Cargando...MARIANO Rajoy se vio obligado a clausurar el Congreso del PP andaluz un día antes de lo previsto -que era hoy- por temor a las protestas convocadas en la puerta del recinto. La intervención del presidente evidenció que el Gobierno está preocupado por el malestar ciudadano con las medidas de ajuste, sobre todo en lo que se refiere a las subidas de impuestos. La inquietud es completamente lógica, habida cuenta de que Rajoy ha abdicado del programa electoral con el que logró la mayoría absoluta en las urnas hace ocho meses. Un Rajoy a la defensiva, instó a los militantes del PP a «salir a la calle con la cabeza bien alta» porque no tienen «nada de qué avergonzarse», ya que el Gobierno hace lo que debe para remontar la difícil situación económica. Fue un discurso en clave de orgullo personal y partidario, dirigido a unos cuadros acosados y temerosos de las consecuencias del giro político de Rajoy.El jefe del Ejecutivo no entró en los detalles del plan de ajuste, aunque sí aclaró que él seguirá diciendo la verdad sobre la difícil situación de nuestro país y las medidas que hay que tomar. Sin embargo, algunas de sus actuaciones no están en sintonía con esta proclama. ¿Qué pensarían nuestros lectores -que en su inmensa mayoría hablan español- si este editorial lo escribiéramos en inglés? Pues eso es lo que ha hecho el Gobierno con la cuantificación del plan de ajuste. Ni Rajoy en el Congreso el pasado miércoles, ni la vicepresidenta y los ministros de Economía y Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros concretaron las cifras de ahorro, aunque sí las facilitaron horas después a los inversores y a los medios de comunicación extranjeros en una nota de prensa redactada en inglés. Un comportamiento que no nos parece de recibo.
Rajoy dijo ayer asimismo que sus medidas son «justas», lo cual también es discutible. De los detalles de ese comunicado, así como de la lectura atenta del BOE -un ejercicio obligado porque el Ejecutivo suele dar sorpresas de última hora- se desprende que la mayor reducción del déficit vendrá por la recaudación de impuestos, y no por el ahorro del gasto. Una vez más, los sacrificios recaen en los sectores más productivos y dinámicos de la economía, sin que el esfuerzo de las personas, las familias y las empresas se vea compensado con una reducción del gasto improductivo del Estado.Con el aumento de los impuestos -IVA, Sociedades e IRPF-, el Gobierno prevé recaudar 34.000 millones en los próximos dos años, mientras que la disminución del gasto público ascenderá a 27.000 millones, en los que se incluyen la reducción del seguro de desempleo, la bajada de sueldo de los funcionarios y recortes en la Ley de Dependencia y otras partidas de Sanidad y Educación. Se trata de gastos que necesariamente había que tocar, aunque su impacto social sería menor si el Gobierno se hubiera decidido, de una vez por todas, a reducir drásticamente el gigantesco aparato público estatal, autonómico y municipal, tal y como le ha pedido insistentemente la UE.Este trasvase de recursos del sector privado al público -que aún debe completarse con las tasas que se impondrán a las compañías eléctricas próximamente- está llamado a influir de forma muy negativa en la demanda interna -la gente tendrá menos dinero para gastar- y puede lastrar las posibilidades de recuperación de la economía española.Todo ello, mientras seguimos expuestos al peligro de una intervención europea. Nada menos que el presidente del Bundesbank envió un recado al Gobierno español. Weidmann cree que España debería pedir el rescate de toda su economía, no sólo de los bancos. Es bien cierto que las autoridades alemanas intentan ser las que ordenen la economía española, aprovechando nuestros problemas de financiación. Pero no es menos cierto que la timorata actuación del Gobierno en lo que se refiere a ajustarse el cinturón a sí mismo y a las comunidades da argumentos a los que buscan esa intervención.