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J. Fuster es militante de UCE y afiliado de CCOO
En julio de 2025, el Partido Popular de Feijóo puso negro sobre blanco sus propuestas en materia social y laboral. Desde entonces la CEOE, bancos, monopolios y capital extranjero no pierden la ocasión de mostrar su sintonía con los que esperan sean los próximos gestores de sus intereses.
Las medidas del PP no son simples ideas, en las comunidades donde gobierna, como es el caso de Galicia, Andalucía, Extremadura o Valencia, han recortado a la mitad la financiación a los sindicatos con el fin de ahogar sus estructuras. En el Congreso de los Diputados avanzan, con el apoyo de Vox y la abstención de PNV y Junts, algunas de sus propuestas sobre cómo regular el llamado «diálogo social». Han colocado en el debate público el mantra del «absentismo» para atacar derechos y culpabilizar a trabajadores y médicos. En definitiva, una batería de propuestas, medidas y leyes que pretenden hacernos trabajar más horas por menos dinero.
Como siempre, cargan sobre los trabajadores las pérdidas de sus crisis para obtener más beneficios y no ser tragados por sus competidores. Este es un breve extracto de cómo pretenden hacerlo.
En materia de empleo: Pretenden incentivar el empleo con la pérdida total de la prestación por desempleo si se rechaza una oferta de empleo considerada «adecuada», esto quiere decir, para tu perfil profesional o experiencia, ya sea dentro de tu provincia o en un radio razonable y por un salario igual o superior al de tu subsidio. Si se aplicara este cambio, el subsidio dejaría de ser un derecho temporal vinculado al tiempo cotizado y pasaría a ser una ayuda condicionada a aceptar la propuesta de empleo que te llegue. En este sentido también atacan el Ingreso Mínimo Vital (IMV), evidenciando que sus propuestas no buscan mejorar las condiciones de trabajo para acabar con la pobreza laboral sino atacar a los trabajadores pobres para que trabajen a cualquier precio.
En materia de salarios: El presidente del PP, Núñez Feijóo, dejó claro en 2025 su rechazo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante el Congreso de la Empresa Familiar, compuesto entre otros por Grupo Godó, Antolin, Boluda o Mercadona. Recientemente Alberto Nadal, responsable económico del PP, concentraba en una entrevista para «El Liberal» su propuesta en materia salarial de la siguiente forma: «Lo que permite subir sueldos y mantener el Estado de bienestar, es el incremento de productividad», recogiendo así la vieja aspiración de la patronal para que se desvincule la subida salarial de la inflación y que sea el empresario quien decida cuándo un trabajador es productivo o no y merece más jornal.
No debemos olvidar que desde la reforma laboral del PP en 2012, las empresas pueden descolgarse del convenio de referencia y no aplicar los salarios pactados si demuestran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y este aspecto no fue derogado en la última reforma laboral de 2021.
En materia de jornada: Siguiendo con la productividad, el presidente de la CEOE, Garamendi, manifestó ante la posible reducción de la jornada a 37,5 horas, que «para que España tuviera una productividad similar a la media europea, su jornada efectiva debería situarse en el entorno de las 41,2 horas semanales”. Así que, frente a conciliar la vida familiar con la laboral, la propuesta del PP y la CEOE es la creación de “bancos de horas” y la flexibilidad horaria, adaptando nuestro horario y calendario a las necesidades productivas en cada momento. Es decir que la empresa dispondrá libremente de horas de sus trabajadores, rompiendo con la histórica conquista de las 40 horas semanales, ya que las fijaría la empresa según le convenga.
En materia de negociación colectiva: En esta materia hay un triple ataque. Primero, en las autonomías donde gobierna el PP junto a Vox, recortan en un 50% la financiación a las centrales sindicales mayoritarias y aunque esto no elimine su independencia económica, sí que se ven limitadas sus capacidades; en segundo lugar, el PP ha conseguido aprobar una proposición no de ley en el Congreso para que no se adopten modificaciones del mercado de trabajo sin contar con el acuerdo previo de los sindicatos y la patronal, eliminando la capacidad de intervención del Gobierno en materia laboral y dándole a la patronal, en los hechos, capacidad de veto a cualquier iniciativa sindical; y por último, atacando la organización sindical básica de los trabajadores en los centros de trabajo, ya que pretenden eliminar los comités de empresa en todas aquellas que tengan un tamaño inferior a 250 empleados, dejando a cerca de 11 millones de asalariados sin esa herramienta de contrapoder real a los abusos empresariales y para la prevención de riesgos, que son los comités de empresa.
En materia de derechos: Desde el primer momento se han enfrentado a la regularización de los trabajadores migrantes, ya que necesitan una parte de la clase obrera clandestina y sin derechos para explotarnos más y mejor. Pero donde centran todos sus ataques, y sobre lo que en Galicia ya están legislando, es sobre el mal llamado «absentismo». Su despiadada campaña va directamente a atacar la unidad y solidaridad entre los trabajadores. Alimentan la sospecha entre compañeros, los que están de baja, los que no la cogen, los que fuman, los que toman café, etcétera. Pero también la culpabilidad de uno mismo por cogerse la baja cuando la mutua dice que estás bien y que te puedes recuperar mientras trabajas. Así consiguen que dejemos de preguntarnos por qué enfermamos o por que mueren cada día 2 trabajadores por accidente laboral, a que no cuestionemos que los recortes en sanidad matan y que la carga y ritmo de trabajo o los horarios enloquecidos pasan factura a nuestra salud mental o a que sean los infartos y los ictus las principales causas de muerte en el trabajo. Es su buena gestión y planificación la que está verdaderamente ausente y pretenden suplir sus deficiencias con nuestro sobre esfuerzo. Hablan de «absentismo» pero lo que les molesta son todos los derechos conquistados sobre la base de la lucha y unidad de la clase obrera.