Cargando...Habrá locales, urnas y papeletas, dijo el president en su comparecencia del martes pasado. Así que ya sabemos lo que se prepara para el 9-N: locales abiertos, urnas de cartón y montones de papeletas con la inefable doble pregunta encadenada. Ninguna sorpresa. En este país llevamos meses machacando con que democracia es votar. Punto. Qué se vote, quién vote, bajo qué amparo legal y cómo se ejerza ese derecho parecen ser cuestiones irrelevantes. Aquí se trata de votar, aunque la forma de hacerlo recuerde más la charanga y pandereta que se suele atribuir a España que la seriedad y la feina ben feta con las que nos solemos autorrepresentar los catalanes.
La nueva jugada de Artur Mas deja algunos mensajes inquietantes. El primero, evidentemente, es su concepción de la democracia. Prescindir de los procedimientos y las garantías de control y transparencia propios de los procesos electorales democráticos dignos de ese nombre con el solo objetivo de colocar las urnas y que se vote nos acerca peligrosamente a los países que usan urnas y votos para sustentar a los sátrapas que los gobiernan.
Ciertamente, el mismo Artur Mas ha dicho que el resultado (¿podía ser de otra manera?) no tendrá validez jurídica, pero hay poca duda de que tendrá efectos políticos, y puede que de notable importancia. A nadie se le oculta (aunque el president sí hace todo lo posible por camuflarlo) que no estamos ante una verdadera consulta ni ante un acto realmente electoral. Lo que se ha puesto en marcha es, simplemente, una nueva acción de propaganda y agitación política, una continuación de la V por nuevas vías.
Y ese es el segundo mensaje inquietante que se nos ha enviado. Hasta ahora se había procurado aparentar (porque era solo apariencia) que la movilización soberanista de los últimos años surgía de la base, del pueblo, y era canalizada por la llamada sociedad civil, materializada en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. En esa interpretación, los dirigentes políticos, y muy especialmente el Gobierno convergente, no tenían nada que ver con el impulso de la movilización, limitándose a seguir los pasos que el pueblo ordenaba. Hasta el punto de que, cuando se planteaba la posibilidad de desobedecer al Tribunal Constitucional, se argüía que, de hacerlo, no se estaría realmente ante un acto de desobendiencia a las leyes sino de obediencia a lo que el pueblo catalán había decidido.
Ahora ya no hace falta seguir disimulando. La campaña de propaganda y agitación pasa directamente al Gobiernode la Generalitat. Lo que organizado por la ANC sería una convocatoria legítima de ejercicio de los derechos civiles, orquestado por el Gobierno pasa a ser un acto de división de la sociedad catalana.
El Gobierno actúa a favor de una parte de la ciudadanía y en contra de la otra. Pierde la neutralidad exigible a la Administración en cualquier acción que tenga que ver con la manifestación de la voluntad de los ciudadanos mediante el voto. Y, lo que no es menos grave, pone los recursos públicos (es decir, los impuestos de todos) al servicio de una causa partidista. Con la (no)convocatoria del nuevo 9-N, el Gobierno rompe las reglas del juego y, de paso, deja en evidencia a quienes ingenuamente (o no) lo han acompañado durante estos últimos meses.
Algunas fuerzas políticas descubren ahora que han sido utilizadas. Que Artur Mas utiliza medias verdades que acaban siendo mentiras. Que el president jamás se planteó seriamente poner las urnas de verdad el 9 de noviembre; que todo era una estrategia para dotar de transversalidad al proceso, reforzar su figura, capear el malestar social por los brutales recortes que su Gobierno viene aplicando desde 2010, y, llegado el momento, plantear un trágala a sus socios en el que todos pierden menos él y su partido.
ICV-EUiA y la CUP han quedado en absoluta evidencia, mientras que ERC se ve ahora en la tesitura de tener que escoger entre retirarle el apoyo parlamentario (dándole a Mas la excusa para apoyarse en otras fuerzas para acabar la legislatura) o aceptar a regañadientes la Gran Lista Patriótica con la que Mas salvaría su carrera, mantendría la presidencia, atajaría la sangría electoral de su partido y evitaría el sorpasso republicano.
Que su socio de Gobierno y líder de la oposición tenga que tragar quina no es algo que nos preocupe a muchos. Sí lo hace ver el triste papel de los dirigentes de una fuerza que se dice heredera del partido que representó el antifranquismo y el catalanismo más transversal y popular. El batacazo que les vaticinan las encuestas seguramente no es ajeno a esa percepción y al hecho de que muchos de sus electores no hayan entendido su presencia en determinadas fotos. Falta de estética, sin duda. Pero no solo eso.