Cargando...Durante la larga gestación de la denominada reforma energética, el Gobierno ha insistido en que buscaría la equidad en la distribución de la carga del déficit de tarifa eléctrico entre los usuarios, los consumidores y las empresas del sector para resolver ese descomunal problema. Y todo apunta a que, de reparto equilibrado, nada. Las medidas adoptadas hasta ahora para intentar acabar con ese agujero (que ascendió a 4.000 millones de euros sólo entre enero y julio) y las que se han anunciado este mes concentrarán buena parte de la factura sobre los consumidores (domésticos e industriales).
Según un informe de UBS, del esfuerzo total, que el banco suizo estima en 7.900 millones de euros (incluyendo los 1.450 millones de recorte de costes de marzo y la subida de tarifas de abril pasado), «la mayoría de la carga» recaerá «en los consumidores y en el Estado».
Y, muy especialmente, sobre los primeros (usuarios domésticos e industriales), que deberán contribuir con 3.200 millones de euros, un 41% del total.
En esa cifra se incluye la subida tarifaria de abril (7%), que supuso unos 1.400 millones (aunque no la de julio, que rozó el 4%), además del nuevo impuesto al gas natural y la tasa del 6% a la generación convencional, que el banco da por hecho que se trasladará al mercado mayorista de electricidad. El impacto podría ser incluso mayor, ya que UBS cifra en 804 millones la recaudación por el denominado céntimo verde al gas, mientras que el propio Gobierno, en la memoria que acompaña el proyecto de ley, eleva esa cifra hasta 935 millones.