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Desde este lunes 11 de mayo, la educación pública valenciana vive su primera huelga indefinida en décadas —no se registraba una desde 1988— con unos 78.000 docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional llamados a secundarla. La convocatoria está impulsada por STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. Una protesta acompañada de gigantescas manifestaciones en València, Alacant, Castelló y Elx
Los sindicatos han situado el seguimiento de la primera jornada de huelga entre el 80% y el 90%, mientras que la Generalitat redujo la cifra en torno al 47%-50%. Cualquiera que haya ido a un centro educativo estos días o haya acudido a las multitudinarias movilizaciones, habrá comprobado que son los sindicatos los que están dando una cifra de participación más cercana a la realidad.
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¿Qué reivindican los docentes valencianos?
Los sindicatos están unidos en torno a un acuerdo de negociación que incluye 40 medidas dirigidas a la Conselleria de Educación.
En el centro de las demandas se sitúa la reducción de las ratios en las aulas: pasar de los actuales 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 en ESO y Bachillerato a un máximo de 20 estudiantes por clase.
También exigen la recuperación y ampliación de plantillas, con la creación de 2.000 nuevas plazas, y el refuerzo de los profesionales de atención a la diversidad.
Asimismo, los sindicatos denuncian que en los últimos años han perdido de manera significativa poder adquisitivo, situándose «a la cola de las retribuciones del Estado». Critican que la parte autonómica del salario «no se actualiza desde hace 19 años» y exigen una recuperación progresiva del 20%, la actualización anual conforme al IPC, la recuperación de la paga extra y el reconocimiento del verano para interinos que hayan trabajado al menos 150 días.
Las centrales sindicales educativas exigen también un plan de adaptación climática de los centros educativos ante los episodios de frío y calor extremos, la mejora de infraestructuras y la culminación de proyectos como el programa Edificant, además de acelerar la reconstrucción de los centros afectados por la DANA. la sustitución inmediata del personal de baja, la equiparación de los días de libre disposición con otras comunidades, la reducción de horas lectivas y la homogeneización de la jornada laboral con el resto de empleados públicos del Estado.
Además, el pliego de reivindicaciones incluye medidas para reducir la temporalidad, compensar económicamente la participación en tribunales de oposiciones y aliviar la carga lectiva del profesorado mayor de 55 años. También demandan la reducción de la burocracia diaria, con la simplificación de trámites y la eliminación de informes duplicados que, denuncian, restan tiempo a la labor docente.
Otro punto importante y muy sentido en esta huelga es la exigencia de una mayor protección del valenciano mediante «un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe», junto con la retirada de lo que tachan de «medidas de censura» por parte del actual Ejecutivo popular.
En definitiva, la huelga clama, en palabras de los sindicatos, por «revertir un proceso de desmantelamiento y degradación de la educación pública impropio de una sociedad que debe apostar de forma decidida por su futuro».