Lidia Falcón, fundadora del Partido Feminista, escribe sobre la Marcha nacional del 7N contra la violencia machista.

La violencia machista es terrorismo

El 7 de noviembre todas las mujeres y los hombres de España deben unirse a la Marcha contra la Violencia contra las Mujeres con la que pretendemos que los poderes institucionales: gobierno, Congreso, Senado, Poder Judicial, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, se impliquen con sinceridad y eficacia en prevenir y evitar la masacre de mujeres y niñas que se está produciendo en nuestro paí­s.

La Ley de Violencia, pomposamente llamada Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, se ha demostrado cumplidamente ineficaz. Desde su aprobación el 28 de diciembre de 2004, y en pocos días se cumplirán 11 años, se han cometido más de 1.000 asesinatos machistas. Porque la protección de la ley de que presumen tanto el gobierno como los partidos que la apoyan no es cierta. Las frías cifras nos explican que tenemos 2.000.0000 de mujeres maltratadas, 15.000 violadas cada año, y un número indeterminado -por falta de datos oficiales- de niños asesinados, desaparecidos, abusados sexualmente y maltratados.

“Los partidos políticos ni los gobernantes muestran el menor interés por la masacre de mujeres y niños que se produce en nuestro país cada año.”

Pues bien, el 55% de las denuncias se archivan en el Juzgado sin más trámite. Del 45%a partir de las cuales se tramita el proceso concluyen en condena el 70%, lo que supone que se absuelve al 30 % de los acusados y únicamente el 31% de las denuncias se penaliza, la mayoría de las cuales no exceden de dos años de prisión, porque dada la benignidad de los jueces, en los procesos de violencia, a los maltratadores se les compensa con la sustitución por los llamados servicios en favor de la comunidad, que nadie sabe en qué consisten. En definitiva, una mujer maltratada solo tiene el 6% de posibilidades de ver a su verdugo en la cárcel.

Estas cifras no escandalizan ni inquietan a los partidos políticos ni a los gobernantes, que no muestran el menor interés por la masacre de mujeres y niños que se produce en nuestro país cada año.

Tampoco los llamados movimientos sociales, del que los Indignados, el 15-M, la Plataforma contra los desahucios, las Mareas blancas y verdes y rojas, se han ganado tanto protagonismo, declaran la menor preocupación por esta masacre. Los que se muestran tan solidarios con los desahuciados de las viviendas no sienten ninguna emoción ante los cadáveres de mujeres.

Mientras tanto el PSOE sigue mostrando un entusiasmo digno de mejor causa por esa Ley segregacionista e inoperante. Pero no explican por qué, a pesar de la bondad de la norma legal, después de casi 11 años de promulgada, se sigue asesinando al mismo número de mujeres que hace una década- cuando no más-, y el número de apaleadas y violadas se mantiene inamovible.

La inoperancia de la Ley de Violencia

Al haber los legisladores redactado, como consecuencia de la ampulosa, y en todos sentidos ineficaz Exposición de Motivos, el Artículo 1 en la forma siguiente: práctica está sirviendo para que la judicatura exija a las víctimas la demostración de que la violencia ejercida contra ellas se realiza en razón de “la posición de subordinación al hombre”.

Esta prueba se ha convertido en el principal argumento de la judicatura para archivar las denuncias de maltrato, “si no se demuestra que las agresiones se han producido como esa relación de poder del hombre sobre la mujer”. Este criterio ha sido avalado hace dos años por una sentencia del Tribunal Supremo que establece la doctrina ad hoc y la hace inamovible.

El resultado está siendo que miles de denuncias se archivan sin más trámite, ante la declaración del maltratador de que él no actuaba con desprecio machista sino que sólo se había producido una pelea entre los dos miembros de la pareja, en igualdad de condiciones, y se le exige a la víctima que pruebe la situación de desigualdad en la pareja. Con la agravante que, si el juzgador no llega al convencimiento de que se halla ante un caso específico de “violencia de género”, según la confusa terminología adoptada oficialmente, se sigue el archivo inmediato de las actuaciones.

Si no existiese la ley y se aplicase únicamente el Código Penal antiguo, en el caso de injurias, amenazas y coacciones, y, por supuesto, lesiones, se celebraría un juicio de faltas y se condenaría al agresor a una multa o se seguirían unas diligencias previas para perseguir el delito, como en cualquier otro caso sin la especificidad de esa “violencia de género”. En el día de hoy, todos esos maltratos se archivan.

Después de esta inútil calificación exigida en el artículo 1, la más grave injusticia de la ley es que sólo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vínculo sentimental. De tal modo, todas las demás, que pueden ser la madre, la hermana, la suegra, las cuñadas y las hijas mayores de edad que sean agredidas por el maltratador, y por supuesto las prostitutas, apaleadas o torturadas por chulos o clientes, no son merecedoras de la protección de esta pomposa y tan publicitada Ley orgánica.

Esta limitación del sujeto a proteger significa que, así mismo, las mujeres víctimas de otros graves delitos, como la violación y los abusos sexuales –no digamos el acoso sexual- cometidos por familiares, amigos, vecinos, jefe o compañeros de trabajo, o desconocidos, quedan al margen de la protección de la ley. Incluso el incesto no es contemplado por nuestra legislación, y el Código Penal permite que una niña o un niño de 13 años puedan prestar consentimiento sexual, con lo cual cualquier abuso sexual por parte de un mayor de edad contra un menor, a partir de esa edad queda impune si la víctima afirma “que le gustaba”.

