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A estas alturas ya nadie puede sostener aquel objetivo inicial del Informe Bricall, que acabó siendo Bolonia, y que rezaba la necesidad de adaptar la Universidad a la sociedad, sobretodo cuando se habla de sociedades bien diferentes. El Plan Bolonia no hace más que legalizar en la enseñanza un proyecto político y la respuesta a la crisis del mismo. ¿Cuál?
Así como en el anterior número abordamos algunos asectos de la situación de la educación ante la crisis y, sobretodo, algunos de los males endémicos de nuestro sistema educativo, pretendemos aquí comprender los ejes del proyecto que desde hace una década está “revolucionando” la Universidad. En primer lugar no puede entenderse el papel de la educación superior al margen de las necesidades del proyecto político que ha dirigido nuestro país, y, cuanto mínimo, quién ha estado interesado en él. Desde algunos sectores del amplio movimiento anti-Bolonia, que han mantenido, al margen de interesadas “radicalizaciones”, un zigzagueante enfrentamiento con las diferentes evoluciones del programa europeo, se señala al “neoliberalismo” y a las empresas, en general, como responsables de la “mercantilización” y “elitización” de la Universidad. Pero aún con todos los puntos coincidentes nunca fue tan cierto el dicho popular de que el que mucho abarca poco aprieta. Una nueva dimensión El GATS o AGCS (General Agreement on Trade in Services o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) es uno de los acuerdos que se firmaron en 1995 cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, al acabarse las negociaciones del Uruguay Round entre 128 países. En realidad EE.UU, apoyándose en Canadá, la Unión Europea y Japón emplazó a los demás a firmar este “paquete único” de acuerdos que sustituyeron a los acuerdos de comercio internacional hasta entonces vigentes, por nuevos acuerdos que abarcan a muchos más sectores, notablemente a los servicios. La OMC vigila con plenos poderes la aplicación de estos acuerdos por los países miembro, utilizando mecanismos, entre otros, como “el test de necesidad” que sirve para paralizar políticas nacionales que frenen la inversión extranjera. El espíritu de este acuerdo, como la misma OMC recoge, es el de “desde el principio, influir necesariamente en la legislación nacional y en sus reglamentaciones.” Éste hilo conductor tiene dos vías de aplicación según la normativa, la general, según la cual cualquier ventaja otorgada a las empresas nacionales debe extenderse inmediatamente a las extranjeras, aunque en su desarrollo signifique mejores condiciones para éstas. Y la específica, a través de la cual el trato no ha de ser igual a las empresas extranjeras sino que debe suprimir límites en la cantidad de sus inversiones. Según el propio AGCS los compromisos asumidos en el 95 y los consecutivos, no contemplan aquellas actividades incluidas “en el ejercicio de la actividad gubernamental”, y que no estén sometidas a la competencia. El problema es que a la hora de llevarlo a la práctica ningún ámbito está exento en los hechos de la competencia y de las relaciones comerciales que lo recorren, como es el caso de la Universidad por necesidades obvias en todos los terrenos. Más desde que la Ley de Ordenamiento Universitario abrió las puertas a la participación de “las empresas” en los Consejos Sociales y en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA -. En el 2002 el Comisario Lamy, responsable de Comercio de la Unión Europea, afirmaba que “no tenemos intención, por lo menos de momento, de hacer “ofertas” en los ámbitos de la sanidad y de la educación”. Después sí la tuvieron. En un seminario celebrado ese mismo año por la OCDE, el Departamento de Educación y el de Comercio norteamericano, Joseph Popovitch, vicepresidente del Departamento de Comercio norteamericano dijo que “los compromisos existentes en materia de educación en el AGCS son pocos; desde EE.UU nos esforzaremos para lograr más compromisos por parte de nuestros colegas miembros de la OMC”. Douglas Baker, colaborador de Popovitch, afirmaba poco después que “el Comercio en la Educación se ha vuelto un enfoque central de la política exterior y de comercio de EE.UU, porque el comercio en este sector