Cargando...«Zapatero abrió ayer la reunión de su Gabinete exponiendo los motivos por los que el anteproyecto conocido era insuficiente y debía ser modificado de manera sustancial. El presidente propuso tres cambios relevantes. El primero: debía imponerse un arbitraje vinculante y obligatorio. El segundo: una cláusula de descuelgue,. Finalmente, la reducción del periodo máximo de negociación de un convenio a un máximo de14 meses. La propuesta de Rodríguez Zapatero no sólo no encontró un respaldo claro en el Consejo. Antes al contrario, incluso despertó una notable oposición de algunos presentes.»
Valeriano Gómez abrió el fuego, manifestó de inmediato su oosición a los cambios y defendió mantener lo ya anunciado en el borrador entregado a los agentes sociales. Rubalcaba, el vicepresidente primero y futuro candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, hombre fuerte del Ejecutivo, se sumó a las objeciones de su compañero de Gabinete. Rubalcaba recordó al presidente que los sindicatos no habían sido advertidos de los posibles cambios y eso era políticamente arriesgado a estas alturas de la legislatura. (LA VANGUARDIA) CINCO DÍAS.- La crisis griega no acaba de solucionarse por las enfrentadas posiciones de Alemania y el BCE, y la Comisión Europea y el FMI como testigos de la disputa. En este debate, nada de lo que se discute es menor, pues la solución para Grecia apunta al corazón de la reforma de la Unión que debería aprobarse a finales de junio. La posición alemana se basa en una narrativa de la crisis que sitúa la falta de productividad, los excesos del crédito, precios y salarios y el déficit exterior de los países periféricos como la causa de sus males. EL MUNDO.- El consumo se ha desplomado en estos últimos meses, el acceso al crédito se ha restringido todavía más y todo indica que el crecimiento de la economía española va a estar por debajo del 1% este año. Por si ello fuera poco, el diario neoyorquino The Wall Street Journal revelaba que el Santander sólo ha podido colocar la mitad de una emisión de 1.000 millones de euros en cédulas respaldadas con préstamos a ayuntamientos y comunidades y avaladas por los activos del propio banco. Dado que el Santander es uno de los mayores bancos del mundo y que su solvencia está fuera de duda, el rechazo de los mercados pone en evidencia la profunda desconfianza que suscita la economía española. EXPANSIÓN.- La división en Europa sobre la resolución de la deuda griega, y la posibilidad de que se produzca una reestructuración que afecte también al sector privado, ha generado tensiones en los llamados países periféricos, y España no ha sido una excepción. La prima de riesgo de la deuda española superó ayer los 250 puntos básicos y, en una jornada teñida de rojo en las bolsas europeas, el Ibex fue uno de los que más cayó, llegando a perder incluso los 10.000 puntos. Opinión. La Vanguardia Tensión en el consejo Manel Pérez El Consejo de Ministros vivió ayer una de las polémicas más tensas y largas de las dos legislaturas del presidente Rodríguez Zapatero. Hasta tal punto que la rueda de prensa posterior a la reunión se celebró inusualmente tarde, en torno a las 14.30 horas de la tarde. La crónica de lo sucedido arranca durante la tarde y la noche del día anterior, jueves. Zapatero estuvo trabajando en la elaboración de varias enmiendas al borrador del anteproyecto de ley de reforma de la negociación colectiva que tenía la firme intención de llevar a la mesa del Consejo. El presidente del Gobierno vive, según sus propias palabras, pendiente de las oscilaciones de la prima de riesgo de la deuda española (el mayor coste que pagan los títulos españoles a diez años respecto a los de Alemania). Precisamente, en los últimos días ese sobrecoste ha vuelto a subir hasta superar los 250 puntos básicos (2,5% más). Un precio insostenible a medio plazo con los actuales niveles de crecimiento de la economía española. Además, la negativa reacción de la prensa, los mercados y el mundo empresarial al primer borrador que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, entregó a patronal y sindicatos el miércoles también le había intranquilizado sobremanera, al arruinar la imagen de un Gobierno comprometido con los