Dos clases de medidas en la reforma de las pensiones

Las pensiones deben ser públicas. Deben ser públicas constitucionalmente como un derecho fundamental. Y blindadas para que ni pierdan poder adquisitivo, ni se privaticen.

El conflicto de fondo de la reforma de las pensiones exigida por Bruselas está en si las medidas que se proponen contribuyen a estabilizarlas y consolidarlas o, por el contrario, a crear dificultades y degradar al Sistema Público de Pensiones.

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Este es el marco que determina el carácter de las medidas ya aprobadas y las que se debaten  o están por presentar en la mesa del diálogo social o para su aprobación en el Congreso. Medidas por lo tanto de dos clases: las que son positivas para las pensiones públicas y refuerzan la sostenibilidad del sistema público, aunque tengan aspectos criticables y mejorables; y las negativas, porque lo recortan y abren camino a la privatización.

Entre las primeras medidas que contribuyen a dar estabilidad a las pensiones públicas y garantizar su financiación se incluye un paquete que supone la derogación de la reforma aprobada por el gobierno de Rajoy en 2013, la mayoría de ellas acordadas en la mesa del diálogo social con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.

Este paquete ya se tramita en el Congreso y estas son, entre otras, sus principales medidas:

1ª La revalorización de las pensiones con el IPC.

Se incrementarán cada año según la revalorización media del año anterior. No se rebajarían en el caso de que el IPC fuera negativo.

2ª Separación de fuentes de la Seguridad Social para garantizar la financiación de las pensiones públicas.

Una transferencia anual desde los Presupuestos Generales del Estado, alrededor del 2% del PIB, unos 21.000 millones, para hacer frente a los “gastos impropios” incluidos en la SS.

3ª Nueva jubilación anticipada.

Luces y sombras. Busca como objetivo acercar la edad de jubilación real a la edad legal. E introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria.

Entre los aspectos positivos se pueden señalar, la “mejora de los coeficientes reductores” para quienes se jubilen anticipadamente con 13, 16 y 19 meses de antelación a la edad de jubilación, especialmente para los trabajadores con menos de 38,6 años cotizados, cuya penalización se reduce del 10% actual al 5,87%, con 13 meses; del 12% al 7,33% para los de 16 meses; y del 14% al 9,78 para los que se jubilen con 19 meses de antelación. Asimismo mejora la protección de los jubilados involuntarios, los que hayan dejado de trabajar como consecuencia de despido y estén inscritos como demandantes de empleo y acrediten 33 años de cotización. Podrán jubilarse con 4 años de anticipación.

El mecanismo de equidad intergeneracional reactivará la “hucha de las pensiones” para acumular hasta 50.000 millones en 10 años

Sin embargo, la reforma de la jubilación anticipada también se propone aumentar la penalización a quienes se jubilen dos años antes, aumentando las penalizaciones máximas del 16% actual hasta el 21% con menos de 38 años y medio cotizados.

4ª Reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Vuelve la “hucha de las pensiones”.

Gobierno y sindicatos han acordado el nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI) que sustituirá al “factor de sostenibilidad” incluido en la reforma de 2013, que suponía un recorte de las pensiones vinculando su cuantía a la esperanza de vida.

El nuevo mecanismo volverá a reactivar la “hucha de las pensiones” subiendo un 0,6% las cotizaciones sociales. Un 0,5% a cargo de la empresa y un 0,1% el trabajador. Con esta subida, el ministerio de la Seguridad Social que dirige Escrivá calcula que el Fondo de Reserva podría acumular hasta 50.000 millones de euros en 2032.

Este MEI actuaría como un “colchón de seguridad” para la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones y afrontar a partir de 2033 posibles desvíos de la senda de gasto en pensiones al hacer frente a las pensiones del “baby boom”. De no ser así se deberá plantear en el Pacto de Toledo la posible utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

La patronal CEOE se ha descolgado en desacuerdo porque la mayor carga recaiga sobre las empresas.

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Dos cargas negativas

En el horizonte de la reforma aparecen todavía dos cargas muy negativas que afectan directamente a dos cuestiones fundamentales que vienen planteadas en el componente 30 del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas para recibir el dinero de las ayudas europeas y que pueden suponer un recorte para las pensiones futuras y un camino a la privatización. Son las que hacen referencia a los planes de pensiones de empresa y al periodo para calcular la cuantía de la pensión.

Primera.  Los planes de pensiones de empleo. Una puerta a la privatización.

El gobierno acaba de aprobar y presentar a la mesa de diálogo social el anteproyecto de ley para activar los planes de pensiones de empleo. El objetivo es promover a través de la negociación de los convenios colectivos la integración de los trabajadores en planes de pensiones privados de empresa, como un “sistema complementario” de las pensiones públicas.

Planes de pensiones de empresa, el riesgo principal es que abren una gran puerta para la privatización parcial del Sistema Público de Pensiones

Se financian aportando al plan una parte del salario de los trabajadores -en Reino Unido es el 7%-, descontándolo de forma automática de la nómina, como sucede con las cotizaciones a la Seguridad Social.

En España estos planes llevan años estancados en el 10% por varios factores: el peso de las pymes y los autónomos en el empleo, y especialmente los bajos salarios y la alta temporalidad.

Ahora con la imposición cuasi obligatoria a través de la negociación colectiva, la inclusión de los autónomos y de los funcionarios, se pretende llegar en diez años al 48% de trabajadores encuadrados en uno de estos planes.

Son planes impulsados por el Estado pero con gestión privada. El mismo ministro Escrivá reconocía que las comisiones de gestión erosionan a largo plazo el rendimiento del dinero depositado en los planes.

En enero tienen que aprobarse en el Congreso y activarse definitivamente en junio para recibir 6.000 millones de Europa. El riesgo principal es que este plan abre una gran puerta para la privatización parcial del Sistema Público de Pensiones.

Segunda. La ampliación del periodo para calcular la cuantía.

A finales de 2022 Bruselas exige que entre en vigor la otra medida comprometida en el Plan de Recuperación: “el ajuste del periodo de cómputo alargándolo para el cálculo de la pensión”.

Aunque el texto del Plan no especifica en cuántos años se tiene que ampliar, todas las miradas están puestas en pasar de los 25 años cotizados actuales a los 35 años de los que hablaba el documento filtrado desde el ministerio de la Seguridad Social hace un año. Una medida que supondría recortar las pensiones futuras más de un 8,5%.

Después de cerrada la primera parte de la reforma, con medidas que en su conjunto contribuyen a consolidar la sostenibilidad de las pensiones públicas y su poder adquisitivo, las dos medidas claves que se aprobarán en el próximo año representan -si no se cambian- una amenaza de recorte y privatización.

El blindaje constitucional que promueve la MERP es un escudo frente a medidas de este tipo.