mejora considerablemente el balance comercial, y construye la paz internacional mediante la promoción de los valores americanos en el extranjero”. Esta nueva dimensión de la política norteamericana opera sobre los intereses propios dentro de la UE, en la que Alemania y Francia ocupan una posición hegemónica. Éstas actúan a través de grupos, o lobbies, que determinan la política, no solo europea sino nacional. La UNICE (Union of Industrial and Employers´Confederations of Europe), y la ERT (European Round Table of Industrialist) son los dos grupos más poderosos de presión, a los que pertenecen entidades como el Banco Santander, Telefónica o Repsol. En el Parlamento Europeo, donde existe una media de 5 lobbistas por parlamentario, las propuestas o enmiendas llegan a ser incluso redactadas directamente por ellos. Cuando no ocurre que los representantes políticos son directamente antiguos empleados de estas multinacionales. El pasado 2 de febrero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, antiguo asesor del Banco Santander, acudió al European Round Table of Industrialists a comprometerse con la “mayor liberalización de los mercados frente al proteccionismo”. Según las resoluciones del encuentro del 2002 auspiciado por EEUU y la OCDE, las principales barreras a eliminar frente a la inversión en educación eran: “la concepción de la educación post-secundaria como producto del Estado; las medidas que restringen el acceso al mercado para los proveedores extranjeros; las restricciones sobre propiedad extranjera de universidades y colegios; y las legislaciones que impiden o limitan la acreditación de proveedores extranjeros”. En aquel foro Alemania, con el apoyo de Noruega y Reino Unido, encabezó las exigencias de “liberalización de la educación”. El caso español El caso de España es el Banco Santander, a través de la Fundación Universia, quien encabeza el proceso, sirviéndose de estas condiciones para expandirse exitosamente en el mercado educativo iberoamericano. El Grupo Santander ha sabido introducir su estrategia financiera en una clara apuesta por hacerse con este nuevo mercado universitario. En apenas una década se acercan al millar las universidades que mantienen convenios con el Banco, siendo el beneficio del 2009, y sólo en España, cercano a los 68 millones de euros. Pero la médula no se encuentra en los beneficios directos, sino en los indirectos. Si volvemos por un momento a la política educativa norteamericana en su dimensión “internacional” encontramos en España el Programa Fulbright – Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América – fundado en 1958, que es el tercer organismo más importante del planeta en este ámbito de “intercambio” universitario. Un mecanismo de influencia para “la promoción de los valores americanos en el extranjero”. Desde los gobiernos de Felipe González el 60% de su presupuesto sale de las arcas del Estado, además de contar como segunda fuente de financiación al Banco Santander. Igualmente la Universidad en España sirve de vivero de formación del tipo de profesionales y trabajadores que han de servir a un determinado proyecto de país: En la actualidad el 60% del sector agrícola e industrial está monopolizado por EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido, además de tener una posición determinante en Comercio, Transporte y Química. Solo en el sector bancario, energía, construcción y comunicaciones la clase dominante española ha podido desarrollarse, lo que, sobre la base de un endeudamiento que ahora asfixia al país, ha permitido al Banco Santander colocarse el sexto en el rankin mundial por capitalización bancaria. ¿Qué tipo de educación superior necesita entonces un país de servicios?, ¿qué formación ha de prever un proyecto que se basa en la venta de los sectores estratégicos al capital extranjero?. Si a alguien se le ha de conceder entonces la investidura de “honoris causa” ha de ser a los catedráticos del ladrillo. En una reciente entrevista la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou decía “nosotros estamos a favor de las asociaciones con las empresas. Primero, para diseñar los currículos de acuerdo con las necesidades del mercado y, en segundo lugar, para hacer más atractivo para las grandes