Cargando...El Gobierno y las comunidades autónomas libraron ayer el mayor pulso hasta la fecha sobre cómo debe repartirse la carga del ajuste en estos años clave para salir de la crisis. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impuso que, a pesar de la flexibilidad obtenida en Bruselas el pasado mes, las autonomías no vean relajado, sino endurecido su objetivo de déficit hasta 2014. Sin embargo, no sólo recabó el voto en contra de todas las comunidades no gobernadas por el PP, sino que tampoco pudo sofocar la rebelión de algunas de su propio partido, que decidieron, en hecho insólito, no respaldar su plan.
En el tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer, seis comunidades que representan más del 40% del Producto Interior Bruto español no votaron a favor del plan de Hacienda por considerarlo desequilibrado a favor de la Administración central del Estado. Cataluña (presidida por CiU), Andalucía y Asturias (PSOE) y Canarias (Coalición Canaria) votaron en contra. Castilla y León y Extremadura -estas últimas gobernadas por el Partido Popular- se abstuvieron en señal de protesta, e incluso la consejera de Hacienda de Galicia, Elena Muñoz, votó a favor, pero expresando «un sí crítico» tras haber manejado «todas las opciones», incluido el voto en contra.
La posición del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo supone una nueva muestra de la rebelión interna en el Partido Popular. Galicia es clave para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y es, junto a la Comunidad de Madrid, la que mejor está cumpliendo los objetivos de déficit.Con los votos a favor de Madrid, Valencia y el resto de comunidades gobernadas por el PP, Montoro hizo valer su mayoría e impuso esta senda de ajuste. En 2012 el déficit conjunto de las comunidades no podrá superar el 1,5%; en 2013, en vez del 1,1% acordado será del 0,7% como máximo, y en 2014, en vez del 1%, un 0,1%. Eso supone endosarlas un ahorro en los dos próximos años de 13.000 millones más de lo previsto, lo que provocó indignación general.«Hacienda está pidiendo un esfuerzo extraordinario a las comunidades», protestó la conselleira gallega. «He expresado mi malestar, porque el Gobierno se da un poquito más de margen, mientras pide un sacrificio mayor a las comunidades», señaló la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, y una de las más veteranas miembros del CPFF. Del Olmo y el consejero de Extremadura, Antonio Fernández, resistieron durante horas la presión de Montoro. «No me ha convencido y por eso nos hemos abstenido», señaló el extremeño a la salida.El ministro de Hacienda estuvo duro y llegó a descalificar la altura de miras económica de los rebeldes. «¡Cómo os oponéis, cómo váis a hacer más déficit si no podéis financiaros en los mercados!», llegó a decir en tono de desdén a varios de ellos, según consejeros consultados. El ministro defiende que cuanto más se relajen las comunidades más difícilmente generarán confianza en los mercados y más caro les será financiarse. En rueda de prensa posterior, el propio Montoro aseguró que «el voto en contra es una posición política y no tiene ningún sentido económico», y restó importancia a la abstención de comunidades del PP.«El ministro ha tenido un tono amenazante, de imperio», criticó la consejera de Hacienda de Andalucía, la socialista Carmen Martínez Aguayo. En su opinión, «el Estado se está dotando de un punto más este año, 1,7 puntos más el año que viene y otro punto y pico más en 2014», lo que le permite una flexibilidad de más de 45.000 millones, mientras a las comunidades autónomas «les reduce en 12.000 millones sus objetivos». «Esto ha sido un ordeno y mando. El Gobierno no escucha ni a los suyos», protestó el conseller de Hacienda de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.«Las comunidades van a cumplir con el déficit con independencia de su color político», retó Montoro.Entre los que apoyaron a Montoro se situó el consejero de Hacienda de Madrid, Percival Manglano, aunque señaló que el Gobierno central tiene que hacer más deberes para facilitar el ajuste autonómico. «No es suficiente con subir los impuestos, y ni siquiera es suficiente con bajarle el sueldo a los funcionarios. Lo que tiene que ocurrir es que se replantee el modelo tal y como existe en España porque hay gastos que, hoy por hoy, son estructurales y las comunidades están obligadas a hacerlos».El consejero valenciano, José Manuel Vela, votó a favor, pero tras obtener garantías que en las entregas a cuenta se recogerá la subida del IVA, porque supondrá una inyección adicional de ingresos. «El objetivo de déficit aprobado es asumible en estos momentos», dijo.Ni Vela, ni Mas-Colel ni ningún otro consejero se dio por aludido en la mayor amenaza lanzada por Montoro ayer, la de activar la ley que permite la intervención de autonomías si no respetan el déficit. «Hemos advertido a varias regiones tras examinar los datos disponibles, porque corren el riesgo de desviarse del objetivo de déficit del 1,5% de PIB previsto para 2012», aseguró el ministro. Consejeros consultados aseguran que el ministro quiere sacar tarjeta amarilla a ocho, aunque Montoro no quiso confirmar ni esa cifra ni los nombres de los apremiados ni dentro ni fuera del CPFF.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que a partir de ahora, y a lo largo de la próxima semana, se convocará individualmente a los afectados en el Ministerio, y si éstos no convencen, el Gobierno lanzará una advertencia formal: si los incumplidores no toman medidas correctoras serán intervenidos.