cambios. Finalmente, todas las fuerzas políticas habían rechazado apoyarla. Así las cosas, Zapatero abrió ayer la reunión de su Gabinete exponiendo los motivos por los que el anteproyecto conocido era insuficiente y debía ser modificado de manera sustancial. El presidente propuso tres cambios relevantes. El primero: debía imponerse un arbitraje vinculante y obligatorio en los casos de falta de acuerdo para la renovación de los convenios. El segundo: una cláusula de descuelgue, es decir, que las empresas puedan desvincularse de los convenios del sector cuando atraviesen problemas ("caída del resultado de explotación por empleado"). Finalmente, la reducción del periodo máximo de negociación de un convenio a un máximo de 14 meses. La propuesta de Rodríguez Zapatero no sólo no encontró un respaldo claro en el Consejo. Antes al contrario, incluso despertó una notable oposición de algunos presentes. Valeriano Gómez abrió el fuego, manifestó de inmediato su oposición a los cambios y defendió mantener lo ya anunciado en el borrador entregado a los agentes sociales. No en balde ha sido él quien más ha participado en las fallidas negociaciones con sindicatos y patronal y ha asumido públicamente la paternidad del documento difundido el miércoles pasado. Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente primero y futuro candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, hombre fuerte del Ejecutivo, se sumó a las objeciones de su compañero de Gabinete. Rubalcaba recordó al presidente que los sindicatos no habían sido advertidos de los posibles cambios y eso era políticamente arriesgado a estas alturas de la legislatura. Entre los ministros que apoyaron las posiciones del presidente del Gobierno, destacaron Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, y Miguel Sebastián, ministro de Industria. Sobre este último, algunas fuentes apuntan que ha sido uno de los que más han colaborado con Rodríguez Zapatero para presentar las modificaciones del proyecto. El largo debate se zanjó finalmente de manera algo inconcreta. Zapatero presionó con energía para sacar adelante sus propuestas, utilizando su autoridad política como jefe del Gobierno, y se acordó incluir los tres puntos mencionados, aunque sólo dos de ellos –periodo máximo de negociación de los convenios y arbitraje obligatorio– fueron explícitamente mencionados por Rubalcaba y Gómez en la rueda de prensa posterior a la reunión. Sobre el tercero, el descuelgue, que Zapatero se empeñó en incluir de cualquier manera, la conclusión en la reunión del Gobierno fue aparentemente menos explícita y, según las fuentes, hasta que no se publique el texto no se sabrá si se incluye como norma obligatoria o como una simple recomendación a las partes. Por ese motivo, y por las dudas sobre el grado de obligatoriedad del arbitraje sin caer en la inconstitucionalidad, el redactado del decreto continuó por los servicios jurídicos del Estado tras acabar la reunión. Una tarea tan técnica como política que coordina el director de Gabinete del presidente Zapatero, José Enrique Serrano. Habrá que ver ese texto definitivo para saber si Zapatero es ya un pato cojo, definición que en EE.UU. se aplica a los presidentes en los dos últimos años de su segundo mandato, cuando ya no pueden volver a presentarse y su autoridad política merma a medida que se acerca el día de su marcha, o sigue controlando con firmeza las riendas del Gobierno. LA VANGUARDIA. 11-6-2011 Opinión. Cinco Días Grecia, España y el futuro del euro Josep Oliver Alonso La crisis griega no acaba de solucionarse por las enfrentadas posiciones de Alemania y el BCE, y la Comisión Europea y el FMI como testigos de la disputa. En este debate, nada de lo que se discute es menor, pues la solución para Grecia apunta al corazón de la reforma de la Unión que debería aprobarse a finales de junio. La posición alemana se basa en una narrativa de la crisis que sitúa la falta de productividad, los excesos del crédito, precios y salarios y el déficit exterior de los países periféricos como la causa de sus males. Y como buenos luteranos, los que se han comportado mal deben pagar por sus pecados. Ello quiere decir que el sector privado, que tan alegremente financió aquellos excesos, debe correr con parte de los costes. Y que, como prerrequisito para la concesión de un nuevo crédito a Grecia, los deudores privados deben aceptar un alargamiento de los plazos de amortización de hasta siete años. El BCE se opone a cualquier reestructuración de la deuda, voluntaria o no, que implique un cierto default, por suave que sea. Y ello, por dos motivos. Primero, porque ha acumulado deuda pública griega por valor de 50.000/60.