Más facilidad para romper convenios

“El Ejecutivo ha planteado en un borrador modificar la cláusula de descuelgue, según la cual empresas y trabajadores pueden rebajar sus condiciones laborales al margen de los convenios nacionales o sectoriales. En la actualidad, esta cláusula ya está en vigor, pero es de difí­cil aplicación puesto que debe ser pactada en una comisión paritaria con los sindicatos, que tienen muchas posibilidades de vetarla”

La osibilidad que tiene una empresa en crisis de no cumplir un convenio colectivo por su cuenta con el fin de evitar un empeoramiento de la situación es denominada cláusula de descuelgue y, para poder ser aplicada, se necesita del acuerdo entre el empresario y los sindicatos de esa empresa. Si no se llega a un acuerdo, el procedimiento establecido hasta el momento consiste en encomendar la discusión y, por tanto la decisión, a la comisión paritaria de la empresa. En realidad, por la composición de las comisiones paritarias, el procedimiento que actualmente está en funcionamiento deja en poder de los sindicatos la decisión última, y la medida que está siendo estudiada por el Gobierno pretende darle la vuelta a esta situación (EL MUNDO) EL PAÍS.- En el corto plazo, todas las crisis dejan montones de perdedores y un puñado de ganadores. La crisis fiscal de la eurozona tiene también un ganador claro. Es Alemania. Y tampoco esta vez queda claro que ese triunfo vaya a redundar en el bienestar de todos los europeos. El euro se desploma y eso favorece el ya de por sí abultado superávit comercial alemán. Y el incendio en los mercados de deuda de los países periféricos deja el mismo caballo ganador: de nuevo Alemania. Nunca en los últimos 20 años su deuda había pagado tipos de interés tan bajos: el 2,5% en el bono a 10 años. Un punto menos que hace un año, y dos menos que antes de la quiebra de Lehman Brothers. Cuando nació el euro, hace una década, Alemania pagaba más del 5% por el famoso bund. Veinte años atrás, en plena reunificación, casi el 10%. Reforma laboral. El Mundo Más facilidad para romper convenios A. Escrivá / F. Pascual El Gobierno estudia la reforma de uno de los grandes tabúes del mercado laboral español: la negociación colectiva. El Ejecutivo ha planteado en un borrador modificar la cláusula de descuelgue, según la cual empresas y trabajadores pueden rebajar sus condiciones laborales al margen de los convenios nacionales o sectoriales. En la actualidad, esta cláusula ya está en vigor, pero es de difícil aplicación puesto que debe ser pactada en una comisión paritaria con los sindicatos, que tienen muchas posibilidades de vetarla. La novedad del borrador en estudio consiste en la introducción de un mecanismo cuya función sea la de resolver los conflictos que las citadas comisiones sean incapaces de desencallar. Se trataría, según fuentes de Moncloa, de un organismo externo a la empresa, probablemente dependiente de la Administración, que decidiría sobre cuáles deben ser las condiciones salariales o de trabajo en la empresa cuando no sea posible un acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores a la hora de aplicar el convenio colectivo sectorial o nacional. De prosperar esta medida, que por el momento se encuentra pergeñada en uno de los borradores elaborados por el Ejecutivo, se trataría de una reformulación del artículo 41 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que, de facto, implicaría una reforma de la negociación colectiva sin la intervención directa de los agentes sociales. Es ésta una circunstancia especialmente delicada porque en el mes de febrero sindicatos y patronal pactaron que en seis meses ellos resolverían este asunto al margen del Gobierno. Hasta el momento, según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos obligan a los empresarios y a los trabajadores. Y son asimismo los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa los que establecen las excepciones a su cumplimiento. Es decir, las condiciones y los procedimientos por los que pueden dejarse de aplicar los salarios o las condiciones laborales del convenio porque hacerlo dañaría la estabilidad de la empresa. La posibilidad que tiene una empresa en crisis de no cumplir un convenio colectivo por su cuenta con el fin de evitar un empeoramiento de la situación es denominada cláusula de descuelgue y, para poder ser aplicada, se necesita del acuerdo entre el empresario y los sindicatos de esa empresa. Si no se llega a un acuerdo, el procedimiento establecido hasta el momento