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Rebajados los salarios, subidos los impuestos (IVA), aprobada la reforma laboral y el tijeretazo de los Presupuestos, todas las fuerzas promotoras y ejecutoras del plan de ajuste sobre nuestro país (cuyo objetivo es rebajar un 25% las rentas y salarios del 90% de la población), Washington (FMI) y Berlín (UE), el gobierno de Botín-ZP, los grupos monopolistas y todos sus medios de propaganda han puesto en marcha el plan de ataque para el recorte del sistema de pensiones.
Una reforma que gira entorno a tres ejes rincipales: el retraso de la edad de jubilación, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión y aumentar los años para tener derecho a una pensión contributiva. La aplicación íntegra de esta reforma recortaría un 30% las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso trabaja a destajo en la propuesta del gobierno para la reforma del sistema de pensiones, atizada por las exigencias del FMI (su director exige al gobierno “más fuerza y rapidez”) y las prisas de ZP para tener una propuesta elaborada antes de fin de año. En la comisión todos, salvo el representante de IU, Gaspar Llamazares, están de acuerdo en la necesidad de la reforma, es decir del recorte de las futuras pensiones. Y están de acuerdo, en lo fundamental, con la reforma del gobierno, y si PP, PNV y CiU se resisten a aprobar las propuestas de ZP y se lavan las manos es por puro electoralismo. De hecho ya de entrada todos están de acuerdo en la “necesidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión” de los 15 años actuales a 20 años. Una medida que, como el propio grupo socialista reconoce, según sus estudios ella sola significaría una rebaja del 3,6% de las pensiones futuras. Mientras el PP admite que si se retrasara la edad de jubilación a los 67, el recorte medio de las pensiones oscilaría entre el 15% y el 20%. De la “buena fórmula” de ZP … Dice Zapatero que la propuesta de su gobierno, y en particular retrasar dos años la edad de jubilación hasta los 67 años, es “una buena fórmula” para asegurar el futuro del sistema de pensiones. Pero como vemos, lo que es realmente una “buena fórmula” para recortar las pensiones nuestras, de nuestros hijos, nietos y bisnietos. El último estudio de la compañía AXA de seguros aseguraba que el aumento de la edad de jubilación a los 67, más la ampliación del periodo del cálculo de la pensión hasta los 20 años rebajaría las pensiones un 18%. Los estudios de los sindicatos, UGT, CCOO, USO, anuncian una rebaja media de más del 20%, hasta el 30% si se ampliara el periodo del cálculo de la pensión a toda la vida laboral. ¿Nos hemos parado a pensar las consecuencias de estos recortes para millones de pensionistas con un sistema que mantiene la mayoría de las pensiones entre los 500 y los 800 euros? …Al lado oscuro. Un negocio de un billón de euros Incentivar los planes privados de pensiones es la otra cara oculta del recorte de las pensiones públicas. No es ninguna conjetura, forma parte de los objetivos de la propia reforma, como dijo explícitamente el ministro cesante de trabajo Celestino Corbacho en marzo pasado en Telemadrid: “es recomendable que los trabajadores contraten planes privados de pensiones para compensar la pérdida de ingresos que conlleva la jubilación”. La banca, la oligarquía financiera y los magnates de las finanzas de las grandes potencias verán por fin satisfecho su objetivo de abrir el mercado español a los fondos privados de pensiones al nivel de otros mercados mundiales de los países desarrollados; sólo los fondos privados de pensiones ingleses manejan 1,2 billones de euros. Esa es su ambición con España, convertir los “ridículos” 85.000 millones de euros de los actuales fondos privados de pensiones en un negocio de 1 billón de euros. Y para eso necesitan recortar las pensiones públicas. Cuanto más bajas sean éstas más planes de pensiones privados, más trozo del pastel se llevan de nuestras rentas, nuestros sueldos y nuestros ahorros para convertirlos en capital que ellos manejan. Hacer frente a las trampas y chantajes El plan de ataque de para imponer el recorte de las pensiones va a estar sembrado, ya está, de trampas y chantajes. Los chantajes sobre la viabilidad del sistema, la reforma dicen que es “para salvarlo de la quiebra”, cuando los banqueros, grandes ejecutivos de los monopolios, las capas superiores de las castas políticas… se aseguran pensiones de millones de euros. ¿O es que vamos a olvidar que el vicepresidente de Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáez tenga un fondo de pensiones de 80 millones de euros; que la pensión media de los consejeros del BBVA sea de 250.000 euros al mes; o a los ex-ministros que se van cobrando dos y tres pensiones de miles de euros cada una? Trampas como la que está urdiendo el gobierno para retocar el retraso de la edad de jubilación –el punto socialmente más sensible y conflictivo para llegar a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo- a cambio de aumentar los años para tener derecho a la pensión máxima, de los actuales 35 a 40 años. Las consecuencias prácticas serían las mismas un recorte similar de las pensiones. Frente a sus trampas y chantajes las fuerzas populares tenemos dos factores fundamentales que crean condiciones mucho más favorables para dar otro golpe (después del 29-S) al plan de ajuste que nos quieren imponer. Por un lado que este nuevo ataque a las pensiones es un problema especialmente sensible porque afecta de forma directa a todas las clases y sectores no monopolistas, lo que crea mejores condiciones para ampliar la unidad de todas las clases y sectores populares, trabajadores asalariados, autónomos, profesionales, pymes, etc. Por otro porque el 29-S ha creado nuevas y mejores condiciones y acumulado fuerzas para afrontar esta nueva etapa de la lucha, entre ellas la aceptación cada vez mayor de una alternativa basada en la redistribución de la riqueza, el ahorro y la inversión productiva. Desde ahí la alternativa a las pensiones: ¡Reforma sí, pero de las suyas! De los banqueros, de los altos ejecutivos de los monopolios, de los políticos y los altos cargos de la administración… Por una reforma redistributiva del sistema de pensiones, que nadie pueda cobrar una pensión máxima de más de 10.000 euros al mes, pero tampoco ninguna pensión mínima por debajo de 1.000 euros mensuales.