Cargando...El megaproyecto urbanístico de Rita Barberá (PP) en el barrio valenciano del Cabanyal puede tener los días contados. El Ministerio de Cultura considera que el plan del Ayuntamiento de Valencia supone un «expolio del patrimonio histórico» de este antiguo barrio de pescadores, que el consistorio valenciano pretende demoler para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Cultura obliga al equipo municipal a que proceda a la «suspensión inmediata de la ejecución» del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, aprobado en 1998 por el Gobierno de Barberá. También requiere a la Generalitat Valenciana «para que suspenda todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan» en un plazo de 48 horas. Dicho proyecto establecía el derribo de 1.654 viviendas, pero desde el mismo momento en que se aprobó, se topó con la oposición frontal de sus vecinos, que constituyeron la plataforma Salvem el Cabanyal y decidieron frenar a toda costa las intenciones del Ayuntamiento. «Estamos satisfechos, ya que, después de más de diez años, se reconocen los derechos y el valor patrimonial del barrio. El informe de Cultura es muy contundente, muy fundamentado desde el punto de vista técnico y pensamos que definitivo», manifestó ayer la portavoz de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, tras conocer la decisión ministerial.
Para los miembros de esta asociación, este lan urbano, "ignominioso para los vecinos y para la historia del barrio", supone un destrozo irreparable del patrimonio. Además, han acusado en reiteradas ocasiones al consistorio de permitir la degradación de las viviendas del barrio, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) por su entramado urbano derivado de la alineación de las antiguas barracas de pescadores. Tras años de litigios y peleas judiciales, el Tribunal Supremo dictaminó, el pasado 25 de mayo, una sentencia que obligaba a Cultura a declarar si la actuación municipal era, o no, un acto de expolio. El Alto Tribunal exigía a Cultura que basara su decisión en una serie de informes técnicos. Dicho y hecho. El ministerio afirma que la declaración de expolio está "apoyada en múltiples informes técnicos". En concreto, Cultura argumenta su decisión tras haber recabado documentos de la Real Academia de la Historia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico (dependiente del propio ministerio), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda y del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Estos cinco informes coinciden: la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez (una de las arterias principales de Valencia) hasta las playas del norte de la ciudad causaría un destrozo irreversible en el patrimonio histórico-artístico del barrio del Cabanyal.Varapalo a BarberáAsí, el departamento de Ángeles González-Sinde entiende que este plan urbanístico impulsado por Barberá "ha sido dictado prescindiendo de toda consideración por los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto histórico" del lugar. La resolución ministerial supone un varapalo monumental para la alcaldesa de Valencia, quien a pesar de la resistencia vecinal, se empeñó una y otra vez en sacar adelante este proyecto. Barberá prometió que rehabilitaría el barrio, pero en los años que ha durado el litigio, sólo ha acometido 43 reformas. El dato contrasta con las compras de casas para demoler, que alcanzan las 260. Cuando el consistorio conoció en mayo la sentencia del Tribunal Supremo, anunció que agilizaría los derribos.Ahora, Cultura tumba las intenciones del Gobierno municipal. Argumenta que la orden "coincide con la sentencia de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, que declara competente al Estado en la protección del Patrimonio Histórico contra el expolio". Y su conclusión es contundente: "Las determinaciones del PEPRI suponen una alteración del conjunto histórico del Cabanyal que desfiguran el mismo hasta el punto de hacer perder a este su propio carácter […] en beneficio de una determinada opción de trazado urbano […] incompatible con la protección del conjunto histórico". Vergonzoso e irritanteEl equipo municipal conoció ayer por la tarde la resolución ministerial y la remitió a los servicios jurídicos del consistorio, que la comenzaron a estudiar "para conocer su alcance" y acometer "las acciones legales pertinentes. Fuentes del consistorio admitieron que la noticia les pilló "por sorpresa". Su responsable de comunicación, Manolo Bernardos, calificó de "vergonzosa e irritante" la actitud del Ministerio de Cultura, a quien acusó de difundir la noticia "al parecer en una nota de prensa", un extremo que negaron ayer por la tarde en el propio ministerio. Para Bernardos, la orden ministerial "parece estar tomada con alevosía, como a escondidas". Algo parecido afirmó anoche el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, quien calificó de "realmente sospechoso" que el consistorio, "como parte personada en el litigio, no haya recibido todavía comunicación oficial de las intenciones".También habló la portavoz municipal del PSPV-PSOE, Carmen Alborch, para quien el ministerio "ha hecho justicia con las reivindicaciones históricas del barrio". "Ahora lo que hay que hacer es paralizar los derribos y que se suspenda la ejecución del Plan", afirmó la concejal socialista. Alborch tuvo palabras de agradecimiento para los miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal, por su "ejemplo de convicción y de lucha" durante los años que se ha prolongado el litigio. "Aunque han tenido momentos de desánimo, nunca han perdido la esperanza", señaló. "Es un día muy importante para todos, para el barrio y para la ciudad", concluyó Alborch.En la misma línea se expresó Enric Morera, del Grup Compromís. "Aunque llega tarde, consideramos que es un paso positivo que puede obrar la salvación del barrio", opinó. Y recordó que la conexión de Valencia con el mar ya es suficiente, por lo que "no hacía falta esta megaobra". Morera pidió cooperación, tanto al Ejecutivo central como al ayuntamiento, "para la rehabilitación integral del barrio".