El Gobierno, sin lí­neas rojas` en las pensiones

EL GOBIERNO ya ha enviado al Pacto de Toledo, es decir al Congreso, su propuesta de reforma del sistema de pensiones. Pero el verdadero destinatario es la Comisión Europea, que junto con el BCE y el FMI, llevan pidiéndole a Rajoy esta revisión radical de la Seguridad Social desde que llegó a La Moncloa. El documento analiza varias propuestas que serán estudiadas por el Comité de Expertos creado por el Ministerio de Empleo para analizar el «factor de sostenibilidad» –es decir, cómo evitar que se hunda el sistema–. Después, serán debatidas en el Pacto de Toledo y consensuadas con los agentes sociales antes de convertirse en un texto legal. Ése es, al menos, el plan de Fátima Báñez. El diagnóstico realista del sistema de pensiones español sólo tiene un elemento inamovible: tal y como está configurado hoy es insostenible a medio y largo plazo y la evolución demográfica impide que pueda serlo sin un cambio sustancial. Necesita, pues, una reforma profunda para garantizar que los jubilados de las siguientes generaciones accedan a unas pensiones dignas, aunque de menor cuantía que las actuales. El núcleo del planteamiento del Gobierno para garantizar el sistema público de pensiones se basa en tres puntos. Primero, hay que elevar los años de cotización –hasta 40 llega la propuesta– para aspirar al máximo de la pensión que corresponde al trabajador; en segundo lugar, es necesario ampliar el número actual de años cotizados –contempla incluso toda la vida laboral– para el cálculo de la pensión. Y lo más novedoso, porque afectará a las pensiones ya existentes, es la eliminación de la revalorización automática de las pensiones: el Gobierno quiere que la subida de las jubilaciones vaya ligada al ciclo económico –número de cotizantes, nivel de empleo,…– y no al IPC, de forma que en una recesión como la actual, las pensiones podrían bajar de un año a otro. La propuesta es tan radical que el Ejecutivo no descarta incluso elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. En definitiva, trabajaremos más años para cobrar una pensión menor. Es la amarga consecuencia de un problema tan importante que debería quedar al margen del juego político cortoplacista. El PSOE no debe repetir el error del PP, que no aprobó la reforma socialista de 2011 con la excusa de que no garantizaba el factor de sostenibilidad. Además de buscar el consenso político, el Gobierno quiere llegar también a un acuerdo con los agentes sociales; como los partidos, sindicatos y empresarios tendrían que sentarse a negociar la reforma con el Gobierno. Estamos en los preliminares de una reforma imprescindible para las cuentas públicas españolas y hay que destacar la ambición que ha mostrado el Gobierno en su planteamiento, sin líneas rojas y sin miedo a poner patas arriba el sistema de pensiones, el mismo que se consideraba intocable hace apenas un par de años. Lo que hay que pedir al Ejecutivo es la misma ambición en llevar a cabo una reforma tan esencial como la de la Seguridad Social: la de las Administraciones Públicas. Nadie entendería que se tratara a políticos y funcionarios con benevolencia mientras se aprieta las tuercas a los pensionistas.