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 80.000/90.000 millones en colateral de la banca griega para obtener la liquidez sin la cual no podría funcionar. Por tanto, el BCE tiene intereses en defender la deuda griega para evitar pérdidas en su capital. Además, el BCE considera que ni el Gobierno alemán ni la Comisión comprenden las implicaciones de una reestructuración de la deuda griega. De producirse esta, los problemas no quedarían, en su opinión, circunscritos a Grecia, de forma que podría producirse un nuevo desastre financiero similar al posterior al colapso de Lehman Brothers. Finalmente, la Comisión apoya la posición alemana, al tiempo que el FMI ha estado presionando para que se garanticen nuevos créditos a Grecia, amenazando con no hacer efectivo el tramo de 12.000 millones de dólares que le correspondía abonar ahora por el plan acordado en mayo de 2010. En los últimos días parecía que se estaba consiguiendo un cierto consenso alrededor de un nuevo crédito, de unos 60.000 millones de euros, que permitiría evitar el retorno de Grecia a los mercados en 2012, apoyado en un nuevo plan de ajuste (con privatizaciones incluidas) y una reestructuración voluntaria de la deuda griega, en forma de ampliación de plazos, tal y como se hizo en 2008 con la de los países del este de Europa. Lastimosamente, este acuerdo parece alejarse tras la rotunda oposición del BCE y la defensa alemana de un alargamiento de plazos de siete años. Esta profunda discrepancia refleja, además del problema griego, las diferencias sobre la reforma de los tratados de la Unión y el diseño del Fondo permanente de Estabilidad. Para después de 2013, Alemania exige, primero, que un país pueda suspender pagos; segundo, que en esta situación pueda ser rescatado; tercero, que la deuda de ese país en manos del Fondo de Estabilidad sea sénior respecto de aquella en manos privadas, y cuarto, que en el supuesto de suspensión de pagos, el sector privado corra con parte de la quita que pueda implicar. ¿Cómo terminará la disputa? Cómo siempre, Alemania se llevará el gato al agua, quizás cediendo en la prelación de la deuda en manos del Fondo. Por ello, nos estamos acercando a una nueva fase en la solución de la crisis de la deuda soberana que, indirectamente, puede tener efectos indeseables sobre España. En especial en el contexto de rebajas, o amenazas de reducción, de los ratings de países como Italia y Bélgica, en el euro, o Gran Bretaña y los EE UU, fuera de él. Grecia no puede devolver íntegramente la deuda contraída. Y parece que Irlanda y, probablemente, Portugal tampoco. Un default de estos países, por suave que sea, nos situará de nuevo en el ojo del huracán. Quizás no inmediatamente, aunque ello también es posible. Pero, en todo caso, no mucho más lejos de 2013 o 2014. Por ello, conviene no desfallecer en las reformas. Vienen tiempos turbulentos. CINCO DÍAS. 11-6-2011 Editorial. El Mundo El crédito de España, bajo mínimos DECÍAMOS AYER que el consumo se ha desplomado en estos últimos meses, que el acceso al crédito se ha restringido todavía más y que todo indica que el crecimiento de la economía española va a estar por debajo del 1% este año. Por si ello fuera poco, el diario neoyorquino The Wall Street Journal revelaba que el Santander sólo ha podido colocar la mitad de una emisión de 1.000 millones de euros en cédulas respaldadas con préstamos a ayuntamientos y comunidades y avaladas por los activos del propio banco. Dado que el Santander es uno de los mayores bancos del mundo y que su solvencia está fuera de duda, el rechazo de los mercados pone en evidencia la profunda desconfianza que suscita la economía española. Ni siquiera la entidad que preside Emilio Botín es capaz de colocar un producto que los inversores internacionales identifican con el despilfarro