestos destinados a sanidad, educación, servicios sociales o pensiones. La aprobación del proyecto de ley de reforma constitucional está virtualmente asegurada -PSOE y PP suman 321 de los 350 escaños del Congreso, y son necesarios 210 votos para que el proyecto salga adelante-, pero el riesgo de que una parte de los diputados socialistas se salte posteriormente la disciplina de partido y reclame un referéndum no está, ni mucho menos, conjurado. El Gobierno y el PP no quieren ni imaginar ese escenario, que haría imposible la reforma de la Carta Magna antes de las elecciones generales del 20-N. Pero si el 10% de los miembros del Congreso (35 diputados) o del Senado (26 senadores) exige que se celebre una consulta popular en los 15 días posteriores a la aprobación del proyecto de ley, Zapatero estaría obligado a convocarla. Los diputados de la oposición -salvo el PP- sólo suman 29 escaños, insuficientes para forzar un referéndum. Pero al menos cuatro diputados socialistas ya han amenazado con romper la disciplina de voto. El más explícito fue Antonio Gutiérrez, que aseguró ayer que votará en contra de la reforma de la Constitución. El ex secretario general de CCOO, que ya votó en contra de la reforma laboral del Gobierno, reveló, además, que no repetirá en las listas del PSOE para la próxima legislatura: "Francamente, así no quiero continuar". El malestar en el PSOE, lejos de ser testimonial, crece día a día y amenaza con desbordarse. Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo y ex candidato socialista a La Moncloa -tras vencer a Joaquín Almunia en las primarias-, lo dijo ayer muy claro: "No votaría a favor" de la reforma, que definió como "un sacrificio ritual a las exigencias de la señora Angela Merkel". En su opinión, la modificación constitucional para alcanzar el déficit cero supone "renunciar a un instrumento de la política económica que en algún momento puede ser útil o incluso necesario" debido a las "circunstancias cambiantes de la economía". EL CONFIDENCIAL. 25-8-2011 Opinión. Público Un referéndum necesario Vicenç Navarro Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española. Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país. Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora. El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo. Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español. Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit. De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia. PÚBLICO. 25-8-2011 Crisis. El País Zapatero pidió apoyo a sindicatos y patronal en una reunión secreta Manuel V. Gómez El temor a una nueva recesión, la tormenta agosteña en los mercados y las exigencias del Banco Central Europeo para comprar deuda española han llevado al presidente del Gobierno a pedir ayuda a los agentes sociales. El miércoles 17 de agosto, José Luis Rodríguez Zapatero convocó a una reunión secreta en La Moncloa a los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez. Sobre la mesa una petición: que prolonguen hasta 2014 —año al que se pretende llegar con un déficit del 3% del PIB— el acuerdo de negociación colectiva que acaba en 2012 y que recomienda a los negociadores de convenios moderación salarial. La petición del Gobierno tuvo ayer sus primeros frutos, sindicatos y patronal se reunieron para desbloquear la negociación colectiva de 2011 como paso previo a esa prórroga. Las reclamaciones del BCE para comprar deuda española han inspirado al Gobierno. En la misiva que envió el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, a Zapatero hace un par de semanas había recomendaciones sobre política fiscal y laboral. Fuentes gubernamentales apuntan que pedía “medidas que incidan en la recuperación de la competitividad a través de una mayor productividad y una moderación en los costes empresariales”. O, lo que es lo mismo: contención salarial. En las dos páginas de la nota preparatoria de la reunión, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno reclama que en la prórroga se establezcan como criterios de revisión salarial que se contemple la inflación prevista y “la evolución de la productividad en cada empresa”. ¿Objetivo? “Moderación salarial y del conjunto de las rentas”, reza el papel. En la misma reunión, Méndez y Toxo recogieron el guante que les lanzó Zapatero. A cambio, exigieron estadísticas creíbles sobre la evolución de los salarios en España —defienden que el 2,6% que reflejan los datos de Trabajo son exagerados y no responden a la realidad de los convenios en 2011— y un viraje en la política económica para alcanzar un pacto de rentas. Es decir, un esfuerzo compartido por todos los estamentos sociales, “y no solo por los asalariados del sector privado”, exponen fuentes conocedoras del encuentro. La patronal, por su parte, también se mostró receptiva con la propuesta del Ejecutivo. No obstante, se mostró reticente a escenificar pacto alguno por falta de tiempo, lo que fue interpretado por las otras partes como una negativa a firmar nada antes de las elecciones legislativas del 20 de noviembre. El encuentro se celebró el pasado miércoles por la mañana. Se prolongó durante unas dos horas y contó con la presencia de Zapatero, Toxo, Méndez, Rosell y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, según apuntan varias fuentes conocedoras de la cita. En él, las tres partes acordaron que sindicatos y patronal se reunieran “a la mayor brevedad posible” para evaluar la situación de la negociación de convenios este año. Ese pacto tuvo su continuidad ayer con una reunión a mediodía entre los secretarios de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y de CC OO, Ramón Górriz, con el adjunto a la Secretaría General de la CEOE, Alberto Nadal, y el responsable del Departamento de Relaciones Laborales, José de la Cavada. En el encuentro, que duró en torno a una hora y media, se produjeron pocos avances. De hecho, se desatendió la pretensión del Ejecutivo de lanzar un comunicado en el que ambas partes se mostraran partidarias de renovar para 2013 y 2014 el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, nombre oficial del pacto. Sí que hubo acuerdo para continuar con las reuniones técnicas (la próxima tendrá lugar el 6 de septiembre), y se pactó una de los líderes de las tres organizaciones que tendrá lugar en los primeros días del próximo mes. Tanto la cita de ayer como, sobre todo, la del pasado 17 de agosto, suponen la recuperación del diálogo social al más alto nivel. Esta herramienta, de la que Gómez es un firme partidario, estaba adormecida tras el fracaso de las conversaciones para pactar la reforma de la negociación colectiva la pasada primavera. De hecho, las conversaciones a tres bandas que se prolongaron en julio para pactar medidas de reanimación del mercado laboral no han llegado a ningún puerto común. Al día siguiente del encuentro con Zapatero, Toxo y Méndez mandaron una carta a La Moncloa que hicieron pública. En ella ambos se muestran dispuestos a ampliar la vigencia temporal, sin más concreción, del actual Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. A cambio plantean sus exigencias. La primera es el desbloqueo de la renovación de los convenios pendientes para este año, más de la mitad a estas alturas de 2011. Además, piden un control de precios, sobre todo en energía, transporte público y alimentos, “mediante incluso una regulación pública durante un periodo de tiempo”. A estas reclamaciones, se suma uno de sus clásicos, la lucha contra el fraude y cambios en la política fiscal y ponen como ejemplo la recuperación del impuesto de patrimonio y el de sucesiones. La misiva sindical ponía sobre la mesa un cambio en todos los frentes de la política económica que abarcaba salarios, beneficios, impuestos, pensiones, empleo público, etcétera. Y no solo lo hacía después de la cita en La Moncloa, sino días después de que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzara una propuesta similar. Fuentes de ambos sindicatos niegan que estos movimientos obedezcan a una negociación soterrada con el Gobierno. No obstante, en las últimas fechas el Ejecutivo ha dado algún paso en la línea señalada por las centrales: rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva, desechar los cambios en los contratos a tiempo parcial anunciados (más próximos a las tesis patronales) o insinuar la recuperación del impuesto de patrimonio. EL PAÍS. 25-8-2011