consiste en encomendar la discusión y, por tanto la decisión, a la comisión paritaria de la empresa. En realidad, por la composición de las comisiones paritarias, el procedimiento que actualmente está en funcionamiento deja en poder de los sindicatos la decisión última, y la medida que está siendo estudiada por el Gobierno pretende darle la vuelta a esta situación. El Ejecutivo parte de la base de que el sistema de los convenios colectivos es muy rígido y entraña una absoluta imposibilidad de acomodar sus condiciones generales a las circunstancias concretas de las empresas. Y éste es un hecho que, en opinión del Gobierno, entraña una especial gravedad en una crisis de carácter sistémico como la que sufre nuestro país. Y si ésta es una medida que puede ser controvertida a la hora de defenderla ante los sindicatos, hay otra solicitada por los empresarios que el Gobierno, por el momento, se niega a aceptar. Se trata de la rebaja de las cotizaciones sociales: el Ministerio de Economía considera conveniente mantenerlas en las condiciones actuales. Otra de las medidas en estudio de la reforma laboral es la redefinición de las causas de despido objetivo de modo que se modifique la tendencia de los juzgados de lo social a pronunciarse en un porcentaje altísimo de ocasiones a favor del operario y se venza la resistencia a dictaminar un despido improcedente que, obviamente, perjudica en mucho mayor grado al trabajador. Es muy improbable que, a estas alturas, patronal, sindicatos y Gobierno lleguen a un acuerdo para reformar el mercado del trabajo. El viernes Comisiones Obreras aseguró que ya trabajaba para poner en marcha una huelga general, puesto que ésta «parece inevitable». Por tanto, estas medidas, incluida la modificación de la cláusula de descuelgue con la creación de un mecanismo que actúe como árbitro entre empresa y sindicatos, podrían aprobarse por decreto. Lo cierto es que el Ejecutivo se enfrenta a partir de mañana a 10 días decisivos. El lunes y el martes el Eurogrupo y el Ecofin examinarán el plan de ajuste del gasto aprobado la pasada semana por un solo voto en el Congreso de los Diputados. Ese mismo martes, los sindicatos han convocado la huelga de funcionarios en una protesta que, además de erigirse en el primer toque de atención serio al Ejecutivo, constituirá un examen a la capacidad de convocatoria de las centrales sindicales y calibrará el grado de enfado de los trabajadores. Probablemente el seguimiento de esta convocatoria tenga un peso cualitativo en la confirmación o no de una huelga general que se antoja inevitable. Superado este primer hito en la protesta laboral, para el miércoles está fijada la última reunión, la última oportunidad para desbloquear el diálogo social. En caso de que ésta fracase, el Gobierno ha anunciado que hará público el 16 de junio el Decreto de la Reforma, un día antes de acudir a una convocatoria del Consejo Europeo que en las actuales circunstancias es crucial. EL MUNDO. 6-6-2010 Opinión. El País Alemania siempre gana C. P. El capitalismo es la asombrosa idea de que los peores hombres harán las peores cosas para alcanzar el bienestar de todos. Siempre Keynes. En el corto plazo, todas las crisis dejan montones de perdedores (…) y un puñado de ganadores (…) La crisis fiscal de la eurozona tiene también un ganador claro. Es Alemania. Y tampoco esta vez queda claro que ese triunfo vaya a redundar en el bienestar de todos los europeos, a pesar de Keynes. El euro se desploma y eso favorece el ya de por sí abultado superávit comercial alemán. Y el incendio en los mercados de deuda de los países periféricos deja el mismo caballo ganador: de nuevo Alemania. Nunca en los últimos 20 años su deuda había pagado tipos de interés tan bajos: el 2,5% en el bono a 10 años. Un punto menos que hace un año, y dos menos que antes de la quiebra de Lehman Brothers. Cuando nació el euro, hace una década, Alemania pagaba más del 5% por el famoso bund. Veinte años atrás, en plena reunificación, casi el 10%. Esa caída de los intereses se explica por la huida en desbandada de los inversores hacia la seguridad. Alemania tiene una reputación intachable de buen pagador, y como país refugio se beneficia del bajo coste de su financiación cuando se incendian los mercados. Este es uno de esos momentos: la credibilidad deja un ahorro colosal en las arcas del Tesoro alemán, directamente proporcional al sobrecoste que paga ahora la periferia del sur del Europa. Pero tamaña caída también da disgustos. Hace unos días, Alemania