Cargando...«Todos los viernes, a las siete y media de la tarde, se dan cita en Vigo ante el mercado del Calvario, de modo simultáneo con otros puntos de España. Son unas veces más y otras menos (más bien menos que más) y entre ellos hay parados, pensionistas, trabajadores en activo, autónomos… que no tienen representación otorgada de nadie pero reflejan lo que somos, todo un paisaje social.»
Miradlos detenidamente y veréis que ellos no son los otros, sino la arte de nosotros que tiene un conciencia activa ante la crisis. Pueden estar equivocados o no pero actúan, piensan que es fundamental que sea la gente la que tome la iniciativa y ven la huelga general como un modo de gritar su discrepancia con la salida que dan a la crisis los poderes políticos. Ante una crisis que parece tener naturaleza estructural y de modelo, se preguntan ¿no se precisa una respuesta de iguales dimensiones? ¿Se ha de cargar tanto sobre las espaldas de quienes no la han provocado? (FARO DE VIGO) ABC.- El fuerte ajuste presupuestario que tiene que hacer el Ejecutivo en los próximos años va a afectar directamente al Ministerio de Trabajo. El Gobierno tiene presupuestados para este año 30.612 millones de euros para el pago de prestaciones por desempleo. Y las cuentas no cuadran. Por ello, una de las medidas más importantes que baraja el Gobierno es rebajar la cuantía de los subsidios por desempleo que cobran los parados. La propuesta de recortar el subsidio ya fue adelantada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el pasado mes de junio. Ahora, el ajuste ha obligado a adelantar los planes. EL CONFIDENCIAL.- Después del camelo de los stress test, donde cada banco central, con criterios completamente heterogéneos, manipuló y valoró los activos de sus entidades financieras como le vino en gana, una mayoría de ciudadanos, incluso informados, tiene la sensación de que la situación económica está mejorando, y de que lo peor ya ha pasado. Una percepción que tiene mucho más de psicológica y de buen deseo, que de real. La debilidad de la supuesta mejora queda empalidecida al lado del desastre económico sin paliativos de CCAA y ayuntamientos, responsables, nada más y nada menos, que del 70% del gasto público total. Que no es que tengan problemas, es que están quebrados. Ya no hay dinero para pagar nada; ni para la Sanidad, donde deben ya más de 15.000 millones de euros; ni para las nóminas, que solo pueden pagarse con préstamos 29-S. El Faro de Vigo Los que se unen ante la crisis Fernando Franco Son concentraciones unitarias, ciudadanas y silenciosas; sin la firma de ningún partido ni sindicato y con un único lema que cuelgan del pecho: "Yo (trabajador, autónomo, parado, estudiante….) digo Sí a la Huelga General". Todos los viernes, a las siete y media de la tarde, se dan cita en Vigo ante el mercado del Calvario, de modo simultáneo con otros puntos de España. Son unas veces más y otras menos (más bien menos que más) y entre ellos hay parados, pensionistas, trabajadores en activo, autónomos… que no tienen representación otorgada de nadie pero reflejan lo que somos, todo un paisaje social. Miradlos detenidamente y veréis que ellos no son los otros, sino la parte de nosotros que tiene un conciencia activa ante la crisis. Pueden estar equivocados o no pero actúan, piensan que es fundamental que sea la gente la que tome la iniciativa y ven la huelga general como un modo de gritar su discrepancia con la salida que dan a la crisis los poderes políticos: desmantelar el modelo social europeo. Ante una crisis que parece tener naturaleza estructural y de modelo, se preguntan ¿no se precisa una respuesta de iguales dimensiones? ¿Se ha de cargar tanto sobre las espaldas de quienes no la han provocado? A lo suyo le llaman Movimiento de Unidad Popular ante la Crisis. Id el viernes ante el mercado de abastos vigués del Calvario y leed los letreros que cuelgan de sus pechos: "Yo, obrero", "yo, subastadora de pescado", "yo, estudiante", "eu, ensinante", "yo, pensionista", "yo, funcionaria"… Sonríen al fotógrafo, a pesar de lo incómodo que resulta estar allí en vez de encerrarse en casa ante la tele a ver qué pasa, en vez de practicar cual avestruz la política de meter la cabeza en un agujero. Estos vigueses, como otros que se concentran en otras ciudades de España aunque sean minoría, creen que el plan de ajuste diseñado tiene como objetivos prioritarios abrir las puertas a la privatización y la entrada del capital extranjero en las cajas de ahorro; reformar las pensiones; aumentar hasta 40 el número de años para calcular su cuantía, recortar los subsidios de desempleo, iniciar los recortes de la sanidad con el copago… Ahí, en ese cartel artesanal que se abre en medio de ellos piden una redistribución de salarios y rentas poniendo un límite a los sueldos más elevados; una reducción del 30 por ciento en gastos innecesario del Estado (no sociales) y dedicar ese ahorro a inversión productiva… ¿Están pidiendo imposibles? Acordaros del poema de Brecht: "Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era.Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó, porque no lo era; ahora me llevan a mí, pero ya es tarde". EL FARO DE VIGO. 7-8-2010 Paro. ABC El gobierno prepara un “tijeretazo” en las prestaciones por desempleo J. González Navarro El fuerte ajuste presupuestario que tiene que hacer el Ejecutivo en los próximos años va a afectar directamente al Ministerio de Trabajo. El Gobierno tiene presupuestados para este año 30.612,42 millones de euros para el pago de prestaciones por desempleo, lo que representa un importante aumento del 58,7% en comparación con el presupuesto de 2009. Y las cuentas no cuadran. Por ello, una de las medidas más importantes que baraja el Gobierno es rebajar la cuantía de los subsidios por desempleo que cobran los parados. Actualmente, un trabajador que se ha quedado en el paro percibe el 70% de su base reguladora durante los primeros 180 días (seis meses). A partir del día 181 y hasta el final de la prestación cobra el 60% de la citada base reguladora. Pues bien, responsables de los ministerios de Economía y de Trabajo, así como de la Oficina Económica de La Moncloa, han propuesto rebajar esos porcentajes hasta el 60% en los primeros 180 días y al 50% para el resto del periodo, según ha podido saber este periódico. Un ejemplo: un desempleado con una base reguladora de 1.000 euros y dos años de paro cobraría unos 15.000 euros en ese periodo con la normativa actual. Con la modificación propuesta, recibiría 2.400 euros menos, lo que supone un recorte del 16%. Cabe recordar que a finales de julio, la lista oficial de parados era de 3,9 millones. Otra medida que está estudiando el Ejecutivo es la de recortar también los días que se tienen derecho a la prestación por desempleo. Su duración está en función del periodo de cotización a la Seguridad Social durante los últimos seis años anteriores a la situación de paro. La escala va desde el cobro del subsidio durante cuatro meses por un año cotizado, hasta los dos años de paro si se han cotizado seis años. Para percibir la prestación un año, antes se ha tenido que cotizar tres. La modificación podría realizarse ampliando los periodos de cotización y/o reduciendo la duración de las prestaciones. Una prueba de que el Gobierno quiere «meter la tijera» en el gasto por desempleo es que hace pocas semanas, coincidiendo con el mal dato de la EPA sobre el paro (20,09% de tasa en el primer semestre), el presidente del Gobierno anunció, para dulcificar futuros recortes, la prórroga durante seis meses de la ayuda de 426 euros que reciben mensualmente los desempleados que han agotado ya todas las prestaciones, aunque se limitó el colectivo que puede acceder a la ayuda. Ayudas extra A finales de junio había en nuestro país más de 1.300.000 hogares con todos sus miembros en paro y, desde que se creó esa ayuda hace un año, unas 570.000 personas han cobrado los 426 euros. Además de esta importante reforma en las prestaciones, el Gobierno quiere controlar más a los parados y evitar que rechacen gratuitamente ofertas de trabajo o que, mientras cobran el subsidio, estén realizando otras labores remuneradas no declaradas. La iniciativa fue adelantada por el ministro Celestino Corbacho hace unas semanas: el que no acepte las ofertas de trabajo que se le hacen desde los servicios públicos de empleo de las respectivas comunidades autónomas, no cobrará la prestación. La actual legislación considera como grave esa infracción y, la primera vez que se comete, conlleva una suspensión de la prestación de tres meses. Sancionados y bajas El año pasado, 237.000 parados fueron sancionados o sufrieron bajas cautelares en el cobro de sus subsidios por diversas irregularidades, según los datos que el Ministerio de Trabajo recopiló de las autonomías. De esa cifra no se puede saber cuántos fueron los sancionados por haber rechazado alguna oferta de empleo, según un portavoz de ese Departamento. En cualquier caso, esos 237.000 parados no solo suponen un récord histórico, sino que son el doble de los registrados hace cuatro años (2006). Bien es cierto que la cifra es proporcional al número de desempleados, que al acabar 2009 superaba los 3,923 millones. La propuesta de recortar el subsidio ya fue adelantada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una entrevista con ABC el pasado mes de junio en la que avanzaba la intención del Gobierno de reformar las prestaciones por desempleo para «acercarlas más al concepto de política activa en lugar de una política pasiva». Eso sí, subrayó que los cambios se producirían «cuando haya pasado la crisis», ya que el sistema de protección «está evitando que el paro provoque una explosión en la calle». En las mismas fechas, el ex ministro de Economía Miguel