Cargando...«Se trata de una prórroga del plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables e impedir que vuelvan a considerarse rústicos con el consiguiente desplome de su valor… y las provisiones correspondientes en las cuentas de las entidades propietarias de los terrenos».
El imacto de esta norma puede ser catastrófico para los bancos y cajas que se han ‘comido’ terrenos urbanizables a cambio de créditos incobrables concedidos a las promotoras durante la burbuja inmobiliaria. Porque "ahora mismo no tiene ningún sentido poner el suelo a la venta porque no hay mercado, ni tampoco ponerte a desarrollarlo porque es imposible rentabilizarlo", explican en una entidad. Si pasan esos tres años sin construir, con la norma actual habría que desclasificar este suelo, lo que hundiría su valor. Y los bancos y cajas tendrían que anotarse una fuerte pérdida al provisionar esa caída de valor. "Y no hablamos del valor de mercado, que puede ser discutible, sino de una pérdida de valor objetiva que hay que dotar inmediatamente contra resultados", aseguran en otra entidad. (EL CONFIDENCIAL) ABC.- Sobre algunos antiguos y actuales cargos del PP -Matas, Fabra o Bárcenas- pesan acusaciones soportadas en indicios de enorme peso. Y hoy, el caso Gürtel puede deparar nuevas sorpresas desagradables. Pero la dirección del PP se sigue parapetando en la presunción de inocencia de los inculpados para eludir un pronunciamiento terminante sobre sus conductas. EL PAÍS.- Confiado en las encuestas, el PP sigue sin asumir que la falta de respuesta política a la corrupción en sus filas no sólo envilece la alternativa que representa, sino que también debilita a la totalidad del sistema democrático. Creer que estos casos no pasan factura electoral es obstinarse en ver un rayo de sol en mitad de un cielo plagado de oscuros presagios: de nada sirve a un partido mantener sus votos de hoy, si para ello no duda en minar la confianza de los ciudadanos en la totalidad de la clase política. Opinión. El Confidencial El Gobierno auxilia a la banca: el suelo sin construir no volverá a ser rústico E. Segovia Nueva patada a seguir. A la vista de que la crisis inmobiliaria no tiene ningún viso de remitir en un futuro predecible, el Gobierno va a aprobar este viernes una norma para que, al menos, no haga más daño a las deterioradas cuentas de bancos y cajas de ahorros. Se trata de una prórroga del plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables e impedir que vuelvan a considerarse rústicos con el consiguiente desplome de su valor… y las provisiones correspondientes en las cuentas de las entidades propietarias de los terrenos. Esta prórroga se incluye dentro de los llamados "acuerdos de Zurbano", el famoso pacto contra la crisis que el Gobierno de Zapatero ha presentado a los demás partidos. La propuesta definitiva del Ejecutivo, que debía aprobarse en Consejo de Ministros el martes pasado pero que se ha aplazado hasta el próximo viernes, incluye en el punto 53 el "mantenimiento para el ejercicio 2010 de la regla transitoria de valoración del suelo urbanizable de acuerdo con las determinaciones previstas en la Disposición transitoria tercera, apartado 2, párrafo 2º, del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio". Este galimatías jurídico significa que se prolonga otro ejercicio el plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables. Y el Gobierno piensa alargar dicha prórroga hasta tres años -es decir, el plazo pasará de tres a seis años– según se contempla en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que se encuentra en tramitación parlamentaria. El impacto de esta norma puede ser catastrófico para los bancos y cajas que se han ‘comido’ terrenos urbanizables a cambio de créditos incobrables concedidos a las promotoras durante la burbuja inmobiliaria. Porque "ahora mismo no tiene ningún sentido poner el suelo a la venta porque no hay mercado, ni tampoco ponerte a desarrollarlo porque es imposible rentabilizarlo", explican en una entidad. Si pasan esos tres años sin construir, con la norma actual habría que desclasificar este suelo, lo que hundiría su valor. Y los bancos y cajas tendrían que anotarse una fuerte pérdida al provisionar esa caída de valor. "Y no hablamos del valor de mercados, que puede ser discutible, sino de una pérdida de valor objetiva que hay que dotar inmediatamente contra resultados", aseguran en otra entidad. Una prórroga que puede salvar las cuentas Por eso, esta prórroga es como una bendición del cielo para el sector. La idea es que dentro de tres años la crisis habrá empezado a remitir y será posible volver a construir con una mínima expectativa de vender los pisos. Es decir, la misma teoría que está detrás de las refinanciaciones que está concediendo la banca a las grandes empresas del ladrillo. Y si no, al menos de momentos se salvan las cuentas de los próximos ejercicios; según el Banco de España, la banca española se ha ‘comido’ ladrillos por valor de 59.700 millones, de los que una parte muy importante es suelo. Y no sólo afecta a los inmuebles adjudicados, sino también a los suelos que están como garantía de créditos al corriente de pago. En este caso no hay que provisionar nada -no son morosos-, pero, al caer el valor de la garantía, el porcentaje de dicho valor que supone el crédito (loan to value) superaría el 80%, lo cual incrementa el consumo de capital del crédito según la normativa española. Y eso reduce la solvencia de las entidades. En todo caso, también hay argumentos a favor de la prórroga: "La Ley del Suelo se aprobó en un momento de boom inmobiliario y lo que intentaba era frenar la subida de la vivienda al obligar a los propietarios de suelo a sacarlo al mercado en vez de retenerlo para encarecer su precio. Pero ahora esta norma les da un palo a las entidades financieras sin que fuera ése su objetivo, así que tiene sentido modificarla", explica un consultor del sector. EL CONFIDENCIAL. 