Cargando...«El volumen del gasto sanitario total no es exagerado. Se sitúa por debajo de la media de la UE (de los Quince antes de la ampliación); la sanidad pública cuesta el equivalente a un 6% del PIB. Pero sí son exorbitantes algunos de sus elementos, como el gasto farmacéutico, el segundo en la clasificación mundial después de EE UU; o el número de visitas médicas, que multiplica por ocho la media europea.»
Este aís se enfrenta, pues, a un dilema. O reduce drásticamente el gasto sanitario, desmantelando buena parte de su modelo social, o conserva una sanidad de primera, con recortes en elementos no esenciales y aumento de ingresos por la vía de un copago que incorpore criterios de equidad, según el poder adquisitivo de los pacientes. La respuesta debería ser evidente. (EL PAÍS) PÚBLICO.- Para el señor Ubide la protesta del 15-M no es contra una democracia fantasmagórica, convertida en farsa, ni por una fraudulenta ley electoral. Los indignados, en su opinión, no están en contra de la libre circulación de capitales que convierte a los mercados (léase los dueños del dinero) en dictadores y tiranos de la sociedad. No se protesta por la burbuja inmobiliaria, ni por la actuación de las entidades financieras, ni por las hipotecas, ni por los recortes sociales, ni por la injusta distribución de la renta. La causa de la protesta hay que buscarla en un mercado laboral excesivamente rígido y con altos costes salariales. LA VANGUARDIA.- La deuda griega -y no sólo la griega- ya ha sido en gran parte nacionalizada por el sector público, que la ha ido comprando a bancos y compañías de seguros. Según datos del ministerio de finanzas alemán, las compañías de seguros han reducido drásticamente en un año su deuda con bonos de los países del grupo bautizado como PIGS. ¿Quien compró esos valores? El contribuyente europeo a través del Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, en lo que ha sido otro proceso de nacionalización de pérdidas en beneficio del sector privado. Editorial. El País Las cuentas sanitarias La deuda del sistema sanitario español, administrado por las comunidades autónomas, superó en el primer trimestre los 9.400 millones de euros. Tan preocupante o más que esa cuantía es el ritmo de su aumento: un 10,8% sobre el mismo periodo del año anterior en relación con la factura farmacéutica. El volumen del gasto sanitario total no es exagerado. Se sitúa por debajo de la media de la UE (de los Quince antes de la ampliación); la sanidad pública cuesta el equivalente a un 6% del PIB. Pero sí son exorbitantes algunos de sus elementos, como el gasto farmacéutico, el segundo en la clasificación mundial después de EE UU; o el número de visitas médicas, que multiplica por ocho la media europea. Lo más inquietante es el aumento exponencial del gasto en los últimos años. Tiene explicaciones. Es un gasto poco elástico, dada su demanda social. Ha afrontado un aumento de usuarios por razones demográficas y un encarecimiento tanto por el envejecimiento de la población (el paciente medio de la tercera edad requiere mayor atención), como por la incorporación de nuevos y más sofisticados dispositivos tecnológicos y tratamientos. De modo que, en ausencia de un control muy estricto, el coste de la salud pública tiende al infinito. El gasto sanitario representa casi la mitad de los presupuestos autonómicos, un 44,9%, lo que sumado a la educación supera el 70%. Si se le añaden los servicios sociales, ese porcentaje supone las tres cuartas partes de los mismos. Tanto o más que los excesos suntuarios, el déficit autonómico tiene un componente social de tipo estructural, lo que no implica que no pueda, y deba, ser controlado: al revés. Porque obstaculiza el cumplimiento de los techos de déficit, poniendo a España en riesgo de desbordar sus compromisos de estabilidad y de agravar la crisis de la deuda soberana. También porque genera retrasos abusivos en los pagos a proveedores en todas las comunidades, lideradas por las que regenta el PP. Este país se enfrenta, pues, a un dilema. O reduce drásticamente el gasto sanitario, desmantelando buena parte de su modelo social, o conserva una sanidad de primera, con recortes en elementos no esenciales y aumento de ingresos por la vía de un copago que incorpore criterios de equidad, según el poder adquisitivo de los pacientes. La respuesta debería ser evidente. ******************************************* Convenios La reforma abre la puerta a salarios por debajo de los fijados en pactos sectoriales M. V. G. Los salarios fijados en los convenios de empresa podrán ser menores de los que se acuerden entre sindicatos y empresarios en los ámbitos superiores, según el decreto ley de la reforma laboral que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado. Las negociaciones entre el empresario y sus asalariados también tendrán prioridad en temas como la distribución de la jornada, el horario, modalidades de contratación o las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. No obstante, el mismo texto fija la excepción a esa norma. Si en los convenios sectoriales estatales o autonómicos, sindicatos y patronal acordaran cláusulas en sentido contrario, la prioridad de los pactos en empresas decaería. No existe esta posibilidad