autonómico y la mala imagen de nuestro país. Si el Santander, que es una marca sólida y respetada dentro del sistema financiero, tiene problemas para captar capitales, podemos imaginar el calvario de cualquier otra empresa o particular que necesita financiación. Los datos del Ministerio de Economía que publicábamos ayer mostraban que el crédito a familias y empresas en tasa interanual había bajado en el mes de abril en un 0,4%, lo que pone en evidencia que el problema del acceso a la financiación se ha seguido agravando a pesar de las medidas del Gobierno. Ayer mismo, el diferencial con el bono alemán volvía a subir a 256 puntos, lo que significa que el Estado tendrá que elevar la remuneración de sus emisiones para colocar sus títulos, una mala noticia para un país tan endeudado como España. Al mismo tiempo, Telefónica anunciaba la cancelación de la salida a Bolsa de su filial Atento por «la desfavorable situación de los mercados». La cuestión es si esta situación va a ir a peor todavía y cuándo vamos a tocar fondo en esta crisis. A la luz de todos estos datos, sólo se puede ser pesimista, máxime teniendo en cuenta la irresponsable actitud del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto-ley para la reforma de la negociación colectiva, que nace muerto, ya que el Ejecutivo lo va a tramitar como proyecto de ley para que sea modificado por los partidos. Está claro que el Gobierno es incapaz de asumir sus responsabilidades e intenta ganar tiempo para no enfrentarse a los sindicatos ni quedar mal ante la CEOE. Esta absoluta inoperancia queda reflejada perfectamente en unas palabras de Elena Salgado en una entrevista realizada por una publicación de Fedea. Le preguntan si cambiaría algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis y responde que lo único que haría es «explicarse más y mejor». O sea, que el Ejecutivo lo ha hecho todo bien, pero que ha fallado en su política de comunicación. Un cinismo de tal calibre constituye un insulto para la inteligencia de los ciudadanos. Si a todo ello se suma la debilidad política de un Gobierno que carece de respaldo parlamentario para sacar adelante sus proyectos y se va a ver obligado a pagar a precio de oro los apoyos, la única conclusión posible es que Zapatero debería adelantar las elecciones al próximo otoño. Ya no es posible amagar y no dar, prometer reformas que nunca se llevan a cabo y realizar anuncios que luego no se pueden materializar. Tampoco podemos continuar durante nueve meses bajo la zozobra de nuevos ataques de los mercados. Por lo tanto, apelamos al sentido de la responsabilidad del presidente y le decimos que lo que tenga que hacer, lo haga pronto. EL MUNDO. 11-6-2011 Editorial. Expansión Aviso a navegantes para la economía española Como ya advertíamos ayer, prueba de que no nos podemos permitir titubeos ni medias tintas con las reformas es la delicada situación en la que se encuentra la economía española, vulnerable ante cualquier agravamiento de la inestabilidad financiera que destila Grecia. La división en Europa sobre la resolución de la deuda griega, y la posibilidad de que se produzca una reestructuración que afecte también al sector privado, ha generado tensiones en los llamados países periféricos, y España no ha sido una excepción. La prima de riesgo de la deuda española superó ayer los 250 puntos básicos y, en una jornada teñida de rojo en las bolsas europeas, el Ibex fue uno de los que más cayó, llegando a perder incluso los 10.000 puntos. La situación de Grecia, incapaz de hacer frente a los pagos es una bomba de relojería. Debe parar cuanto antes la peligrosa cacofonía de tanto mensaje contradictorio entre los países europeos el BCE y el FMI. Los socios del euro deben llegar a la cumbre del 20 de junio con una solución consensuada para el problema griego, a sabiendas de que siempre será mejor una reestructuración acordada que una bancarrota desordenada, que desataría un auténtico tsunami anegar también la economía española. Para el Gobierno español lo de ayer debe servir de aviso a navegantes. Cualquier intento de ralentizar o edulcorar las reformas para evitar desgastes electorales y marear la perdiz hasta agotar la legislatura será letal para la economía. EXPANSIÓN. 10-6-2011