En medio de una ola reaccionaria y xenófoba en gran parte de los países europeos, que tiene al otro lado del Atlántico -concretamente en el trumpismo- su centro difusor, nuestro país ha aprobado una regularización de migrantes que beneficiará a en torno medio millón de personas de origen extranjero que ya viven y trabajan en España, contribuyendo a su prosperidad.

Se pueden acoger a esta medida aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. También las que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad.

Una regularización extraordinaria que se ha conseguido a pulso y gracias a una masiva y persistente lucha popular. La medida se aprobó tras la recogida de 700.000 firmas para una ILP por las más de 900 organizaciones que conforman la Plataforma Regularización Ya. Una exigencia que ha sido aprobada por el gobierno de coalición PSOE-Sumar a instancias de Podemos, y apoyada por la mayoría de investidura y por los sindicatos. Y que se corresponde con la voluntad de la mayoría social, no sólo de sectores progresistas, sino de organizaciones patronales y de la Iglesia.

Sin embargo, en los primeros días de su puesta en vigor, cuando cientos de miles de migrantes han comenzado a hacer los trámites, se han topado con una barrera: las maniobras de boicot y entorpecimiento de ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular.

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Una excelente noticia para todos los trabajadores

Que el proceso de regularización haya comenzado a llevarse a cabo es una excelente noticia para los intereses de la clase obrera y del conjunto del pueblo trabajador.

La regularización de más de medio millón de trabajadores migrantes que hasta ahora vendían su fuerza de trabajo de manera clandestina, sometidos a los abusos y a la hiper-explotación, es un enorme triunfo popular.

Medio millón de trabajadores migrantes, que ahora podrán regularizar su situación en España, tendrán un marco legal y sociolaboral mucho más favorable, podrán acceder a residencia, a trabajo, a más derechos y más libertades, y más fuerza para poder defender, junto al resto de los trabajadores españoles, sus condiciones de vida y de trabajo, integrándose en la lucha general del conjunto del pueblo trabajador por los salarios, las pensiones, la sanidad y la educación públicas, la vivienda…

Sólo porque es una medida de innegable justicia social, cualquier demócrata debe apoyarla. Pero es que además -se mire por donde se mire- va tener una cascada de efectos positivos para la economía de nuestro país, y en especial para el fortalecimiento de las arcas públicas, como indica la experiencia de regularizaciones extraordinarias anteriores, hechas tanto por gobiernos del PP como del PSOE, que siempre han arrojado un saldo extraordinariamente positivo no sólo para los trabajadores beneficiados, sino para el país en general y para las arcas públicas en particular. Todos los expertos coinciden en que regularizar a más de medio millón de migrantes aumentará la recaudación fiscal y dará oxígeno a las pensiones, aumentando de manera rápida y significativa el número de cotizantes.

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El boicot del PP

El Partido Popular -junto a Vox- ha votado en contra del proceso de regularización de migrantes, desdiciéndose de decisiones anteriores: en 2024, el PP votó a favor de la toma en consideración de la ILP Regularización Ya. Apartándose del criterio de la CEOE o de la Iglesia, y de regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo por gobiernos como el de Aznar, en su estrategia de confrontación total contra el gobierno, la dirección nacional del PP ha comprado el marco discursivo de la extrema derecha, hablando de que el gobierno va a dar papeles «a delincuentes con antecedentes», lo cual es flagrantemente falso, ya que estar limpio de antecedentes judiciales en España o en sus países de origen es uno de los requisitos para que los migrantes puedan regularizarse.

Pero diversos ayuntamientos y administraciones públicas en manos del PP han ido un paso más allá, poniendo todos los obstáculos posibles para que los migrantes puedan conseguir los documentos necesarios para iniciar los trámites. Es el caso de la Comunidad de Madrid dirigida por una Ayuso abiertamente contraria a la regularización, donde se han formado colas de miles de personas en la ventanilla del Consorcio Regional de Transportes, que expide un certificado clave para la regularización de migrantes. Tanto la oposición como los sindicatos han denunciado la negativa expresa y deliberada del gobierno regional madrileño a reforzar la plantilla o a aumentar las ventanillas para tramitar este documento, generando de forma maliciosa un cuello de botella y malestar entre los usuarios.

No es el único caso. Ante las colas larguísimas que desde las siete de la mañana se han formado a las puertas de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma de Mallorca (OAC), varios funcionarios del ayuntamiento han denunciado órdenes del PP para bloquear refuerzos y boicotear la regularización de migrantes. Según su testimonio a elDiario.es, el equipo de gobierno de la capital balear ha vetado que se destine más personal a las ventanillas donde se pueden gestionar en persona trámites administrativos o, simplemente, obtener información para realizarlos.El Ajuntament de Palma está en manos populares, con Vox como muleta en los plenos para sacar adelante presupuestos, ordenanzas y mociones.

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La regularización deja fuera… a quienes viven en España en situación de apátrida.

Un punto negro: ¿y los apátridas? ¿y los saharauis?

Dentro de este proceso de regularización extraordinaria, hay un punto oscuro, un «olvido» imperdonable… que no es un «descuido», sino una intolerable decisión política. Porque hasta el último momento fuerzas como Sumar han estado presionando (sin éxito) a sus socios de gobierno para que la incorporen a la ley.

La regularización deja fuera… a quienes viven en España en situación de apátrida.

Eso deja una clara población perjudicada: el pueblo saharaui, unidos por especiales lazos de hermandad y cercanía con el pueblo español. En nuestro país, el 96% de las solicitudes de apatridia corresponden a personas saharauis.

El gobierno, y en especial el PSOE, debe rectificar inmediatamente, incluyendo por urgencia en el presente proceso a las personas apátridas que puedan acreditar las mismas condiciones que se les exigen al resto de los solicitantes. La mayoría social progresista -incluyendo a los votantes socialistas- no va a perdonar una nueva traición al pueblo saharaui