sufrió para colocar una emisión de bonos a cinco años ante la muy baja rentabilidad que ofrecen sus bonos, por debajo del 1,5%. Aun así, los ahorros son millonarios. Alemania tenía una deuda pública de 1,76 billones de euros a finales del año pasado, el 73,2% del PIB. Según Barclays, asumiendo que el 20% de la deuda debe ser refinanciada cada año, al final Alemania se ahorra 3.500 millones anuales por cada punto que cae el coste de financiación de su deuda. Wolfgang Münchau, presidente de Eurointelligence, explica que los mercados valoran, ahora más que nunca, "el compromiso de Alemania con la reducción del déficit". "Los inversores creen que pase lo que pase en la eurozona siempre estarán seguros en Alemania. Y mientras persistan los rumores, Alemania seguirá beneficiándose de ese halo de refugio seguro: eso hace que el Ejecutivo alemán tenga muy poco interés en hacer desaparecer los rumores", relativos a posibles reestructuraciones de deuda en Grecia y Portugal, o incluso a un eventual fractura de la eurozona. Mientras las cosas sigan igual, los alemanes seguirán sacando provecho a esa situación: "Pueden recaudar mucho dinero de forma barata [con las emisiones de deuda] y obtener un gran retorno con los préstamos a los países con problemas", explica Münchau por teléfono. "El problema es que esas cosas funcionan bien hasta un determinado punto. Puede llegar el momento en el que Alemania se encuentre con un montón de deudas incobrables, y el sentimiento del mercado se vuelva en su contra como un vendaval", advierte. Las razones de la confianza de los mercados en Alemania están bien fundadas. Una regla constitucional limita al 0,35% del PIB el déficit del Estado, y al 0,15% el de los länder. La deuda total es elevada, pero inferior a la de otros países. "Quizá lo más importante es que Alemania llegó a esta crisis bien pertrechada: flexibilizó su mercado laboral y ganó competitividad en la eurozona y en los mercados asiáticos, cuya recuperación facilita su salida de la crisis y de paso la consolidación fiscal: eso es un círculo virtuoso", señala Tomás Baliño, ex ejecutivo del FMI. Y sin embargo, no todo son luces. Un parte importante de la banca alemana tiene serios problemas. El sistema de pensiones preocupa. Y, en definitiva, la crisis fiscal europea favorece ahorros en el pago de intereses, pero a la postre Alemania necesita que los compradores de sus exportaciones (los países más golpeados, en gran medida) sigan siendo capaces de comprarlas. "Si el resto de la UE se hunde en la recesión, Alemania también pagará las consecuencias", dice Luis Servén, del Banco Mundial. A Alemania se le achaca insolidaridad, pero el Ejecutivo de Angela Merkel responde con datos: aporta 22.400 millones al rescate griego, hasta 148.000 millones al bazuka para salvar el euro y el 20% del presupuesto de la UE, 10.000 millones al año. Y sin embargo los analistas achacan a Merkel buena parte del contagio de la crisis fiscal porque obligó a dilatar en exceso la respuesta europea y ha sembrado de dudas el futuro de la UE. Los alemanes están mejor porque hicieron las grandes reformas antes de la crisis. Son más competitivos. Y ahorran más. Pero a menudo pasan por alto que fueron los primeros en incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que sus bancos fueron los que más se metieron en el cenagal de las subprime, que han sacado inmensas ventajas económicas y financieras de la Unión. "Hay una cosa más: Alemania no va a cambiar. Porque le va muy bien así. Va a aprobar una subida de impuestos en lugar de incentivar la demanda interna, que es lo que la UE necesita para salir de la crisis. Pero olvida que si todo el mundo hiciera lo mismo el mundo iría directo hacia el desastre", remacha el economista Ángel Ubide desde Washington. Editorial. Un gesto político El debate sobre el estado de la nación, previsto para mediados de julio, se perfila como la última ocasión de que dispone el presidente Zapatero para acompañar su reciente, y correcto, giro económico con un gesto político que le permita recobrar, si no la credibilidad dilapidada, al menos el mínimo de autoridad imprescindible para encarar la elaboración de los nuevos Presupuestos. En la actual coyuntura económica, y al menos hasta constatar los apoyos parlamentarios de que disponga el Gobierno para aprobar las cuentas del próximo año, las alternativas teóricas para realizar ese gesto son limitadas. En realidad, se reducen a la solicitud de un voto de confianza al Parlamento y a la remodelación