industrias invertir en las universidades.” Los monopolios seleccionan a su cantera y mientras engrosan el mercado laboral de los servicios, la construcción, y ahora el paro. Endesa ofrece cátedras en la universidad politécnica de Cataluña, Audi financia doctorados en Alemania, el Banco Santander selecciona cientos de becarios cada año, incluso la OMC se ha ofrecido a abrir una cátedra en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Mientras el paro aumenta y menos del 25% de los estudiantes acaban trabajando en algo que tenga que ver con su titulación, las grandes empresas acuden a los foros universitarios para cooptar a los estudiantes que son fruto de una educación diseñada por ellos y unas titulaciones a su medida, elevándolas o degradándolas según interese. ¿Pero cómo actúan para conseguir esto? Una Universidad “emasculada” La primera decisión fue la de “abrir” las puertas de la Universidad a la capacidad de decisión de los principales centros de poder económico, a través de su presencia en los Consejos Sociales y en la ANECA, sin cuya aprobación no puede salir adelante ningún plan de estudios. Desde esta dirección se ha ido seccionando la educación eliminando las Humanidades y haciendo depender hasta en un 30% la financiación de las inversiones privadas, con beneficios tales como las prácticas no remuneradas en empresas o la propiedad de las patentes que resulten de los proyectos de investigación. Todo sumado al incremento de hasta un 40% de las tasas. Pero ¡no hay que preocuparse!, para eso están las becas-hipotecas, que han de servir para captar clientes en una parte del mercado hasta ahora virgen para la banca, y que los estudiantes habrán de pagar durante años una vez iniciada su vida laboral. Ya en las propias titulaciones la especialización es asegurada, no con la misma licenciatura, sino con el postgrado (uno o dos años) o máster, siendo el gran porcentaje de los ofertados privados, llegando a costar hasta 12.000€, y con plazas limitadas. En el mejor de los casos el postgrado público llega a costar cerca del triple de la matrícula actual. Por otro lado el grado (cuatro años), dota de una formación general y superficial, capacitando al estudiante para engrosar un mercado laboral precario y flexible. Una FP universitaria, en definitiva. El grado son 240 créditos (en lugar de 310 como hasta ahora), de los que 60 son de materias comunes a toda la rama, entre 30 y 60 de prácticas (no remuneradas) y hasta 30 de proyecto final de carrera… quedando sólo entre 90 y 140 de formación específica. En los hechos solo el 30% de las horas son de clase con un profesor “especializado”, cuando hasta ahora eran el 100%, y la formación propia de la carrera pasará de cuatro de los cinco años de una licenciatura a dos. Si además en este tiempo se ha de acudir a clase 40 horas semanales de forma obligatoria, es impensable que un estudiante que trabaje para pagarse la carrera pueda seguir haciéndolo. Sólo aquellos que puedan acceder a los masters alcanzarán una educación de calidad y competitiva. Para el resto carne de mercado laboral y mínima formación. ¿Para qué más con el país que han construido, no? Por último debemos añadir el papel que juega el resto de los profesionales universitarios. Obviando ahora los intentos de privatización del personal administrativo y de servicios de la Universidad, el personal docente ha de corresponderse con este tipo de Universidad: las clases magistrales han de pasar a la historia para “romper los lazos con el pasado” e incorporar aquella visión que tan “buenos” resultados ha dado en la enseñanza Primaria y Secundaria, en palabras de Juan B. Fuentes, profesor de Antropología y Psicología en la Facultad de Filosofía de la UCM: “el nuevo tipo de profesor que de este modo se busca fomentar vendrá a adoptar la “figura” (desfigurada) de ese singular pelele “colega-tecnológico” – que por lo demás no nos es ya enteramente desconocido – embutido indiscriminadamente en toda clase de medios “tecnológicamente avanzados” y enmarañado con los estudiantes en la ponzoña de una relación pseudocognoscitiva y pseudoestimativa intrínsecamente degradada ” Como decíamos en el número anterior, “para salvar al paciente primero hay que gritarle que está enfermo…” sirva, pues.