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El Tribunal Constitucional portugués rechazó ayer cuatro de las nueve medidas de austeridad de los Presupuestos Generales para 2013 cuya fiscalización había sido solicitada por el presidente portugués y por los partidos de la oposición. En total, las medidas tumbadas por los jueces suman más de 1.200 millones de euros, una decisión que pone en peligro la ejecución presupuestaria para este año.
Ahora, el Gobierno de Pedro Passos Coelho tendrá que encontrar alternativas con el mismo impacto en la reducción del déficit público, que este año tendrá que cerrar en el 5,5%, una tarea que no se le presenta nada fácil. Además, el ejecutivo conservador deberá anunciar la mala noticia a la Troika, con la que había negociado estas medidas de austeridad dentro del programa de rescate sobre el que se encuentra Portugal. Entre las medidas que el TC ha considerado ilegales se encuentra la suspensión de la paga extraordinaria de vacaciones para los funcionarios públicos a partir de los 1.100 euros mensuales (y una parte a partir de los 600 euros), que en los presupuestos tiene un impacto de 610 millones de euros. Además, también fue considerada ilegal la supresión del 90% de la paga extra de vacaciones a los jubilados portugueses a partir de los 1.100 euros (también un corte progresivo a partir de los 600 euros), que supone un agujero de 540 millones en los presupuestos. Por último, los jueces entendieron que tampoco son legales las contribuciones de un 5% y un 6%, respectivamente, para la Seguridad Social que el Gobierno había implementado para las personas que perciben la ayuda por desempleo o la baja por enfermedad, que supone 150 millones de euros menos en los presupuestos.
Por otro lado, los jueces han dado luz verde a la Contribución Solidaria Extraordinaria (CES), el impuesto progresivo que se aplica a las jubilaciones a partir de 1.350 euros mensuales y que alcanza el 40% para las jubilaciones por encima de los siete mil euros. Ésta era una de las medidas que llevó al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, a solicitar la fiscalización de los presupuestos, en diciembre pasado, aunque optó por la aprobación del documento. Esta vez, dada la «urgencia» que atraviesa la economía portuguesa, los jueces han tratado de dar respuesta a esta petición lo más deprisa posible, aunque han tardado tres meses en dar el veredicto final. En la sentencia, leída anoche, los jueces anunciaba que aprobaban por unanimidad el impuesto extraordinario del 3,5% mensual que se aplica desde el 1 de enero a todos los trabajadores portugueses. También aprobaron los cortes en los salarios de los funcionarios públicos a partir de 1.100 euros mensuales y la reducción de escalones del IRS (similar al IRPF). «Los jueces del Tribunal Constitucional no se dejan presionar», afirmó el presidente del colectivo, después de que durante las últimas semanas la oposición acusara al Gobierno de estar ejerciendo presión sobre el tribunal. El primer ministro Pedro Passos Coelho llegó a afirmar que si tumbaban sus presupuestos, el ejecutivo no contaba con un plan B. Ahora, si quieren cumplir la meta de reducción presupuestaria y no tener problemas con la Troika, tendrán que encontrar esas alternativas. De momento, Passos Coelho ha convocado un consejo extraordinario de ministros para este sábado para analizar las repercusiones de la decisión de los jueces. En su comparecencia ante los medios, el presidente del TC argumentó esta decisión diciendo que han detectado un «vicio de anticonstitucionalidad» por parte del ejecutivo, que ha recurrido, de forma sistemática a medidas que violan la Constitución portuguesa. «Las normas, las leyes y también los presupuestos se tienen que adecuar a la Constitución, y no viceversa», afirmó el juez. El año pasado, el TC ya consideró ilegal la supresión de las pagas extraordinarias de vacaciones y Navidad a los funcionarios públicos. Sin embargo, los jueces optaron por dar el año como margen, siempre y cuando, el gobierno no repitiese con medidas similares, como entienden que ha vuelto a hacer. 