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En las décadas y siglos venideros, los historiadores y especialistas en la historia del Derecho sudarán tinta tratando de explicar la causa abierta contra Begoña Gómez -esposa del presidente Sánchez- por un juez, Juan Carlos Peinado, cuyo proceder va mucho más allá de lo polémico. A lo largo de los dos años que dura ya la instrucción, este magistrado ha dado cientos de patadas a los manuales del derecho procesal, ha llevado adelante unas pesquisas tan arbitrarias como prospectivas, y ha dirigido un proceso que huele tan intensamente a ‘lawfare’ y a prevaricación que quema las pituitarias.
Ahora la instrucción del juez Peinado entra en su última fase, en la de conclusiones, con las acusaciones populares -entre ellas la organización ultra «Manos Limpias», condenada por extorsión y estafa, pena levantada finalmente por el Supremo- pidiendo penas de 24 años de prisión para Begoña Gómez. En esta última fase, el magistrado debe exponer de manera precisa y numerada los hechos punibles, con pruebas e indicios sólidos, que presuntamente se imputan a la mujer de Pedro Sánchez, para la que además se exige un juicio con jurado popular.
Pero tales hechos punibles no existen. No hay nada. Y sin embargo da una nueva patada al balón, y con ella al derecho procesal. Todo ello sin que ninguna instancia superior de la Justicia en España le saque falta. Qué curioso.
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Un despropósito
A estas alturas del caso «Begoña Gómez», resulta difícil resumir el abigarrado cúmulo de despropósitos jurídicos y procesales que ha perpetrado el juez Peinado en una instrucción claramente prospectiva -algo expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico penal y constitucional- para encontrar «algún delito» a la mujer del presidente del gobierno. En los dos años que dura la instrucción, el juez no sólo no ha encontrado pruebas concluyentes o indicios sólidos que prueben los delitos que imputa a Gómez -tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida- o a su asesora de Moncloa, sino que ha decidido ignorar los hechos que desmienten su acusación. La Fiscalía ha pedido una y otra vez el archivo, y numerosas voces del derecho se han echado las manos a la cabeza, pero Peinado prosigue… sin despeinarse.
Cada uno de los delitos que le imputa a Begoña Gómez es como un asesinato sin muerto, un robo sin objeto sustraído. Por ejemplo, el juez Peinado asegura que Gómez, trabajando para la Complutense, se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse, para integrarlo en su patrimonio personal. Pero según aparece en la propia instrucción, que ha ordenado a la Guardia Civil buscar pagos irregulares hasta debajo de las piedras, la esposa de Pedro Sánchez no recibió ni un sólo euro por dirigir esa cátedra, sino por dar clases en varios másteres, a las míseras tarifas que da la Complutense. Entre 2012 y 2022, Gómez cobró de esa universidad 34.314 euros en total. Ni en su mejor año llegó siquiera al SMI.
Cada uno de los delitos que le imputa a Begoña Gómez es como un asesinato sin muerto, un robo sin objeto sustraído.
Otro delito: apropiación indebida. Según Peinado, Begoña Gómez se apropió más de 300.000 euros del software que desarrolló su cátedra. Pero el programa informático en cuestión era sin ánimo de lucro, gratuito, abierto a cualquiera que lo quisiera usar. Nunca generó un solo euro, ni tampoco había plan alguno para cobrar. Y nunca estuvo a nombre de Gómez.
¿Tráfico de influencias? la Guardia Civil elaboró un informe al inicio de la causa que descartaba expresamente este delito. Peinado hizo como si no existiera. ¿Malversación de fondos porque se adjudicó a una funcionaria pública para que fuera su asistente? Absolutamente todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno han tenido uno o varios. ¿Porque esta funcionaria le hizo funciones en sus gestiones de la cátedra de la Complutense? Sí, cierto: 21 correos en tres años, unas cuatro horas de trabajo al año.
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Jurado popular
Y para más inri, y ante las peticiones de la acusación -Manos Limpias o Hazte Oir, que elevan las penas a 24 años de cárcel- Peinado exige que se juzgue a Begoña Gómez mediante un jurado popular, algo que -de nuevo- es una anomalía, una extravagancia, tratándose del caso que se trata. Una extravagancia muy malintencionada.
Una instrucción que es un galimatías jurídico va a ser examinada por un grupo de ciudadanos legos en derecho. El objetivo que se persigue con esto no puede escapársele a nadie que tenga la mirada mínimamente limpia. Piénselo sinceramente. Si a usted le tocara ser miembro de un jurado ¿sería capaz de juzgar desapasionadamente, ateniéndose sólo a las pruebas y a la ley, a alguien como Abascal o Feijóo?
Dado el nivel de polarización política, de toneladas de propaganda vertidas durante dos años contra Sánchez y Begoña Gómez… ¿busca la elección de un jurado popular un juicio justo para la esposa del presidente? ¿O lo que se quiere es continuar con el linchamiento, con el lawfare, donde las pruebas no importan nada al lado de la posverdad?
Si a usted le tocara ser miembro de un jurado ¿sería capaz de juzgar desapasionadamente, ateniéndose sólo a las pruebas y a la ley, a alguien como Abascal o Feijóo?