en el ámbito provincial. El decreto también recoge el procedimiento fijado para la renovación de convenios, al establecer un plazo de ocho a 14 meses para la negociación, y un arbitraje cuando no haya acuerdo. Fija el mismo procedimiento, pero mucho más rápido (22 días) para las medidas de flexibilidad interna. En caso de desacuerdo, el árbitro tendrá cinco días para dictar un fallo. No obstante, la obligatoriedad del arbitraje será temporal, hasta que los nuevos convenios y acuerdos fijen mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. El decreto, que entra en vigor hoy mismo, todavía tiene que ser convalidado por el Congreso, donde se tramitará como proyecto de ley. EL PAÍS. 12-6-2011 Opinión. La República de las Ideas La teoría económica del 15-M J. F. Martín Seco Las clases dominantes y sus intelectuales orgánicos (la mayoría de los economistas) poseen una capacidad ilimitada para manipular la realidad y transformar los ataques dirigidos a destruir sus privilegios en castillos para su defensa. Así está ocurriendo con la crisis económica actual. Cuando parecía evidente que esta dejaba al descubierto las deficiencias de la ortodoxia imperante y la necesidad, por tanto, de replantearse los dogmas y fundamentos del sistema (“refundar el capitalismo”, llegó a decir Sarkozy), lejos de eso, el sistema se enroca más y más y avanza en la línea más dura. No son los dogmas del neoliberalismo económico los que se están revisando sino que, muy al contrario, se dan dos o tres vueltas más de tuerca para la destrucción del Estado social. Un peligro parecido amenaza al movimiento 15-M. En el diario El País (suplemento de Negocios) del pasado domingo 3 junio se publicó un artículo titulado “La teoría económica del 15-M”. Don Ángel Ubide, que firma como investigador visitante del Peterson Institute for International Economics en Washington, nos ofrece una interpretación del movimiento la mar de original. Comienza poniendo como uno de los mayores ejemplos de hipocresía la famosa frase del capitán Renault en la película de Casablanca, “Estoy sorprendido, sorprendido al descubrir que se juega en este local”, y a este tartufismo equipara la actitud de los que se han sorprendido de la indignación mostrada en las principales ciudades de este país por los manifestantes del 15-M. Hasta aquí todo correcto. El problema surge cuando comienza a explicar las razones de la protesta, porque me temo que es precisamente su artículo el que puede equipararse a la postura mostrada por el capitán Renault. La mayoría, por no decir la totalidad, de los que estos días se han manifestado rechazarían de plano los planteamientos del señor Ubide. Comienza reduciendo la contestación a un movimiento juvenil, cuando en él han participado personas de todas las edades; y si es verdad que, en proporción, ha sido mayor el número de jóvenes, especialmente según iban transcurriendo los días, se debe tan solo a que en líneas generales se encuentran más libres y son más proclives a este tipo de actuaciones. No obstante, la simpatía que mayoritariamente han despertado en la sociedad muestra bien a las claras que sus demandas eran generales y que muchos (de todas las edades) de los que estaban ausentes de la Puerta del sol o de la Plaza de Cataluña se sentían representados en sus reivindicaciones por los que allí se concentraban. Para el señor Ubide todo el problema radica en una gran injusticia intergeneracional, ya que los culpables de que el paro juvenil alcance casi el 50 por ciento son los trabajadores que aún continúan empleados. Los cinco millones de parados deberían repartirse de forma más equitativa entre todas las edades. Son curiosas las artimañas que en la actualidad nos inventamos para encubrir los enfrentamientos entre las clases sociales. En su lugar, manejamos la lucha de sexos, de regiones o incluso entre los distintos grupos de trabajadores. Así se hace pasar a los empleados públicos por privilegiados y se les enfrenta a los del sector privado. Se contraponen los intereses de los parados a los de los ocupados. Este fue el argumento que en su día se utilizó para flexibilizar el mercado laboral creando más y más tipos diferentes de contratos temporales. Desde hace algunos años, se pretende enfrentar a los trabajadores temporales con los indefinidos propagando la tesis de que la causa de la precariedad se encuentra en la elevada indemnización por despido. Para el señor Ubide la protesta del 15-M no es contra una democracia fantasmagórica, convertida en farsa, ni por una fraudulenta ley electoral. Los indignados, en su opinión, no están en contra de la libre circulación de capitales que convierte a los mercados (léase los dueños del dinero) en dictadores y tiranos de la sociedad. No se protesta por la burbuja inmobiliaria, ni por la actuación de las entidades financieras, ni por las hipotecas, ni por los recortes sociales, ni por la injusta distribución de la renta. La causa de la protesta hay que buscarla en un mercado laboral excesivamente rígido y con altos costes salariales. Según el señor investigador visitante, estos chicos tienen razón. Hay que dar respuesta a las reivindicaciones del 15-M. Para él la solución es clara: flexibilicemos (desregularicemos) aún más el mercado