La más grave indefensión en que se encuentran las víctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisión de los delitos, según el principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Mientras el legislador se ha molestado en especificar, con resultados completamente nocivos, como ya hemos visto, que la violencia de género es diferente a los demás delitos, no ha considerado que, en razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislación laboral. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida; el maltratador, amenazando a su mujer diariamente, e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, sigue en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. En definitiva, sólo en estos casos se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse, en un régimen de privación de libertad, y el verdugo campe tranquilamente por sus respetos, sin amenaza alguna.

Las carencias económicas impiden que se organice adecuadamente la asistencia a las víctimas, la protección policial y la tutela jurídica que el Estado les debe.”

La Ley prevé la creación de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, otra presunción del legislador, pero no se determinan los medios económicos con los quese cuenta para llevar a cabo este proyecto, siendo absolutamente escasas las efectivamente atribuidas, mientras se están invirtiendo fondos en la realización de terapias dirigidas a la “rehabilitación” de los maltratadores. Y, por el contrario, las terapias psicológicas creadas para las mujeres víctimas de los malos tratos, son pocas, están atendidas por personal no especializado en este campo, se les conceden durante un tiempo mínimo, y tantas veces están atendidas por profesionales con evidentes prejuicios machistas, que elaboran informes donde se descalifica o se acusa directamente a las víctimas de ser culpables de su propia desgracia, o más trágicamente aún, de ser culpables de la desgracia del hombre.

A lo cual hay que añadir que, además, no se dispone apenas de fondos encaminados a la reinserción laboral de las maltratadas.

Las carencias económicas impiden que se organice adecuadamente la asistencia a las víctimas, la protección policial y la tutela jurídica que el Estado les debe. Falta la preparación especializada del personal sanitario de hospitales y ambulatorios, de forenses, de los jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia.

No se han creado los suficientes juzgados y las unidades de policía necesarios para tramitar con garantías de rapidez y eficacia los procesos por violencia contra las mujeres. Y sobre todo el criterio de quienes tienen que proteger a las víctimas, y juzgar el delito, policías y jueces, sigue siendo el mismo criterio patriarcal que detentaban antes de la aprobación de la ley. Con el agravante de que los maltratadores se han organizado en asociaciones que asesoran a los acusados para que presenten denuncias ellos antes que la mujer, que se consideren maltratados y soliciten órdenes de alejamiento, que en muchos casos la judicatura concede. Porque en la persecución de ningún otro delito tipificado y castigado en nuestro Código Penal, se cuestiona la veracidad de las declaraciones de las víctimas, como cuando se trata de malos tratos, violaciones y abusos sexuales a las mujeres. Porque en definitiva, lo que debe quedarnos claro, porque así nos lo dicen los honrados e imparciales jueces y fiscales, es que la única mujer inocente es la mujer muerta.

Este próximo día 7 de noviembre nos encontraremos en Madrid las asociaciones feministas y de mujeres y de hombres que entendemos que hemos de exigir a los poderes políticos, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación, que se sientan implicados en esta lucha y den un giro copernicano a la perversa relación la masacre de mujeres y niñas y la permisividad legal y judicial con los asesinos.

Unicamente el Movimiento Feminista ha sido protagonista en esta desigual lucha por visibilizar la violencia contra la mujer. Desde mi artículo en Vindicación Feminista de julio de 1976, denunciando la violencia machista, han tenido transcurrir 40 años para que podamos realizar una Marcha a nivel nacional que manifieste claramente la indignación que nos invade ante la evidencia de que el poder machista que sigue utilizando el terror y la violencia contra nosotras, está amparado por las instituciones del Estado. Porque la violencia machista es tan terrorismo como el etarra o el islámico, pero no se considera un asunto de Estado ya que las víctimas somos solo mujeres.

Pero nosotras, como feministas, somos la vanguardia de la lucha, y aunque no tenemos medios económicos ni espónsores ni partidos ni gobiernos detrás, como las primeras mártires de la Revolución Francesa y las sufragistas que redactaron el Manifiesto de Séneca Falls, y Alejandra Kollöntai y Clara Campoamor, que cambiaron el mundo de su tiempo, estamos seguras de que este impulso de indignación e ira que sentimos ante la injusticia machista y los feminicidos de nuestro país que quedan impunes, será la chispa que incendiará la pradera y se extenderá rápidamente y logrará despertar las conciencias adormecidas y llevar nuestras exigencias hasta los indiferentes y machistas que nos gobiernan.

Sevilla, 26 de octubre 2015.

* LIDIA FALCÓN O’NEILL es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y Doctora en Filosofía. Nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Wooster, Ohio. Es fundadora de las revistas Vindicación Feminista, y Poder y Libertad, que actualmente dirige.

Creadora del Partido Feminista de España y de la Confederación de Organizaciones Feministas del Estado Español. Ha participado en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer de Bruselas, en el congreso Sisterhood Is Global de Nueva York, en todas las Ferias Internacionales del Libro Feminista y en los Foros Internacionales de la Mujer de Nairobi y de Beijín.

Es colaboradora de numerosos periódicos y revistas de España y de Estados Unidos. Ha publicado 42 libros. En el terreno del ensayo destacan: Mujer y Sociedad, La Razón Feminista, Violencia contra la mujer, Mujer y Poder Político y Los Nuevos Mitos del Feminismo que han sido traducidas a varios idiomas.

Así mismo, tiene una extensa obra narrativa Cartas a una idiota española, Es largo esperar callado, Los hijos de los vencidos, En el Infierno, El juego de la piel, Rupturas, Camino sin retorno, Postmodernos, Clara, Asesinando el Pasado, Memorias Políticas, Al Fin estaba Sola, Una Mujer de nuestro Tiempo, Ejecución Sumaria y el libro de poesías Mirar Ardiente y Desgarrado.

Actualmente se presenta a las primarias de Ahora en Común encabezando la lista por la provincia de Sevilla

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