La preciada bandera del orden público

“El futuro de Europa, tal y como la entendemos desde el derrumbe del muro de Berlí­n, pasa en estos momentos por la crisis económica de España, y el alto voltaje de esta lí­nea de tensión electrifica la polí­tica. La prorroga del estado de alarma, autorizada ayer por el Congreso de los Diputados, es ejemplo de ello. La fortificación del orden público enmarca hoy la vida española.”

Diciembre ha sido un mes tan crítico como lo fue mayo. El Gobierno se ha visto obligado a ofrecer más sacrificios a los mercados y al Directorio Euroeo (ente que no está en el organigrama, pero existe: es la relación de fuerzas resultante del predominio alemán y de su actual influencia sobre Francia, el Benelux y el distrito industrial del norte de Italia). Se han eliminado las ayudas a los parados sin seguro, se pondrá a la venta la explotación de los aeropuertos de Barajas y El Prat, y el recorte de las pensiones del futuro -la principal exigencia alemana en mayo-, se aprobará antes de las elecciones autonómicas y municipales. El primer trimestre del 2011 será de una gran crudeza. (LA VANGUARDIA) ABC.- Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones. EL MUNDO.- Los analistas esperaban ansiosos la última subasta de deuda del Tesoro en 2010. Se producía sólo un día después de la amenaza de rebaja del rating a España por Moody’s y el resultado fue desesperanzador: el interés del bono a 10 años superó el 5,48% y el de las obligaciones a 15 quedó en el 5,98%, lo que supone que el Tesoro tuvo que pagar el precio más alto los últimos 13 años. La subida de tipos provocada por las dudas sobre nuestra economía ha supuesto que el Estado vaya a desembolsar 1.688 millones de euros más de lo previsto en 2010 para hacer frente al servicio de la deuda, una cantidad superior a los 1.500 millones de ahorro que estima el Gobierno por la congelación de las pensiones en 2011. Habría que plantearse si no será más rentable que nos rescaten con unas duras condiciones de ajuste a tener que pagar por colocar nuestra deuda un precio que se come el ahorro de los recortes sociales. España deberá refinanciar unos180.000 millones de euros entre deuda pública y bancaria el próximo año, ¿a qué precio? Opinión. La Vanguardia La preciada bandera del orden público Enric Juliana El Partido Socialista Obrero Español se ha apoderado de la bandera del orden público, mientras el Directorio Europeo revisa en Bruselas el régimen disciplinario que España deberá seguir para aliviar la problemática financiación de su monumental deuda, sin que se rompa la moneda única. El futuro de Europa, tal y como la entendemos desde el derrumbe del muro de Berlín, pasa en estos momentos por la crisis económica de España, y el alto voltaje de esta línea de tensión electrifica la política. La prorroga del estado de alarma, autorizada ayer por el Congreso de los Diputados, es ejemplo de ello. La fortificación del orden público enmarca hoy la vida española. España vivirá unas Navidades tranquilas en los aeropuertos. Ese es un mensaje importante; hacia el exterior, donde el prestigio del país acumula serios daños, y también en el orden interno, en vísperas de nuevas protestas sindicales por el inminente recorte de las pensiones. Es un mensaje con gusto de turrón jijonenco en los difíciles años setenta. (Aquel anuncio pacificador en las fiebres de la Transición: "Vuelve a casa, vuelve a casa por Navidad…") Espoleado por la recuperación de la iniciativa política durante el puente de la Constitución, el primer ministro Alfredo Pérez Rubalcaba ha decidido forzar hasta el límite de lo posible uno de los mecanismos de excepción previstos en la Constitución de 1978. (El presidente, obviamente, está de acuerdo, pero ayer evitó todo protagonismo en el pleno.) Los nacionalistas catalanes y vascos apoyaron la prórroga del estado de alarma porque la fortificación del orden público no es una música que desagrade a sus votantes, y porque no desean una erosión mortal del Gobierno y las consiguientes elecciones generales anticipadas. Les sobran motivos para no desearlo. Con encuestas que hace apenas diez días le otorgaban una ventaja de 18 puntos sobre el PSOE -sí, dieciocho puntos-, el Partido Popular asiste un tanto perplejo al bonapartismo socialista y al fenómeno Rubalcaba. El presidente está hundido en los sondeos; el primer ministro corre como una liebre. Tiene autoridad y la ejerce; está en todo y genera expectativas. E inquietudes. Muchas inquietudes. Rubalcaba encarna hoy el poder político en España. Mariano Rajoy no puede enfrentarse a él, dada su posición en el tablero. A la tenaz Soraya Sáenz de Santamaría le faltan horas de vuelo. Y el portavoz Esteban González Pons, valenciano locuaz, necesitaría otro timbre. Con dardos levantinos de la escuela de Canal 9 no se tumba al Andreotti español (definición de Gregorio Morán que, sin ser rigurosamente cierta en el contenido, describe bien la potencia fáctica del personaje.) Diciembre ha sido un mes tan crítico como lo fue mayo. El Gobierno se ha visto obligado a ofrecer más sacrificios a los mercados y al Directorio Europeo (ente que no está en el organigrama, pero existe: es la relación de fuerzas resultante del predominio alemán y de su actual influencia sobre Francia, el Benelux y el distrito industrial del norte de Italia). Se han eliminado las ayudas a los parados sin seguro, se pondrá a la venta la explotación de los aeropuertos de Barajas y El Prat, y el recorte de las pensiones del futuro -la principal exigencia alemana en mayo-, se aprobará antes de las elecciones autonómicas y municipales. El primer trimestre del 2011 será de una gran crudeza. En tan aciaga circunstancia, el cinismo social y el aventurerismo político de los controladores aéreos ha puesto en manos del PSOE la bandera del orden público. (Y en pocos días puede haber novedades sobre ETA.) LA VANGUARDIA. 17-12-2010 Pensiones. ABC El Congreso blinda las pensiones doradas de diputados y senadores J. González Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones. Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año. Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%. Recortes de más del 5% La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá unrecorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció ayer que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040. Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años. Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006. Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia. De esta forma, la comisión del Pacto de Toledo, que se reunió durante más de tres horas, zanjó la redacción de la recomendación propuesta por el grupo socialista en la que no fijaba la edad legal de jubilación y que para el PP, IU, ERC y BNG deja la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero. Valeriano, «en sus trece» Esta falta de consenso hizo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareciera ante la prensa de forma urgente a las nueve de la noche para no defraudar a los mercados y asegurar que el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto» a pesar de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo en este sentido. Gómez dijo que el Ejecutivo seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales. No obstante, pese a que el texto se esfuerza en no fijar ningún tope a la edad legal, sí menciona la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años «de manera voluntaria», cuestión que siempre han exigido los partidos de la oposición y los sindicatos. La portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, reprochó al PP su insistencia en que el informe recogiera explícitamente que la edad legal de jubilación debía mantenerse en los 65 años, mientras que los socialistas querían destacar su carácter «voluntario», y achacó la postura de los populares a «intereses partidistas». El portavoz del PP, Tomás Burgos, valoró «negativamente» que el PSOE no se haya comprometido a no incluir en el proyecto de ley el mantenimiento de la edad de jubilación en los 65 años, y lamentó que los socialistas tampoco hayan presentado las «soluciones imaginativas» a las que se refirió su portavoz parlamentario. ABC. 17-12-2010 Editorial. El Mundo El coste de la deuda se hace insostenible LOS ANALISTAS esperaban ansiosos la última subasta de deuda del Tesoro en 2010. Se producía sólo un día después de la amenaza de rebaja del rating a España por Moody’s y el resultado fue desesperanzador: el interés del bono a 10 años superó el 5,48% y el de las obligaciones a 15 quedó en el 5,98%, lo que supone que el Tesoro tuvo que pagar el precio más alto los últimos 13 años. La subida de tipos provocada por las dudas sobre nuestra economía ha supuesto que el Estado vaya a desembolsar 1.688 millones de euros más de lo previsto en 2010 para hacer frente al servicio de la deuda, una cantidad superior a los 1.500 millones de ahorro que estima el Gobierno por la congelación de las pensiones en 2011. Habría que plantearse si no será más rentable que nos rescaten con unas duras condiciones de ajuste a tener que pagar por colocar nuestra deuda un precio que se come el ahorro de los recortes sociales. España deberá refinanciar unos180.000 millones de euros entre deuda pública y bancaria el próximo año, ¿a qué precio? La razón de fondo del vertiginoso aumento del coste de la deuda es que a finales de diciembre seguimos hablando de los mismos problemas que hace seis meses o un año, aumentados incluso por el paso del tiempo. En mayo, Zapatero consiguió una cierta tregua de los mercados al presentar unas medidas de ajuste que parecían bien encaminadas para reducir el déficit público. Pero en cuanto los inversores pusieron la lupa sobre nuestro país al iniciarse la crisis irlandesa vieron que el control del gasto hacía agua por el despilfarro de las CCAA y que el sector financiero seguía sin sanearse. En definitiva, que Zapatero no había puesto en marcha las reformas anunciadas. El resultado del cierre de las subastas de deuda del año nos dice dónde está exactamente España respecto a los países de nuestro entorno. Moody’s ha repetido lo obvio: «Hay crecientes dudas del compromiso y la capacidad del Gobierno español para aplicar las reformas profundas estructurales que se necesitan». Una de ellas es el fiasco del saneamiento de las cajas de ahorros, orquestado en torno a unas fusiones frías sólo difieren el verdadero problema: la necesidad de recapitalización de estas entidades. Estos procesos no sirven más que para recabar dinero público con el que pagar la reestructuración -prejubilaciones de lujo incluidas, como decíamos ayer-, pero no eliminan los problemas de morosidad, de solvencia y de control político de las cajas. Que estas fusiones se cierren antes de las Navidades no significa que el sector se haya saneado. Pero el reto crucial al que se enfrenta España es la reforma del Estado autonómico. Los mercados dudan con razón de que un sistema que ha generado, por ejemplo, 17 defensores del pueblo, 17 comisiones de competencia, 13 televisiones autonómicas, además toda una red clientelar de miles de asesorías y empresas públicas con sus presupuestos y su personal -no se entiende que la Administración periférica haya generado casi el 100% de los puestos de trabajo creados en España en el tercer trimestre-, sea capaz por sí mismo de someterse a una cura de adelgazamiento. Y el Gobierno apenas tiene capacidad legal para combatir el despilfarro, por mucho que Elena Salgado pretenda convencernos de que con la publicación de las cuentas de las CCAA está todo resuelto. Reformar el estado autonómico. Éste es el reto que debería plantearse el Gobierno y en el que tendrían que participar todos los partidos. Pero la situación preelectoral hace imposible un pacto de este calibre en estos momentos, por lo que también por esta razón es cada vez más urgente un adelanto de las elecciones generales. Para evitar que cada mes de retraso suponga un aumento de los tipos a los que colocamos la deuda. EL MUNDO. 17-12-2010

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