Cargando...
A instancias de un recurso de la acusación particular de Pablo Iglesias, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -el mismo que lleva el caso contra Santos Cerdán y Leire Díez sobre la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez- ha imputado al ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2016.
En aquel momento -el primer semestre de 2016- Podemos estaba en pleno ascenso. Había obtenido 69 diputados en las elecciones generales de diciembre de 2015
El excomisario García Catalán, como miembro de la llamada «policía patriótica» -presuntamente siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y con pleno conocimiento de Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP- fue enviado en 2016 al consulado de España en Nueva York para mantener un encuentro con un exministro de Venezuela caído en desgracia, Rafael Isea. El objetivo de la reunión era intentar obtener un testimonio falso contra los fundadores de Podemos, que pudiera establecer que el partido morado había sido financiado por Caracas, algo que ni era ni es cierto.
Este viaje forma parte de todo un esfuerzo por fabricar pruebas falsas contra Podemos. En aquellos momentos fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se orquestó un montaje policial para implicar a Miguel Urbán -ex diputado del Parlamento Europeo- en tráfico de cocaína. Todo falso, pero todo convenientemente repetido y amplificado por casi todos los medios de comunicación en aquellos momentos, especialmente los más conservadores y reaccionarios.
Junto a García Catalán, el juez Pedraz también ha imputado a otros dos policías que viajaron con la misma misión a EEUU. Una es otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF, y el otro es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, también bajo juicio por el espionaje ilegal de Bárcenas. Por estos hechos también está investigado el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen.
El juez cuenta con audios que retratan el encuentro en el consulado de Nueva York. En la reunión de los policías de la «brigada patriótica» con Rafael Isea, los agentes se presentaron ante el excolaborador de Hugo Chávez, huido de Venezuela, y dijeron hablar en nombre del gobierno de España, del ministro Fernández Díaz y de Rajoy. Según dice Pedraz en el auto donde encausa a García Catalán, el «propósito formal» de aquel encuentro era «obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano», a cambio de tratos de favor del gobierno español. Pero -según el escrito- «el verdadero objetivo» no era «la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio» contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y contra Podemos.
En un momento de la grabación, Isea asegura que él no puede asegurar si una firma estampada en un hipotético documento probatorio es de él mismo, pero el inspector Fuentes Gago le dice que «eso no importa», que lo único que ha de hacer es decir que sí. Todo ello delante de García Catalán, que preguntado por el juez si había escuchado esto, dijo que «en ese momento había ido al servicio».
Tras esa conversación en Nueva York, los tres agentes «redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas» por Rafael Isea, y que fue profusamente filtrada a los medios de comunicación españoles.