laboral, abaratemos de nuevo el despido, creemos un tipo único de contrato, es decir, convirtamos todos los contratos en temporales. Hay que reducir aún más los salarios y para ello nada mejor que ir a convenios de empresa y eliminar la llamada ultra actividad de estos, algo tan extraño y deplorable como pretender que si no se firma un nuevo acuerdo permanezcan los anteriores. ¡Qué normativa más injusta! Con lo bien que les vendría a los empresarios que tan solo con plantarse y no firmar ningún nuevo convenio desapareciese todo lo anteriormente pactado y los trabajadores quedasen en la cuerda floja. Supongo que la mayoría de los miembros y manifestantes del 15-M no habrán leído el interesante artículo del señor Ubide. Menos mal, porque si no a más de uno le habría dado un infarto. No es fácil superar el récord conseguido en retorcer la realidad, convertir el 15-M en una proclama de las reivindicaciones empresariales. ¡Qué asesor ha perdido Luis XVI! De haber vivido en esa época el señor Ubide hubiese transformado la Revolución Francesa en una manifestación a favor de la monarquía. LA REPÚBLICA. 9-6-2011 Crisis. La Vanguardia El Bundestag aprueba la ayuda a Grecia con condiciones Rafael Poch El Bundestag aprobó ayer su disposición de nuevas ayudas a Grecia, con la condición de que acreedores privados (bancos, fondos y compañías de seguros) participen en el esfuerzo. Introducida por el ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, esta condición pretende mostrar un elemento de “justicia” ante una opinión pública escéptica y desinformada, pero choca con claras resistencia y objeciones, tanto en París como en el Banco Central Europeo (BCE). Schäuble propone una “participación de los acreedores privados” a través de una ampliación de siete años en el vencimiento de los títulos de la deuda griega, a efectos de una “justa distribución de las cargas entre el sector público y privado”. Según Der Spiegel el aporte privado ascendería a entre 20.000 y 35.000 millones y se realizaría mediante un canje de los bonos sin cambiar los intereses. En cualquier caso, el horizonte de reestructuración y la posición alemana ha sido fuertemente contestada desde el BCE. Después de Trichet, el alemán Jürgen Stark, el economista jefe del BCE, ha dicho que todo el sistema de bancos centrales nacionales que compone el BCE es el que asume los riesgos en su balance con tal escenario. “Reestructurar parece fácil a primera vista, pero hay que tener en cuenta las implicaciones que tendría, y no sólo para el país concernido”, dice Stark. El funcionario del BCE denuncia, “la utilización política” que ciertos dirigentes europeos hacen del asunto. “El BCE no está en contra de una implicación del sector privado, pero las condiciones deben ser claras. La implicación debe ser puramente voluntaria y no debe crear quiebra, ya es hora de cesar esta discusión estéril”, dice. El vicepresidente del BCE Victor Constancio, conciliador a mediodía (“el BCE no rechaza cualquier tipo de ampliación del vencimiento”, dijo) tuvo que dar marcha atrás por la tarde: “El Consejo del BCE está contra cualquier concepto que no se base en lo puramente voluntario, o que contenga elementos de coerción”, dijo. Poco antes, el euro había caído más de un punto al calor de la polémica. Lo que Schäuble no explica es que la deuda griega -y no sólo la griega- ya ha sido en gran parte nacionalizada por el sector público, que la ha ido comprando a bancos y compañías de seguros.Según datos del ministerio de finanzas alemán, las compañías de seguros han reducido drásticamente en un año su deuda con bonos de los países del grupo bautizado como PIGS. Si en marzo de 2010 tenían 5800 millones en deuda griega, en marzo de 2011 eran 2800 millones. En Irlanda esa deuda de las aseguradoras se redujo de 7100 millones a 3900 en el mismo plazo. En Italia de 27.800 a 20.000. En Portugal de 4500 a 2800 y en España de 20.900 a 9000 millones. ¿Quien compró esos valores? El contribuyente europeo a través del Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, en lo que ha sido otro proceso de nacionalización de pérdidas en beneficio del sector privado. En el caso de Grecia no todos los países están igualmente expuestos en su sector privado. Los inversores privados alemanes, por ejemplo, sólo tenían 7800 millones expuestos en Grecia a finales de 2010, según datos del Banco de Pagos Internacionales. El sector francés tiene casi 29.000 millones. Así, la “justicia” de Schäuble le saldría mucho más barata a la banca privada alemana, que en el caso del Hypo Real Estate, nacionalizó sus riesgos transfiriéndoselos al Estado, que a la banca francesa. “De cara a los electores, Berlín tiene que dar la impresión de que los bancos y las compañías de seguros también aportarán”, señala en una editorial de portada titulada “Ya sólo importa la apariencia”, el “Financial Times Deutschland”. “El gobierno federal esquiva una verdadera quita, entre otras cosas porque sería muy difícil de imponer jurídicamente”. “En consecuencia”, continúa, “habla de una prolongación “voluntaria” de los créditos, lo que no es cierto”. “Todos los actores son hipócritas, pero la estrategia del BCE es especialmente lamentable”, señala el diario. LA VANGUARDIA. 12-6-2011