Boyer afirmó que el Gobierno ha prolongado demasiado los subsidios de desempleo con sus ayudas adicionales y advirtió de que no va a poder mantener por más tiempo estas ayudas. Ahora, el ajuste ha obligado a adelantar los planes. ABC. 30-8-2010 Opinión. El Confidencial Autonomías y ayuntamientos, en quiebra R. Centeno Después del camelo de los stress test, donde cada banco central, con criterios completamente heterogéneos, manipuló y valoró los activos de sus entidades financieras como le vino en gana (y el BCE, en evitación de mayores males hizo como que se lo creía; razón por la cual quieren volver a repetirlos), una mayoría de ciudadanos, incluso informados, tiene la sensación de que la situación económica está mejorando, y de que lo peor ya ha pasado. Una percepción que tiene mucho más de psicológica y de buen deseo, que de real, ya que las bases en que se asienta son tan endebles como parciales. El crecimiento oficial del PIB del 0,2% en el segundo trimestre ha sido consecuencia de la mejora temporal del consumo antes de la entrada en vigor de los nuevos IVAs y de la finalización de ayudas sectoriales. Tan temporal es, que en julio se ha desplomado un 2,4% el comercio minorista corregido de calendario, que augura lo peor cara al futuro. El descenso del déficit de caja del Estado, en parte (ignoramos cuánto) se debe al aplazamiento de numerosos pagos, y a la colocación, gracias a San Juan Trichet, de la deuda emitida por el Estado: los bancos compran bonos sin límite, a más del 4%, los depositan sin límite como colateral (de ahí la bajada de tipos) en el BCE (de quien somos los mayores deudores de la eurozona), y salen con dinero contante y sonante al 1%, que luego prestan a particulares solventes al 16% o de nuevo al Estado. Un chollo inimaginable. Pero la debilidad de la supuesta mejora queda empalidecida al lado del desastre económico sin paliativos de CCAA y ayuntamientos, responsables, nada más y nada menos, que del 70% del gasto público total. Que no es que tengan problemas, es que están quebrados. Ya no hay dinero para pagar nada; ni para la Sanidad, donde deben ya más de 15.000 millones de euros; ni para las nóminas, que solo pueden pagarse con préstamos a corto, (principalmente de las cajas locales que controlan, y que por cierto no tienen en absoluto provisionados), ni para nada de nada. Una situación que en vez de mejorar, empeora día a día, pues siguen despilfarrando a todo trapo. Ni una sola CCAA ha conseguido reducir su endeudamiento en relación a 2009, y algunas, como Canarias, lo han incrementado en más de un 100%. Crecimiento incontrolado de la deuda Según los últimos datos oficiales del BdE, correspondientes al 1ºT 2010, la deuda a 31 de marzo, en sentido restrictivo, es decir, según el Protocolo de Déficit Excesivo de la eurozona (que excluye numerosas e importantes partidas), ascendía a 94.621 millones de euros. Si ya de por sí es una cifra espectacular, más espectacular aún ha sido su crecimiento: un 28,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y con una tendencia a acelerarse, dado que en los tres primeros meses de 2010 el incremento de la misma ascendió a 8.377 millones de euros. Un dato que, anualizado, es casi cuatro veces la cifra del año anterior. Pero además, esto es solo una parte, los pasivos en circulación, también según el BdE, ascendían en la misma fecha de 127.249 millones de euros. Y esto constituye solo la de deuda contraída por los canales de financiación normales. A ello hay que añadir otras dos grandes partidas de endeudamiento por canales de financiación indirectos y anormales. El primero es muy sencillo, y consiste simplemente en no pagar a nadie, con deudas vencidas muchas de ellas hasta 500 o 600 días, y que asciende a más de 26.000 millones de euros. La segunda son las empresas públicas, cuya deuda ascendía a 31 de marzo a 15.790 millones de euros, la mitad de la cual correspondía a empresas públicas de Cataluña. En los últimos diez años las CC.AA. han duplicado el número de empresas públicas y similares, con la creación de más 1.000 sociedades adicionales. Empresas que en la mayoría de los casos solo sirven para colocar a parientes, amigos y correligionarios; algo que sería de cárcel en cualquier país del mundo civilizado, y aquí no pasa absolutamente nada. “Esto no es como en el franquismo – me decía hace años el alcalde de un gran municipio catalán –, esto es una democracia, y nosotros no necesitamos figuras como los secretarios de ayuntamiento que supervisen y controlen nuestro gasto, a nosotros nos controla el pueblo”. Pues con las entidades públicas sucede lo mismo, las controla “el pueblo”. A día de hoy, el gasto realizado a través de estos entes públicos supera ya como media el 30% del gasto total de las CCAA. Las propias autonomías en forma directa se están endeudando a velocidad de vértigo. En el primer trimestre de 2010 habían