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La aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería es una mala noticia tanto para los trabajadores inmigrantes como para el conjunto de la clase obrera y el pueblo trabajador español. En época de crisis siempre las clases dominantes cargan el peso contra los sectores más débiles de los trabajadores, hoy son los inmigrantes el chivo expiatorio del gobierno socialista. Unas 1.200.000 personas residen en España sin papeles serán afectadas directamente por la reforma. Esta es la cuarta reforma de la ley de Extranjería en ocho años. Gracias al apoyo CiU y CC, el PSOE ha consumado la reforma más restrictiva y reaccionaria de la historia de nuestro país. Aunque la oposición de los demás grupos parlamentarios deja mucho que desear.
Los rincipales cambios en la ley de Extranjería son: – Se amplía en tiempo de retención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días. Inmigrantes, ONG s y hasta el defensor del pueblo han denunciado la situación d ellos inmigrantes que son tratados como delincuentes en esta especie de prisiones insalubres en las que los inmigrantes no tienen ni derecho a atención jurídica. A estos centros no se permite el acceso a abogados ni tampoco a grupos de defensa de los Derechos Humanos.– Deja abierta la posibilidad de que los menores no acompañados puedan ser expulsados.– Se endurecen los requisitos para la reagrupación familiar. Anteriormente la ley exigía un año de residencia legal para solicitar la reagrupación, con la nueva ley se exigen cinco años de residencia.Además sólo se permite trasladar su residencia al país sólo a los cónyuges, a los hijos menores de edad y a los ascendientes (padres, abuelos…) mayores de 65 años. La reagrupación familiar ha sido un mecanismo de integración y cohesión social que ahora pretende cercenarse. – Se dificulta el acceso al empadronamiento, permitiendo sólo la inclusión en el Padrón a quienes tengan autorización de o estancia o residencia legal en España. Esto conduce directamente a la exclusión de muchos inmigrantes a la atención sanitaria, la educación o poder certificar el tiempo de estancia en España, condición indispensable para obtener el permiso por arraigo.– La reforma añade más condiciones para acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda, concretamente la residencia de larga duración, que se obtiene tras permanecer legalmente al menos cinco años en el país. De esta manera se excluye de las ayudas justamente a quienes más las necesitan.– Se reconoce el acceso a la educación no obligatoria para mayores de 18 años pero este se limita sólo a los residentes en España o a los que sean ciudadanos de otro país de la UE. – También los elementos sancionadores de la Ley se han endurecido. Las sanciones muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 euros y las de 6.000 euros a 10.000 euros. El artículo 53 de la reforma es uno de los más peligrosos, en el que se considera infractor grave con sanción de hasta 10.000 euros a quien acoja o ayude a un inmigrante en situación irregular. Ayudar a un inmigrante se convierte en delito.– La ley deja abierta la posibilidad de que una mujer extranjera en situación irregular, víctima de violencia machista, pueda ser repatriada. De esta manera se crean condiciones para que las mujeres maltratadas inmigrantes sin papeles no denuncien a sus agresores por miedo a ser expulsadas.Por otra parte, en la reforma no se menciona la ampliación del derecho al voto y la participación política de los nuevos ciudadanos españoles, una reivindicación fundamental para la plena integración de los inmigrantes en nuestro país. El gobierno presenta como una modificación positiva el hecho de que con la reforma las comunidades autónomas y ayuntamientos también tendrán competencias en materia de inmigración. Pero ¿por qué esto es positivo? Aumenta la ya impresionante burocracia y permitirá que comunidades como la de Valencia impongan condiciones como el “certificado de ciudadanía” o la de Cataluña “certificados de bilingüismo” para obtener la residencia. Trabas, medidas y normas reaccionarias de todo tipo que las Comunidades Autónomas podrán introducir. Nadie puede negar que la reforma está en coherencia con la política de inmigración del gobierno socialista: cupos policiales para la detención de inmigrantes, multiplicación de detenciones en los Centros de Internamiento carcelarios, cada vez mayores trabas y dificultades para obtener el permiso de trabajo, entre otras. Toda España contra la reforma Más de 70 asociaciones de inmigrantes se han manifestado recientemente en 10 ciudades españolas -Madrid, Bilbao, Barcelona, Terrasa (Barcelona), Guadalajara, Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Murcia y Málaga- exigiendo la paralización del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Existe una fuerte unanimidad entre todas las asociaciones de inmigrantes y organizaciones en defensa de los Derechos Humanos que la reforma vulnera gravemente los derechos de los inmigrantes sin papeles que viven y trabajan en nuestro país.Por ejemplo, en Madrid la manifestación se desarrolló bajo el lema “Paremos la reforma de la ley de extranjería. Tenemos derecho a tener derechos” que recorrió desde Atocha hasta la plaza de Tirso de Molina. Los manifestantes, que coreaban lemas como "ningún ser humano es ilegal", "todos somos inmigrantes" o "igualdad y dignidad para todos".Organizaciones como el Centro de Estudio y Defensa de los Derechos Humanos han manifestado ,que la reforma consolida una visión “eminentemente policial” de la gestión de las migraciones, al tiempo que la reforma “precariza aún más” las condiciones de vida de los inmigrantes con o sin papeles. Por su parte la presidenta de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (CONADEE), Aida Quinatoa, denunció que el Gobierno con esta propuesta “crea una cortina de humo sobre los verdaderos problemas del país”. Esta puede ser una buena oportunidad para reactivar las organizaciones de inmigrantes y unirnos españoles y extranjeros en la batalla contra la crisis.