El Constitucional de Portugal puede dañar a España

LA SENTENCIA del Tribunal Constitucional (TC) portugués, que ha puesto al país vecino al borde de abismo, ha provocado un conflicto que puede dañar a Europa y, en especial, a España. En primer lugar, porque la controvertida decisión judicial ha generado una nueva crisis financiera en Portugal que puede verse reflejada hoy mismo de forma negativa en los mercados de valores y en las primas de riesgo de los países periféricos de la zona euro, incluido nuestro país. Y en segundo lugar, porque abre un peligroso precedente judicial, dado que nuestro TC también deberá resolver recursos de constitucionalidad sobre asuntos parecidos a los portugueses. Los jueces lusos han declarado ilegales cuatro disposiciones que formaban parte del presupuesto de austeridad para este año, tal y como le exige la Troika tras el rescate de 2011. En concreto, acogiéndose al principio de igualdad, han considerado inconstitucionales el recorte de las pagas extras a funcionarios y pensionistas así como la reducción del subsidio de desempleo y de enfermedad. Eso va a generar un agujero de 1.300 millones de euros en las cuentas del Estado. El primer ministro conservador, Passos Coelho, anunció ayer recortes de gastos en educación y sanidad como alternativa de emergencia para conseguir esa suma, imprescindible para que le cuadren los números. Los riesgos son enormes: el fantasma de un segundo rescate se cierne más que nunca. Además, esta situación se produce antes de una reunión del Ecofin que iba a aceptar que se aplazaran los vencimientos de los pagos del préstamo de 78.000 millones de euros solicitado por Lisboa. Todo eso puede quedar en suspenso. Lo paradójico es que en julio del año pasado los magistrados del Constitucional ya habían declarado inconstitucional la supresión de las pagas extras en el presupuesto de 2012, pero especificaban que la sentencia se debía aplicar a partir de 2013 para no poner en riesgo el objetivo de déficit. Con esa premisa el propio presidente de la República presentó un recurso de inconstitucionalidad, apoyado por varios partidos, principalmente el socialista, cuyo líder de entonces, José Sócrates, era precisamente el jefe del Gobierno que pidió ayuda a Europa. Ese es el dramático escenario que ha dejado un Tribunal Constitucional que no se ajusta a sus prerrogativas. Un TC tiene la misión de evaluar la legislación positiva que rige en su país (Derecho Administrativo, Penal, Civil) de acuerdo a unos valores y principios recogidos en una Carta Magna. Pero una cosa son las leyes y otra completamente distinta unas disposiciones presupuestarias. Sería un completo disparate que un TC tuviera capacidad normativa sobre eso. El Alto Tribunal no es una especie de supergobierno que está por encima del poder ejecutivo. No puede impedir la aplicación de medidas concretas de austeridad basadas en acuerdos firmados con instituciones internacionales. Sólo esperamos que los jueces de nuestro Constitucional no incurran en el desvarío que ha ocurrido al otro lado de la frontera ibérica.