emitido bonos por un total de 6.372 millones, cifra superior a todo lo emitido durante el año 2009. Y lo que es de auténtico escándalo, tienen previsto en sus presupuestos emitir 30.000 en todo el año, cinco veces más que en 2009. Y por poner un ejemplo grotesco de despilfarro, de escarnio y de mofa para los ciudadanos, en esta situación de ruina siete CCAA, siete, han abierto embajadas en Miami. Pero este endeudamiento disparatado difícilmente podrá materializarse. La comunidad catalana, la más endeudada y la que más estaba acelerando el endeudamiento, 2.150 millones de euros en el 1T, ya no puede colocar bonos en los mercados desde abril. Estaba pagando un diferencial que era tres veces el del Estado, como el resto de CCAA, pero ahora ya no aceptan sus bonos a ningún precio, y la mayoría esta igual. Además, todas las emisiones de deuda autonómica lo son sin la garantía del Estado. Pero existe la convicción en amplios sectores de nuestras entidades financieras, que llegado el caso, el Estado no dejará quebrar a ninguna Comunidad. ¿Si ha salvado a cajas, como no va a salvar a CCAA? Pues porque si el Tesoro tiene que acudir en auxilio de una CCAA, el frágil equilibrio en que nos encontramos puede precipitar la quiebra del propio Estado, No estamos hablando de CCM, estamos hablando de Cataluña y Valencia, para empezar. Y frente a esto, nada de reducir gasto, nada de reducir personal -3,2 millones de funcionarios y similares frente a 600.000 en 1975, algo inaudito en el resto del mundo civilizado-, nada de suprimir oficinas de lujo, nada de suprimir coches oficiales, comilonas, viajes de ensueño, embajadas, estudios inútiles etc, etc. ¡faltaría más! La solución la ha encontrado el responsable económico de la Generalitat, Sr. Castell: que los ciudadanos se paguen la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. De momento una parte, y luego lo que haga falta. ¡Un fenómeno el tal Castell! Más de 2.400 Ayuntamientos quebrarán antes de fin de año Aquí son ellos mismos quienes cuantifican el desastre. La Federación Española de Municipios afirma que un 30%, más de 2.400 Ayuntamientos, dejará de pagar las nóminas antes de fin de año. En Andalucía, según la Federación Andaluza, dos de cada tres ayuntamientos esta al borde de la suspensión de pagos. “Son muchos los que no pueden ya pagar el agua, la electricidad y las nóminas. En unos meses habrá una cascada de EREs”. Y la situación es similar en numerosas CC.AA. A 31 de marzo, los pasivos en circulación de las corporaciones locales ascendían a 54.000 millones de euros, con un crecimiento del 15% respecto a la misma fecha del año anterior. Una cifra brutal y una aceleración imparable, dado que en 2009 el crecimiento de la deuda había sido del 9%. Y luego están las empresas municipales, el pozo sin fondo de la administración periférica. El caso de Madrid es espectacular. Primero la deuda directa, 7.314 millones a 31 marzo, casi 500 millones más que a fin 2009; un 170% de sus ingresos, a pesar de los falsos presupuestos restrictivos de 2010 (un -4%, una estafa como la pirámide de Keops). Y eso después de haber esquilmado a los madrileños hasta lo intolerable. Pero eso no es todo, la Empresa Municipal de Vivienda se ha endeudado por otros 1.000 millones, y suma y sigue, mientras el alcalde Gallardón, primer despilfarrador del Reino, tiene las principales calles de la capital, desde Castellana a Alcalá en una situación tercermundista, con grietas y agujeros en el asfalto por doquier, más parecida a Lagos o Caracas que a una capital europea. Y esto es la regla general, los servicios degradados al máximo y el despilfarro en oficinas de lujo, asesores y obras faraónicas, a todo trapo. Por ello el problema no es cuantas CCAA o cuantos ayuntamientos suspenderán pagos antes de fin de año. El problema es una estructura del 70% del gasto público, la mitad de la cual es puro despilfarro suntuario, que no hay voluntad de reducir y que ya no se puede financiar, ni ahora ni nunca. En palabras de Alberto Belloch: “La culpa de esta situación la tienen los gestores autonómicos y municipales. Un 90% son un auténtico desastre”. Estos irresponsables ineptos y su infinita corte de sanguijuelas no están dispuestos a apretarse el cinturón. Para ellos la solución es que el gobierno les transfiera más dinero, aunque no lo tenga, y que los ciudadanos paguen por todos los servicios que utilicen, y seguir viviendo como rajas. En esta condiciones, el que el gobierno (cuyo gasto es menos de la tercera parte del total) reduzca su déficit (que tampoco es el caso, véase a D. José Blanco en campaña), es irrelevante. En resumen, aunque a muchos les parezca lo contrario, la economía española, con el tejido productivo en fase de destrucción acelerada (1), y sobre todo, las cuentas públicas mucho peor que antes del verano, entrará en bancarrota en cuestión de meses. EL CONFIDENCIAL. 30-8-2010