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Se llamaba «Trabajo XXI», pero planteaba una vuelta al siglo XIX, un retroceso en las condiciones laborales para millones de trabajadores portugueses. En nombre de «reforzar la competitividad del mercado laboral» y «elevar la productividad del país», el gobierno conservador de Luis Montenegro planteaba medidas tan lesivas como la flexibilización de la negociación colectiva y el abaratamiento del despido, la autorización de subcontrataciones tras despidos colectivos, la reducción de ciertos derechos de conciliación, la posibilidad de comprar días de vacaciones o la ampliación de las actividades sujetas a servicios mínimos.
Entre las medidas más controvertidas de la reforma laboral de Montenegro figuraban la ampliación de la duración máxima de los contratos temporales, que en determinadas circunstancias podrían alcanzar los cinco años, así como la recuperación del banco de horas individual, eliminado en 2019. Esta medida permitiría ampliar la jornada diaria hasta dos horas, con un máximo de 50 horas semanales y 150 horas extraordinarias al año.
Todo esto se suma a un hondo malestar entre los portugueses, motivado por la degradación de sus condiciones de vida: con salarios reales estancados o perdiendo poder adquisitivo frente a la escalada de los precios de la vivienda (los alquileres se han duplicado o triplicado en la última década en Lisboa u Oporto), la energía y los alimentos. empleo precario en el turismo y los servicios; y un elevado nivel de subempleo, de hasta el 18% en los jóvenes, y un mercado laboral marcado por contratos temporales, contratos de formación y empleos basados en plataformas digitales, sin perspectivas de estabilidad ni de futuro.
Frente a esta nueva y brutal vuelta de tuerca, el movimiento obrero y sindical de Portugal -encabezado por el sindicato CGTP, históricamente próximo al Partido Comunista- ha librado una pulso sostenido y consecuente, con dos huelgas generales en once meses. La última, el 3 de junio, fue contundente, con una participación masiva (hasta del 90% de la plantilla) en numerosas fábricas y polígonos industriales, pero también -a pesar de los servicios mínimos abusivos- en sanidad, educación y administración pública. El transporte se vio gravemente afectado: se suspendieron los servicios ferroviarios y el metro de Lisboa, y numerosas líneas de autobús dejaron de funcionar. Hasta 500 vuelos fueron cancelados.
La presión de la lucha obrera en la calle y la indignación de amplios sectores de la opinión pública han sido tan elevados, que de manera inédita han hecho que hasta la ultraderecha de Chega haya votado en contra de la reforma laboral junto la izquierda parlamentaria (socialistas, bloco de esquerdas, comunistas, verdes), lo que ha tumbado la iniciativa de Montenegro. Tras la votación se desató una larga ovación en el Parlamento entre los diputados de los partidos de izquierda y también entre los asistentes que seguían la sesión desde las galerías. Entre ellos se encontraba el secretario general de la CGTP, Tiago Oliveira, quien se mostró visiblemente emocionado.
«Once meses de lucha, once meses de entrega inmensa. Desde la CGTP siempre lo dijimos: seríamos los trabajadores los que íbamos a acabar con esta reforma laboral. Mi enhorabuena a todos compañeros, a aquellos que durante este año nunca se rindieron, siempre lucharon, a los que construyeron grandes momentos de lucha en dos enormes huelgas generales, que estuvieron dando la batalla en las grandes empresas, en las calles, llamando a la gente a levantarse, a denunciar, a luchar contra esta reforma. La lucha fue determinante en condicionar la votación de hoy. ¡Esta es una victoria de los trabajadores!», dijo Oliveira al salir del Parlamento.