Cargando...«Por lo visto ayer en las enmiendas del Partido Socialista o el ministro ha decidido esperar a la negociación del proyecto de ley con los grupos parlamentarios o no se le ha hecho caso en el seno del partido y del Gobierno. No hay ninguna enmienda del PSOE que recoja una nueva y más clara regulación del regulación del despido por causas económicas.»
Lo que sí recogen estas enmiendas y que uede chirriar en los oídos de los sindicatos es la posibilidad de que una empresa pueda incumplir el acuerdo salarial establecido por el convenio sectorial, si hay un acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores. Es decir, que la nueva enmienda rompe de alguna de manera con la tutela del convenio, y de los sindicatos sectoriales, respecto a la empresa. (EXPANSIÓN) LA VANGUARDIA.- La geometría variable, democrático invento, está fuera de control, y cuando el líder saluda a un diputado no sabe si lleva un voto o si esconde algún puñal. Es la crisis, en el sentido que diría Gramsci: cuando los antiguos aliados se han ido y los nuevos no acaban de aparecer. Es la incertidumbre: levantarte por la mañana y no saber cuánto medirá tu soledad. Es el vértigo: mirar a Catalunya, y contar sólo con Montilla. Es el agobio: vivir pendiente de la última cifra, y ver parada la economía. Es la angustia: redactar los presupuestos, e ignorar si pondrán el punto final. ABC.- La reunión que ayer mantuvieron Rodríguez Zapatero y Montilla sobre el Estatuto de Cataluña se saldó con una escenificación de mensajes equívocos y promesas vacías que recuerdan el proceso previo a la aprobación del texto estatutario. Esta vez, Zapatero ha cambiado a Artur Mas por Montilla, pero las promesas de desarrollar el autogobierno catalán y de modificar leyes estatales para compensar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional se parecen mucho a los compromisos que el presidente del Gobierno asumió con el líder nacionalista para sacar el Estatuto adelante, con el resultado ya conocido. Zapatero quiere ganar tiempo, calmar las aguas y entretener a los partidos catalanes con medias palabras y ofertas inanes. Reforma laboral. Expansión El PSOE facilita que empresas con problemas eviten el convenio sectorial M. Valverde El PSOE sí se ha atrevido a avanzar en la autonomía de la empresa respecto al convenio del sector, pero no lo ha hecho para definir mejor, en sus enmiendas a la reforma laboral, las causas por las cuales una empresa puede proceder a hacer un despido procedente. Ésta es una de las mayores demandas del mundo empresarial al proyecto de ley. La indemnización que recibe el trabajador es de 20 días por año de trabajo hasta una cuantía máxima de un año de salario. Precisamente, la posición del PSOE contradijo anoche lo que horas antes había dicho el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, respecto a su disposición a avanzar en este polémico punto de la reforma laboral. Corbacho, que asistió al debate en el Congreso de los Diputados sobre la reforma laboral, también ofreció a los grupos parlamentarios la colaboración del Gobierno para intentar mejorar la definición de las razones económicas del despido objetivo. El titular de Trabajo explicó que tiene la “clara voluntad de consensuar” la regulación de este tipo de extinción de la relación laboral para que una empresa cuya continuidad dependa de la reducción de plantilla pueda recurrir a esta figura legal sin que se convierta, a la vez, en un mecanismo para “despedir por la puerta falsa”. En respuesta a las demandas de la patronal, añadió que “la ley no podrá recoger expresamente las tres millones de causas por las que un trabajador podrá ser despedido por razones objetivas”, aunque sí se comprometió a “ajustar más y mejor” el catálogo de motivos, que, en todo caso, siempre estarán sometidas a la valoración de un juez. Incumplir el convenio Por lo visto ayer en las enmiendas del Partido Socialista o el ministro ha decidido esperar a la negociación del proyecto de ley con los grupos parlamentarios o no se le ha hecho caso en el seno del partido y del Gobierno. No hay ninguna enmienda del PSOE que recoja una nueva y más clara regulación del regulación del despido por causas económicas. Lo que sí recogen estas enmiendas y que puede chirriar en los