del Gabinete, improcedente mientras España ejerza la presidencia de la Unión Europea, que concluye este mes. La cuestión de confianza es desaconsejable no solo porque la votación de las resoluciones del debate sobre el estado de la nación será un signo inequívoco de la situación parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno; lo es también, y sobre todo, porque el riesgo de añadir incertidumbre política a la difícil situación económica es mayor que el eventual beneficio que cabría esperar. Podría darse la paradoja de que, aun en el supuesto de que Zapatero reuniese la mayoría requerida, no por ello obtuviera la confianza en el sentido político fuerte que exige este tiempo. Entre otras razones, porque la pérdida de esa confianza se debe principalmente al hecho de que el equipo de Zapatero está amortizado, en unos casos por la escasa autonomía que le ha concedido, desautorizando sus decisiones, y en otros por un problema de origen, que remite a la frívola selección de algunos de sus componentes. Sin una crisis de Gobierno, es previsible que la situación política siga deteriorándose hasta dejar a Zapatero sin margen de maniobra justo cuando más lo necesite. Pero, de llevarla a cabo, la crisis no puede parecerse a las que ha realizado en el pasado, inspiradas por criterios que nada tienen que ver con la competencia técnica ni el talento político. Un Gobierno es algo muy distinto de la dirección de un partido o de un reclamo propagandístico, más cuando se trata de afrontar la más grave coyuntura económica desde 1929. El desafío que tiene ante sí Zapatero es de tal magnitud que carece de sentido vincular la formación de un nuevo equipo al calendario electoral, como también posponerla alegando argumentos tan débiles como que es necesario que los actuales titulares de los diversos departamentos lleven a cabo el recorte del gasto público ya decidido. Más que en ningún otro momento, Zapatero está solo frente a sus responsabilidades. Mantener a su partido en el poder es, sin duda, una de ellas, pero no será esa por la que se le juzgue. La crisis económica ha mermado gravemente la riqueza del país, y existe un creciente riesgo de que arruine el esfuerzo de muchos años. Los pasos para evitarlo están contados, y son pasos que, tanto política como institucionalmente, solo esperan la decisión de Zapatero. Encuesta El PP aumenta la brecha hasta 10,5 puntos por el hundimiento del PSOE La brecha entre el PP y el PSOE se ha consolidado y hasta se ha ampliado ligeramente. Ya son 10,5 los puntos de diferencia, no tanto a consecuencia de la subida de los populares como del desplome de la estimación de voto del PSOE. La última encuesta de Metroscopia mostraba ya una ventaja de nueve puntos, en plena efervescencia por el anuncio del plan de recorte del sueldo de los funcionarios y de congelación de las pensiones. Ahora esa brecha parece consolidada, porque el PP está casi tres puntos por encima de su resultado de 2008 y al nivel de su mayoría absoluta de 2000, y el PSOE está 11,2 puntos por debajo de las últimas generales, en su nivel más bajo de la historia. Se ha instalado la idea de triunfo del PP y el 61% de votantes del PSOE ya lo da por hecho. La duda es si la ventaja del PP ha dejado de ser coyuntural y es irreversible o es posible la remontada en casi dos años hasta las elecciones. Lo primero que no está claro es quién puede liderar esa remontada, porque Zapatero no ha despejado aún la incógnita de si repetirá por tercera vez como candidato. Y es indicativo que la encuesta muestra que si finalmente volviera a presentarse lo haría en contra de los ciudadanos y de los propios votantes socialistas. Los ciudadanos no parecen querer que por primera vez en la historia los candidatos de los dos grandes partidos se presenten por tercera vez como cabezas de lista. Si una de las dos formaciones decidiera cambiar de cabeza de lista, los electores se lo agradecerían, según el sondeo. Un 77% asegura que España necesita que otros políticos se sitúen al frente de los principales partidos; un 72% dice que Zapatero no debería repetir y un 60% que Rajoy debe abandonar. El líder del PP tiene ahora más apoyo entre los suyos, porque el 56% le quiere como candidato, frente a solo el 35% del PSOE que quiere a Zapatero. Para sustituir a Rajoy, la lista la encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, y para relevar a Zapatero, el preferido es Alfredo Pérez Rubalcaba. EL PAÍS. 6-6-2010

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