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Solo se puede imponer la separación de Cataluña del resto de España de forma antidemocrática. No solo por la evidente violación de la Constitución que supondría, sino porque una mayoría de catalanes rechaza la fragmentación. Por eso, y los hechos lo confirman, la Cataluña independiente que Puigdemont preparaba hubiera supuesto un severo recorte en la democracia y los derechos políticos.
Existía un borrador de constitución catalana preparado para hacerse efectivo una vez proclamada la independencia. Y su contenido, revelado estos días por varios medios, suponía varios pasos atrás en los derechos políticos que hoy disfrutamos los catalanes.
De entrada, en la Cataluña independiente de Puigdemont sí se perseguirían las ideas, las que no coincidieran con el credo independentista. Uno de los artículos de la futura constitución catalana establecería que se permitiría “la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución”.
Si trasladáramos este artículo a la actualidad, ERC, el PDeCAT o la CUP serían ilegalizados. La constitución española permite defender todas las ideas, también las contrarias a la carta magna, como el independentismo. Pero en la Cataluña que Puigdemont diseñaba no.
Es más, se señala claramente a un enemigo interior, la disidencia política, que hay que vigilar y reprimir, preveyendo la creación en el seno de la policía catalana de una “unidad especializada en españolismo violento”, que ejerciera “presión policial sobre los desafectos más enconados”.
La constitución catalana de Puigdemont tritura el nódulo del catalanismo progresista, el que afirma que es catalán todo el que viva y trabaje en Cataluña, independientemente de su origen, sentimientos de pertenencia o posiciones políticas.
En la Cataluña de Puigdemont se obligaría a elegir una sola nacionalidad. Es decir, para obtener la nacionalidad catalana deberías renunciar explícitamente a a española. Y se reservaría el acceso a cargos públicos o al funcionariado a quien tuviera la nacionalidad catalana. O lo que es lo mismo, se impediría el acceso a todos los ciudadanos que se consideraran tan catalanes como españoles.
El sueño de Puigdemont es una pesadilla antidemocrática que limita derechos y libertades a quien no comulga con el poder.
Nunca han defendido “el derecho a decidir de los catalanes”. Es más, todo su proyecto estaba basado en imponer que los catalanes contrarios a la independencia, una mayoría, no pudieran decidir nada.