oídos de los sindicatos es la posibilidad de que una empresa pueda incumplir el acuerdo salarial establecido por el convenio sectorial, si hay un acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores. Es decir, que la nueva enmienda rompe de alguna de manera con la tutela del convenio, y de los sindicatos sectoriales, respecto a la empresa. Dice la enmienda socialista que, con independencia de la negociación sectorial, cuando el periodo de consultas [entre la dirección y los trabajadores de la compañía] finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas de la inaplicación salarial”. Es verdad que el incumplimiento del convenio sectorial debe justificarse por el daño que podría causar a la empresa y a al mantenimiento del empleo, y que esta inaplicación no podrá superar el periodo de vigencia del convenio o un periodo máximo de tres años. Corbacho aclaró ayer, finalmente, a las empresas que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) subvencionará una parte de la indemnización para el trabajador tanto si el despido es procedente como improcedente. Este es uno de los puntos más polémicos y confusos de la reforma. En consecuencia, el Fogasa, que financian las empresas exclusivamente, pagará ocho días de compensación para el trabajador en todos los despidos, salvo en el disciplinario. Lío de los socialistas con los autónomos Los trabajadores autónomos no deben de dar crédito con la jornada de ayer en el Congreso de los Diputados. A primera hora de la tarde y pese a la oposición socialista, el Pleno aprobó el sistema de protección de los autónomos por cese de actividad, en el que se incluye una nueva ayuda de 425 euros para los emprendedores que se queden sin negocio. Ahí comenzó el lío en las filas del PSOE. “Los socialistas cumplimos con nuestro compromiso resolviendo una discriminación histórica del colectivo de los autónomos”, resumía en contradictoria nota de prensa el ponente del grupo en la reforma laboral, Pedro Sánchez. A última hora de la tarde y en coherencia con el voto inicial, el PSOE presentó una enmienda para tumbar esta prestación a los autónomos. Más de 120 enmiendas de PP y CiU El Partido Popular presentó 71 enmiendas al proyecto de reforma laboral. Entre otras, destaca la que pretende impulsa la flexibilidad de las empresas para poder reducir las jornadas de trabajo, los horarios y la movilidad; la revisión de la negociación colectiva, para que los convenios se adapten al tamaño de las empresas y sea “más general” el descuelgue de las cláusulas de los convenios; o la mejora de las causas técnicas y económicas del despido de 20 días por año trabajado. Por su parte, CiU presentó 53 enmiendas. Destaca la petición de beneficios fiscales para los gastos en formación de los trabajadores; o la bonificación al 100% de las cotizaciones sociales para los autónomos que contraten un desempleado durante, al menos un año. EXPANSIÓN. 22-7-2010 Opinión. La Vanguardia El dominguillo Fernando Ónega “Y yo de acá para allá, como un dominguillo me traían”, dice un personaje de Delibes. Como Zapatero algunos días, que me lo traen a mal traer. Los cronistas (ayer, Florencio Domínguez) cuentan los momentos de respiro del señor presidente, cada día más escasos. La geometría variable, democrático invento, está fuera de control, y cuando el líder saluda a un diputado no sabe si lleva un voto o si esconde algún puñal. Es la crisis, en el sentido que diría Gramsci: cuando los antiguos aliados se han ido y los nuevos no acaban de aparecer. Es la incertidumbre: levantarte por la mañana y no saber cuánto medirá tu soledad. Es el vértigo: mirar a Catalunya, y contar sólo con Montilla. Es el agobio: vivir pendiente de la última cifra, y ver parada la economía. Es la angustia: redactar los presupuestos, e ignorar si pondrán el punto final. Y es el zarandeo. El Gobierno vive zarandeado. Hay días que José Antonio Alonso, a quien los socialistas deberían levantar un monumento, es un fontanero achicando vías de agua, y siempre se le escapa alguna. Hay días que las formaciones de izquierdas le tratan como a un furibundo neocon. Y hay días que parece que los nacionalistas lo manejan como una marioneta: le administran los tiempos y le imponen condiciones. Duran Lleida le encarga que haga las reformas