Cargando...LOS DOS últimos presidentes de la Junta de Andalucía y últimos presidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido llamados a declarar por el Tribunal Supremo como imputados en el caso de los ERE falsos. Son palabras mayores, aunque la imputación no suponga más que una declaración con abogado para proteger sus derechos. Junto a Chaves y Griñán, también declararán los ex consejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.
El primer comentario que hay que hacer es el de congratularse por la labor llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, que supo recoger -e investigar a conciencia- las denuncias de aquellos empresarios de Mercasevilla difundidas por EL MUNDO y otros medios, y que dieron lugar al llamado caso de los ERE falsos. Todo un sistema de subvenciones dirigidas a empresas del entorno del PSOE y de la Junta al margen de la contabilidad oficial, que supuso un quebranto de 855 millones de euros, según la juez. Aunque Alaya esté dilatando demasiado una instrucción que ya acumula casi 300 imputados, el que haya conseguido llegar hasta la cúpula del supuesto entramado delictivo -así lo estima el Supremo al empezar a investigar a los aforados- resulta reconfortante. La Justicia funciona. Noticias como la de ayer son muy positivas para la salud de la democracia española.
Esta citación del Supremo a Chaves y Griñán llega en un momento trascendental para el país y requiere un análisis político, además del meramente judicial de asunción de responsabilidades. La imputación se conoce a poco más de un mes de los comicios autonómicos en Andalucía, que abrirán la sucesión de convocatorias más larga desde la reinstauración de la democracia. Un proceso en el que la corrupción y las malas prácticas políticas van a marcar las propuestas de los partidos y a determinar los resultados electorales.
La nueva situación procesal de los dos ex presidentes de la Junta coloca en una situación comprometida a Susana Díaz, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera. El pasado noviembre, al ser preguntada por el futuro judicial de Chaves y Griñán afirmó que «cualquier imputado tendrá que dejar el escaño». Ayer, el PSOE andaluz se atrincheraba en una rectificación posterior de Díaz al recordar que ésta había matizado que pedir la renuncia al escaño dependería de la imputación de un «delito concreto», lo que todavía no se ha producido.
La misma consigna salió de la dirección nacional del partido. Pedro Sánchez también había afirmado que «si Chaves y Griñán son imputados deberán dejar de ser diputados». Pero ayer, como Díaz, protegió a los dos ex presidentes. Este cambio de posición deja en evidencia la enorme torpeza con la que Sánchez ha descabalgado a Tomás Gómez de la dirección del partido en Madrid. ¿Por qué defiende a Chaves y a Griñán ante una imputación del Supremo y en cambio defenestra a Gómez cuando ni siquiera está siendo investigado por los tribunales por su gestión en el Ayuntamiento de Parla? Los militantes socialistas deberían exigir una respuesta a su secretario general.
A Sánchez se le acumula la tarea. Ayer conocimos que el PSOE balear ha aceptado renunciar a sus siglas para pactar con Podemos en las elecciones. Un decisión directamente relacionada con las pésimas perspectivas electorales socialistas. Y de nuevo hay que volver a Tomás Gómez. Si la segunda razón para su destitución fue la falta de expectativas de voto en la Comunidad de Madrid, ¿por qué no se hace lo mismo con Francina Armengol, líder del partido en Baleares, y con la dirección regional, que ha ido mucho más allá que Gómez al permitir incluso la desaparición de las siglas del PSOE? Sánchez debe muchas explicaciones.