6-4-2010 Opinión. ABC Ojo con las encuestas Eduardo Sanmartín Cuando Madoff fue inculpado ante los tribunales y detenido preventivamente casi nadie se acordó de su presunción de inocencia para defenderlo de todo juicio público hasta que se pronunciaran los jueces. Y eso que, como cualquier justiciable, tenía pleno derecho a esa caución por odiosos que fueran los delitos que se le atribuían. Sucede que la reserva contra todo prejuicio de culpabilidad protege siempre al inculpado en el terreno judicial, pero sólo puede invocarse en el plano civil y político cuando existen dudas razonables sobre la consistencia de los acusaciones esgrimidas. Y ese no era el caso de Madoff. Salvando las distancias entre la magnitud de las imputaciones, sobre algunos antiguos y actuales cargos del PP -Matas, Fabra o Bárcenas- pesan acusaciones soportadas en indicios de enorme peso. Y hoy, el caso Gürtel puede deparar nuevas sorpresas desagradables. Pero la dirección del PP se sigue parapetando en la presunción de inocencia de los inculpados para eludir un pronunciamiento terminante sobre sus conductas. Génova haría bien en desconfiar de las encuestas que no registran un impacto negativo de los procedimientos en marcha sobre sus expectativas electorales. Las estimaciones se basan en una intención directa de voto que no llega a la mitad del censo. Calculando la abstención probable en un cuarto del electorado, queda aún otro 25 por ciento que se reserva su opinión. Electores indecisos, probablemente muy cabreados con la mediocre ejecutoria de los grandes partidos, sobre cuyo voto, llegado el momento, sí puede pesar de forma decisiva el oprobio de la corrupción. Por no mencionar que el juicio de los ciudadanos sobre el latrocinio puede variar según el contexto social y económico: la abundancia predispone a la indulgencia, mientras que el enriquecimiento injusto se percibe como un agravio insoportable cuando no se llega a fin de mes. ABC. 6-4-2010 Editorial. El País Fabra y Matas Seis años han necesitado los peritos judiciales para desentrañar la red de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ingresó hasta 5,3 millones de euros sin justificar. Cuando el fiscal anticorrupción formule sus conclusiones tomando como base el informe de los peritos, Fabra deberá previsiblemente enfrentarse a tres presuntos delitos contra la Administración pública -cohecho, tráfico de influencias y prevaricación-, además de a un posible delito fiscal como el que ya le llevó ante los tribunales en 1999. La investigación judicial sobre el patrimonio de Fabra parte de la denuncia de un empresario que le acusó de exigir importantes comisiones a cambio de favores realizados desde la Diputación. No se trata, pues, de una persecución política, según la fórmula en la que suelen escudarse los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana cuando deben rendir cuentas por presuntos delitos de corrupción. En este como en otros casos, se trata de un episodio que tiene como origen la iniciativa de alguien que se sometió a la extorsión y que, por la razón que sea, decidió revelarla al cabo de un tiempo. Los conductos por los que llegaron a las cuentas personales de Fabra los 5,3 millones de euros sin justificar, y que los peritos han identificado y cuantificado, conceden verosimilitud a la denuncia. El presidente de la Diputación de Castellón recibió aproximadamente la mitad de esos fondos a través de cheques, muchos de ellos al portador. Otra parte sustancial, hasta 1.800.000 euros, mediante ingresos en metálico, y el resto en transferencias bancarias. El volumen total multiplica varias veces sus ingresos como cargo público. El cada vez más oscuro horizonte judicial de Fabra se suma al del antiguo presidente balear Jaume Matas y a los avances en la investigación de la trama Gürtel, sin que la dirección del PP haya hecho hasta ahora otra cosa que distribuir diferentes dosis públicas de afecto entre los encausados, según el grado de apoyo con el que cuentan. Lo que no ha hecho, en ningún caso, es asumir responsabilidades políticas ni exigir a los dirigentes implicados que las asuman. Por si cupiera alguna duda, el hecho de que haya sido Matas quien solicitó la suspensión temporal de su militancia, además de la condescendencia de la dirección popular frente a Fabra, demuestra que la aprobación de un código ético, hace apenas unos meses, no pasó de ser una operación propagandística. Confiado en las encuestas, el PP sigue sin asumir que la falta de respuesta política a la corrupción en sus filas no sólo envilece la alternativa que representa, sino que también debilita a la totalidad del sistema democrático. Creer que estos casos no pasan factura electoral es obstinarse en ver un rayo de sol en mitad de un cielo plagado de oscuros presagios: de nada sirve a un partido mantener sus votos de hoy, si para ello no duda en minar la confianza de los ciudadanos en la totalidad de la clase política. EL PAÍS. 6-4-2010