para exigirle que se vaya después. Los vascos ponen precio a su apoyo en los presupuestos con toda naturalidad, como si fuera un mercado. Donde no hay coincidencia ideológica ni proyecto compartido, se aplica la caja y la contabilidad. El "cueste lo que cueste" del último debate no es una figura literaria. Será un coste real. Y todo eso tiene efectos en la cohesión interna del partido gobernante. Patxi López duerme con un ojo abierto. Barones y alcaldes temen que les toque recibir el voto de castigo de lo que ocurre en Madrid. La militancia, al ver cómo se aplica y cómo le manejan y cambian su programa, empieza a decir aquello tan antiguo de "ya no sé si soy de los nuestros". Con este panorama, la pregunta ya no es si Zapatero agotará la legislatura, sino cuánto tiempo resistirá. Que nadie se precipite en encargar las esquelas. Está naciendo el gobierno de la resistencia en el país de "el que resiste gana". Ante cada revolcón en el Congreso aprendió a decir: normal cuando no se tiene mayoría absoluta. A quien se ha visto caer y levantarse en veinticuatro horas, cinco meses por delante le parecen una eternidad. Zapatero no tiene la épica de Suárez para asegurar que sólo le sacarán de la Moncloa "con los pies palante", pero no disolverá las Cortes si las encuestas le dicen que es para perder. Es un posibilista que siempre confiará en que algo cambie, algo suceda, algo se le ocurra para seducir a quien hoy le zarandea. Y después de las evidencias, siempre le quedará una confianza final: que ni Mas ni Urkullu tengan auténtico interés en adelantar la llegada de Rajoy. LA VANGUARDIA. 22-7-2010 Editorial. ABC Zapatero y sus promesas La reunión que ayer mantuvieron Rodríguez Zapatero y Montilla sobre el Estatuto de Cataluña se saldó con una escenificación de mensajes equívocos y promesas vacías que recuerdan el proceso previo a la aprobación del texto estatutario. Esta vez, Zapatero ha cambiado a Artur Mas por Montilla, pero las promesas de desarrollar el autogobierno catalán y de modificar leyes estatales para compensar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional se parecen mucho a los compromisos que el presidente del Gobierno asumió con el líder nacionalista para sacar el Estatuto adelante, con el resultado ya conocido. Zapatero quiere ganar tiempo, calmar las aguas y entretener a los partidos catalanes con medias palabras y ofertas inanes. Sin embargo, el Gobierno no parece haber aprendido que este método de prometer lo que no se puede dar pone en riesgo las instituciones y crea confrontaciones innecesarias. Las declaraciones oficiales de Montilla y la vicepresidenta De la Vega al término de la reunión expresan un voluntarismo inverosímil en políticos con responsabilidad de gobierno. Su diagnóstico de la situación creada tras la sentencia del TC es un cúmulo de falseamientos de lo que este órgano ha declarado y de las posibilidades reales que ambos gobiernos tienen para dejar sin efecto las interpretaciones y juicios de inconstitucionalidad del alto tribunal sobre el Estatuto. No es un problema de voluntad política el que tienen Zapatero y Montilla con lo que ellos llaman «desarrollo del Estatuto», sino de puro y simple respeto a la Constitución y a la sentencia del TC. Creer que un pacto político es suficiente para convertir en legal lo que el TC ha declarado ilegal revela un grave desprecio por el orden constitucional y, en definitiva, por el Estado de Derecho. Por eso es igualmente irresponsable reducir la sentencia del TC a una sucesión de meras recomendaciones o limitar sus pronunciamientos de inconstitucionalidad o interpretación a cuestiones de forma. No es cierto, por ejemplo, que el TC permita al Parlamento nacional dar a Cataluña el poder judicial que estaba previsto en el Estatuto solo con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El TC ha dejado muy claro que el poder judicial está al margen de la organización autonómica del Estado y que solo tiene como órgano de Gobierno al CGPJ. Y estos principios no se pueden alterar por ninguna ley, sea orgánica o estatutaria. Acuciado por el problema que él mismo creó, Zapatero está al borde de incurrir en el segundo engaño estatutario, del que nadie más que él, ni el Partido Popular ni el TC, sería responsable. ABC. 22-7-2010